EL PRESIDENTE del Gobierno acaba de anunciar su voluntad de elaborar un nuevo Plan Energético Nacional. Este asunto normalmente suele considerarse demasiado técnico y oscuro. Pero tiene una gran importancia para España y puede resultar tan decisivo como el célebre Plan Galicia para el futuro de nuestra comunidad. Un plan energético puede ser el resultado poco transparente de la combinación de intereses de diferentes grupos de presión a veces ni siquiera bien identificados con las propias empresas energéticas sino con las financieras que las controlan. Pero también de un modo u otro resulta un instrumento fundamental de política económica, financiera, tecnológica, industrial, agraria, territorial y medioambiental del que Galicia no puede quedar al margen. Y es precisamente en la correcta identificación de prioridades donde más suelen fallar esos planes y donde la sociedad y sus diferentes instituciones deberían opinar para tratar de influir en el resultado, de modo que se puedan conocer y afrontar las amenazas así como explotar las oportunidades. Normalmente no se suele reconocer la importancia que ha tenido en la historia de la humanidad dotarse de buenos convertidores energéticos. Nuestra civilización no puede mantenerse sin un gigantesco presupuesto energético basado, además, en el consumo de recursos no renovables. Comúnmente no se valoran en toda su dimensión los efectos que la falta o no de trasparencia en la toma de decisiones pueden acarrear para los intereses generales de la sociedad. Si tantas veces en la definición de un nuevo PEN se ha abusado de la simple extrapolación de tendencias, es decir se ha agrandado el presupuesto, ceteris paribus , es preciso hacer frente a nuevos aspectos no contemplados en otras ocasiones. Es preciso considerar los problemas de la oferta: fuentes, localización, promotores, eficiencia energética de los convertidores y eficacia del sistema en su conjunto (que no es lo mismo si no se busca la adecuación entre las energías primarias y finales), efectos sobre el empleo y el medio ambiente local, etcétera. Al comienzo de la era socialista, con Felipe González al frente, la revisión del PEN partía de una realidad española muy diferente: no existían apenas energías renovables salvo la hidráulica. La presencia del gas natural era testimonial. El subsector petróleo estaba bajo el paraguas protector del Monopolio de Petróleos y de su instrumento, la Campsa, que remuneraba administrativamente tanto el exceso de capacidad de refino como otras deficiencias. El subsector eléctrico de predominio privado se encontraba en una situación financiera muy mala, a causa de un desmesurado programa de inversión en plantas termonucleares que se había convertido en un cementerio de capitales. Pronto, el asunto polémico de la moratoria nuclear se convertiría en el pretexto de una batalla por la hegemonía dentro del PSOE entre los biutifulleros de Boada, apoyados por Boyer y Solchaga, y los guerristas. Pero el sector público era muy importante en algunos de los subsectores energéticos como el del petróleo. La Campsa, el gran invento de una personalidad genial como fuera don José Calvo Sotelo, era la joya del patrimonio energético y había logrado una extraordinaria capacidad y eficacia logísticas manteniendo además de la red de oleoductos una flota nacional de petroleros que aún es añorada por muchos marinos gallegos en estos tiempos de piratas y banderas de conveniencia. Pero, contra lo que cabría esperar de su nombre, el partido socialista desmanteló el sector público medio regalando el patrimonio del Estado en una privatización que se asemejaba a los abusos de la desamortización de Mendizábal. A la privatización del sector petrolero público se uniría más tarde la del gas natural con la venta en parecidas condiciones de Enagás cuando la minoría parlamentaria de González le llevó a pactar con los nacionalistas catalanes. Y Galicia se quedó sin planta de regasificación pública. Ahora, en el 2005, un nuevo PEN tendrá que hacer frente a nuevos desafíos pero con peores instrumentos por la ausencia de un sector público potente y eficaz como el de entonces. Así, por ejemplo, el tratado de Kioto con sus limitaciones a las emisiones de anhídrido carbónico plantea una amenaza para el crecimiento. La cogeneración constituye un instrumento excelente de ahorro de energía primaria siempre que no se desnaturalice utilizando sus estatutos para desarrollar un parque de térmicas encubiertas so pretexto de una actividad industrial más o menos fingida. Las energías alternativas pueden representar oportunidades estratégicas en comunidades como la gallega en que existen recursos eólicos favorables y deberían tenerse en cuenta en procesos de reconversión industrial para evitar deslocalizaciones. Pero otra diferencia importante respecto al anterior plan socialista es el proceso de centrifugación que ha sufrido España desde entonces. Pueden agravarse los problemas de la territorialización asimétrica maragalliana. La dimensión y localización de inversiones convenientes o perjudiciales debe ser abordada por las diferentes instituciones gallegas desde ese análisis de proyectos multivariante. Y es que, si la vez anterior ha pasado lo que ha pasado, conviene establecer un programa estratégico que permita detectar tanto amenazas como oportunidades de negocio. La cosa no va a ser neutra, de modo que cuidado con las diferentes estrategias que puedan introducir los distintos agentes. La prueba del domicilio social de cada entidad no engaña. Y la actual estabilidad del Gobierno socialista está a merced del gran capital catalán y su representante en el Gobierno, Montilla, es ministro de Industria.