MARÍA XOSÉ PORTEIRO
16 feb 2002 . Actualizado a las 06:00 h.Ahora que Galicia alberga sendas cumbres de ministros europeos en materia de seguridad e igualdad, procede recordar la celebrada en Burgos en enero, donde los quince ministros de Trabajo de la UE se comprometieron a seguir una estrategia europea común que compromete al pleno empleo como «un objetivo irrenunciable» para el 2010, con la creación de 14,5 millones de puestos de trabajo. El ministro español -y burgalés- Juan Carlos Aparicio anunció ya reformas estructurales aplicando el sistema de liberalizaciones. Otras reformas anunciadas fueron las del sistema de pensiones que la comisaria europea Anna Diamantopoulou -que estará en Santiago el lunes y martes próximos- dejaba en función del criterio de cada país. Sin creación de empleo no podrá cumplirse el pronóstico del reciente informe de la UE sobre cohesión social que prevé que Galicia habrá alcanzado en 2006 la media comunitaria de riqueza, tres puntos menos que la actual debido a la incorporación de los estándares de los países aspirantes a formar parte de la Unión. Cuando faltan cuatro años escasos para el 2006, somos todavía la tercera comunidad más pobre de España, con un PIB situado en el 65% de esa media. Cuatro años, precisamente, son los que tiene por delante la nueva Xunta, que anuncia para este ejercicio un presupuesto que primará la política social y de empleo. Si bien la adopción de medidas liberalizadoras o los cambios en materia de pensiones son competencia del Gobierno central y algunos gestos preocupantes se han visto ya en este sentido -remember Trocóniz-, habrá que seguir atentamente los debates parlamentarios y las explicaciones sobre cómo, dónde y con qué objetivos se definen los impulsos políticos que empujen hacia el auténtico desarrollo económico que Galicia necesita para desembarazarse del farolillo rojo. Y será una buena ocasión para conocer y valorar las medidas consensuables o alternativas que presente la oposición.