CLEOPATRA es una mujer de 78 años con un deterioro cognitivo de más de cuatro años de evolución. Un día es encontrada en el suelo por el hijo con el que convive; como no responde a estímulos, se solicita al 061 una ambulancia, que llega rápidamente. En el servicio de urgencias del hospital pasan más de 10 horas (¡casi nada!) hasta que la familia obtiene un diagnóstico: posible accidente cerebrovascular. Es derivada a un hospital concertado. Está ingresada 17 días, durante los cuales es evaluada por neurología y psiquiatría. Esta última exploración tuvo que ser pagada por la familia: ¿Por qué se deriva un paciente con estos antecedentes a un centro que no tiene concertada psiquiatría? El diagnóstico al que se llega dice que Cleopatra sufre el síndrome de Cotard. Se le receta un antipsicótico atípico. Responde excelentemente al tratamiento. El problema viene cuando, una vez dada de alta, su hijo va al médico de cabecera a por las recetas para seguir con el tratamiento. Tiene que ir a homologar la receta. En el servicio de farmacia correspondiente le dicen que no se la homologan porque no está indicada para esta enfermedad en pacientes mayores de 75 años. ¿Dónde queda la libertad de prescripción de los médicos? ¿Cómo le pueden decir a alguien que el tratamiento instaurado en un hospital por profesionales cualificados no está indicado, máxime cuando se observa una notable mejoría en la evolución del enfermo? El hijo exige que la negativa se le entregue por escrito y motivada. Ante ello, el funcionario de turno encuentra una posible solución: dárselo como fármaco compasivo. Esto supone firmar un consentimiento informado asumiendo los posibles riesgos que puedan seguirse del tratamiento y una solicitud a Madrid para que autorice su uso en este paciente concreto «por compasión». Ya la sola terminología repugna. Aparecen nuevos inconvenientes: en el hospital público dicen que no firman, que no es paciente de allí... Después de muchas idas y venidas, parece que el asunto se encauza, pero han pasado tres semanas desde el alta y la paciente de momento toma su tratamiento porque su hijo lo ha pagado en la farmacia del barrio, 138 euros la caja de pastillas para un mes. ¿Cómo es que consigue el medicamento en la farmacia sin ningún problema, eso sí, pagándolo de su bolsillo? Por cierto, ¿quién le abona a este señor las horas que ha dejado de trabajar por solucionar el problema de su madre?