JUAN CAAMAÑO CEBREIRO
30 sep 2000 . Actualizado a las 07:00 h.El encarecimiento del petróleo ilumina una nueva cara de un sector al que sólo se miraba con ojos de ecologista: la generación de electricidad a partir de la fuerza del viento. Muchos están percatándose ahora de que la energía eólica, además de limpia, también es inagotable y nacional. Está aquí y no en el Golfo Pérsico. El presidente Fraga tuvo esta percepción hace casi diez años, cuando, frente al caduco discurso de los ecologistas de los 70, que abogaban por no intervenir en el medio para conservarlo, optó por la moderna gestión de los recursos naturales para, precisamente, conservarlos mejor. O sea, el desarrollo sostenible. Un gran ahorro La Xunta de Galicia comprendió antes que ninguna otra Administración española que también el viento es oro. Estudió nuestro potencial, fijó las normas de funcionamiento y animó a la iniciativa privada a intervenir. El resultado es que hoy ahorramos miles de toneladas de petróleo, evitamos en parte el impacto ambiental de los combustibles fósiles y damos valor añadido a montes hasta hace poco improductivos. Pero conviene descender de los grandes principios a la realidad inmediata del lector. Ahora hay dos mil gallegos que viven directamente del viento, sea en la explotación de los parques, sea en la fabricación de componentes, que ya exportamos al resto de España y al extranjero. Dos mil empleados que igualan en número a los tripulantes de la flota pesquera de A Mariña lucense. Donde antes sólo había viento, ahora hay esa riqueza. Para llegar ahí hemos contado con el apoyo inestimable de unas empresas que invirtieron miles de millones de pesetas en un sector que, cuando comenzamos a desbrozarlo, presentaba muchos riesgos. Hemos tenido también la comprensión de los ayuntamientos, la ayuda de las comunidades vecinales e incluso el aliento de organizaciones como Greenpeace. Mantener el liderazgo El haber sido pioneros en el desarrollo eólico nos obliga a mantener la tensión del liderazgo. Por eso el Gobierno gallego ultima un decreto que mejore aquellos aspectos que la ciudadanía, el empresariado y nuestros técnicos consideran optimizables. Es una medida obligada en un sector inicialmente quijotesco que ha madurado ya.