Los «chicos de la gasolina», como los llama Arzallus, tienen padre. Padre político. Se lo ha reconocido el juez Baltasar Garzón al embargar bienes de Batasuna para cubrir los daños que han causado en sus juergas nocturnas, conocidas como kale borroka . La resolución está llena de lógica: si esos chicos están integrados en Segi, y Segi es la organización juvenil de Batasuna, es natural que Batasuna pague con sus bienes la ronda de desperfectos. Al menos, desde el momento en que Segi ha sido fundada, hace ahora algo más de un año. En el plazo de 48 horas, Garzón ha dado dos golpes: mandó a juicio a 68 dirigentes de organizaciones abertzales, acusados de colaborar con ETA o de pertenecer a la banda, y encontró a los responsables últimos de la epidemia de la lucha callejera. En ambos casos, el resultado es el mismo: se actúa sobre la llamada trama civil del terrorismo. Y en ambos casos se pone el punto de mira judicial en una organización que, de forma increíble, todavía disfruta de los beneficios de la legalidad. ¿De quién es «la mano que mece la cuna»? De Batasuna. También aquí todos los caminos conducen a Roma. Todas las vías de investigación estudiadas durante cuatro años por este magistrado conducen a ese grupo que aterroriza a concejales, ofrece ideología a los asesinos, celebra los atentados, y sus militantes son los únicos que no temen por su vida. Nadie se puede sorprender de las conclusiones de Garzón. Todos tenemos la convicción moral de que es así. Lo único que sorprende es lo que está pasando: Batasuna debe pagar la kale borroka , pero sigue cobrando subvenciones del Estado. ¿Es esto coherente? Batasuna tiene dirigentes implicados en la lucha armada, pero sigue sentada como tal en el Parlamento. ¿Es esto entendible? No, no lo es. Y lo malo es que a todo lo denunciado por el juez Baltasar Garzón no se le puede aplicar la Ley de Partidos, por los famosos efectos retroactivos. Pero digo yo que se le podrá aplicar la vía del Código Penal. Ahora ya tenemos pruebas. ¿No era eso lo que faltaba?