SI LA DEMOCRACIA reside, finalmente, en el control del poder político, económico, mediático, cultural, a través de las instituciones, los partidos políticos y las organizaciones sociales, hemos de convenir que nuestra democracia sufre graves alteraciones, patologías evidentes que obligan a realizar urgentes llamadas de atención si no queremos que camine hacia una crisis de senilidad. La democracia no es un fin en sí misma, es un conjunto de instrumentos vigorosos, potentes, que deben impedir la tentación de los fuertes para hacerla irrelevante. Hace pocos meses algunos llamábamos la atención sobre el problema de la calidad de la democracia en España, sobre su debilidad y sobre el deterioro del sistema parlamentario. A pesar de las apelaciones realizadas, el éxito alcanzado ha sido tan indescriptible que hemos conseguido estar en unas condiciones políticas más lacerantes que en la primavera. José María Aznar nos ha hecho saber a los españolitos que está feliz. Todo lo suyo, lo del Partido Popular, va muy bien y deja a España en unas condiciones desconocidas. Sí, estoy de acuerdo con él. Pero desde otro punto de vista. Por ejemplo, nuestro Parlamento está bajo el control de su Gobierno. La cuestión no reside en contabilizar las ocasiones en las que el presidente del Gobierno responde a alguna pregunta de la oposición los miércoles. La cuestión es que durante meses, con graves acontecimientos nacionales e internacionales, nuestro Congreso de los Diputados ha sido neutralizado desde La Moncloa para no molestar al Ejecutivo. Comisiones de investigación, debates monográficos sobre Defensa o política exterior, el accidente sufrido por nuestros militares en Turquía, la cuestión del Prestige ... La división estricta de poderes agoniza. Parecería que volvemos al principio de «unidad de poder y división de funciones», tan lejano de nuestra Constitución. La purga política en la cúpula del ministerio fiscal es inaceptable. La ocupación del Consejo General del Poder Judicial por una mayoría afecta al PP y su utilización política para aceptar un recurso del fiscal general contra la sala de Discordia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es anticonstitucional; no es de su competencia. Es legítimo que muchos observadores crean que el Gobierno constituyó la sala que le convenía. ¿Y qué decir de Televisión Española? ¿Y de Telecinco y Antena 3? La primera ha sido condenada por la Audiencia Nacional por violentar derechos fundamentales, por desinformar y manipular la información relativa a la huelga general del 20-J. Las otras dos han ofrecido unos debates rosas sobre la crisis de Marbella que sólo pueden causar vergüenza y no alcanzo a comprender la actitud de los responsables de las cadenas citadas.