ESCRIBO estas líneas ante la requisitoria de un sinnúmero de periodistas, que con todo rigor profesional solicitaron mi opinión ante la reciente decisión del órgano judicial máximo del Estado argentino. La democracia está definitivamente consolidada en la Argentina. Como lo mencioné hace algún tiempo en una carta que envié a los jefes de los bloques parlamentarios de la Unión Cívica Radical, estoy convencido de que en su momento las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron válidas e indispensables como herramientas de protección de los derechos humanos para el futuro. Es fundamental comprender en este momento que la Justicia no puede significar la venganza de la sociedad. La necesidad imperiosa que teníamos durante mi gobierno, y que se transformó en un verdadero dilema, era el fortalecimiento de la democracia y saber en qué nivel se debilitaba, con la sanción de estas leyes, el proceso que tanto sacrificio le había costado a los argentinos. La pregunta es: ¿se fortaleció la democracia con la sanción de estas leyes? Y la única respuesta es sí, porque a 20 años de sancionadas se pueden derogar, declarar nulas o inconstitucionales, como lo ha decidido finalmente el Máximo Tribunal, en el marco de una democracia decididamente afirmada. Sin embargo, a pesar de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y de la posibilidad de continuar con los juicios a los violadores de derechos humanos durante la última dictadura militar, la cuestión sufre aún de una evidente renquera, debido a que permanecen incólumes los indultos aplicados por el presidente Carlos Menem. El problema se transforma en un evidente sentido de injusticia ya que ahora sí se puede juzgar a aquellos individuos beneficiados por las leyes, pero no se puede perseguir penalmente a quienes, juzgados y condenados, fueron beneficiados por un indulto presidencial, entre quienes se contaban los máximos responsables de la represión. Quiero insistir, además, en una postura que ya he ratificado con anterioridad: como máximo responsable en la sanción y promulgación de ambas leyes no me siento desautorizado ni agraviado. Además, como lo señalé en la carta enviada al Congreso, en aquellos años se actuó de una manera que no reconoce antecedentes históricos, en la búsqueda de penalizar las violaciones anteriores. Todas las naciones modernas europeas se han construido a partir de amnistías tan amplias que comprendieron, en su momento, a nazis, fascistas, franquistas, colaboracionistas, y a represores de Argelia, del Congo, de Indonesia, de Angola y de Mozambique. Reparen ustedes en todas las leyes de amnistía que se han dictado en Europa del Este luego de la caída del muro de Berlín. De ex profeso dejé para el final de la lista al Reino Unido, al que podríamos recordarle su pasado colonial en la India, en China, en Medio Oriente, en Zambia y, más actualmente, en Irlanda. Este artículo se publicó ayer en varios diarios argentinos; las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida fueron dictadas bajo la presidencia de Raúl Alfonsín. Información en la página 32.