Robots, ¿oportunidad o amenaza para el empleo?

Un 12% de los trabajos en España corren el riesgo de ser ocupados por las máquinas, según un informe de la OCDE

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Colpisa

No se trata de una preocupación nueva. Desde tiempos inmemoriales -más si cabe desde la primera Revolución Industrial, a mediados del siglo XVIII- existe el temor de que las máquinas sustituyan a las personas y les roben sus puestos de trabajo. Pero ahora, en estos tiempos en que la computarización, la digitalización y la robotización avanzan a un ritmo imparable, se percibe si cabe como una amenaza mucho más real. Y es que si películas como Terminator o series como El coche fantástico parecían de ciencia ficción, en la actualidad son ya una realidad. Esta misma semana se ha sabido que Rusia ha creado un robot que dispara con una precisión milimétrica y, mientras tanto, los coches autónomos crecen como la espuma. Asimismo, Amazon ya ha abierto en Seattle la primera tienda física donde no hay cajas para cobrar -allí uno entra, elige los artículos y se va- y Just Eat ya entrega pedidos en algunos países mediante robots que van solos por la calle. ¿Supondrá esto el fin de profesiones tales como militares, taxistas, cajeros o repartidores? Que esta preocupación va a más se pone de manifiesto en que ya hay diferentes estudios que tratan de medir cuál puede ser el impacto de la robotización en el mercado laboral. Uno de los más famosos ha sido elaborado por la Universidad de Oxford. En él los profesores Frey y Osborne concluyen que el 47 % de los 400 millones de empleos que hay en Estados Unidos tienen alto riesgo de desaparecer. Es decir, prácticamente la mitad de los trabajos pasarán a ser realizados por máquinas, un porcentaje que elevan hasta el 56 % de media en las economías desarrolladas del selecto club de la OCDE e incluso alcanza un 77 % en China y un 85 %... en Etiopía.

2,2 millones de puestos en juego

La propia OCDE publicó hace unos meses su propio informe en el que estima que, de media, un 9 % de los empleos son automatizables, aunque establece diferencias entre sus 21 países miembros. De esta forma, mientras que en Corea o Estonia ese tipo de riesgo desciende hasta el 6 %, en Austria, Alemania o España se duplica hasta un máximo del 12 %. Esto significa que en nuestro país más de una de cada 10 profesiones corren peligro de desaparecer a causa de ello. O, por decirlo de otra manera, 2,2 millones de empleos se destruirían, teniendo en cuenta que actualmente hay 18,5 millones de ocupados. Y eso que éste es el análisis más optimista. CaixaBank Research, apoyándose en el estudio de Oxford, incrementa ese riesgo en España hasta el 29 %.

Por otro lado, la OCDE afirma que el 50 % de los trabajadores con estudios inferiores a la Educación Secundaria están en riesgo de perder su empleo por la automatización. Por tanto, en España hay 5,11 millones de trabajadores bajo el peligro de esa espada de Damocles.

Y del más pesimista al más optimista. Randstad Research no solo considera que la digitalización no va a destruir empleos en términos netos, sino que va a contribuir a crear más de 1,2 millones de nuevos trabajos en cinco años. Eso sí, relacionados con las nuevas tecnologías y, por tanto, de alto nivel académico.

UGT, por su parte, basándose en los estudios de la OCDE y también de Randstad, cree que al menos desaparecerán un millón de empleos. Por eso, ante un escenario en el que todavía hay 4,2 millones de parados y en el que el déficit de la Seguridad Social toca máximos jamás vistos, la pregunta es: ¿cómo enfrentarnos a este fenómeno para que no afecte al llamado estado de bienestar? Desde UGT alertan de que, «si no se pone remedio con antelación, la maquinización del trabajo emanada de la Cuarta Revolución Industria aumentará hasta límites desconocidos hasta la fecha». Su secretario general, Pepe Alvarez, abrió un debate proponiendo, en el marco del Pacto de Toledo, estudiar imponer un gravamen a aquellas empresas que sustituyan trabajadores por máquinas; dicho claramente, un impuesto a los robots. Su secretario de Política Sindical, Gonzalo Pino, considera que «la robotizacion ha de permitir que esos altos niveles de productividad que alcanzarán las empresas se transformen también en altas cotizaciones» y, por tanto, son esas compañías las más han de aportar para solucionar el problema y mantener el paro estructural en una tasa digna. Tasa especial sí... o no CC OO se opone en cambio a esta iniciativa. Su secretario de Acción Sindical, Ramón Górriz, sostiene que las medidas han de encaminarse a crear un nuevo modelo productivo, un plan de inversiones y una política fiscal justa y equilibrada. «La solución al problema no pasa por medidas que frenen el desarrollo tecnológico», puntualiza. En esta misma línea se manifiesta la patronal. «La innovación tecnológica genera puestos de trabajo, seguridad, eficiencia energética, más salud y respeto medioambiental; en suma, progreso y bienestar. ¿Hay algo más reaccionario que oponerse a eso?», reflexiona el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, quien se lamenta de que «oponerse y querer castigar la innovación y el progreso con impuestos y cargas tampoco es nuevo».

De igual manera, Alicia Coronil, directora de Economía del Círculo de Empresarios, piensa que «es muy precipitado poner impuestos a robots porque puede ser un déficit para la innovación o provocar que las empresas se vayan a otros países que no los tengan». Su receta pasa por reformular el sistema de las cotizaciones -a fin de que las empresas paguen menos y puedan crear más empleos- y reformar el sistema educativo. «El reto es saber qué tipo de empleo va a aparecer y preparar a la gente precisamente para ese tipo de trabajos», afirma.

Mejorar la preparación Así lo cree también Carlos J. Sánchez, profesor del IESE, quien considera que el reto es «mejorar la preparación tanto de las personas como de las organizaciones». A su vez, estima que «las eficiencias que se ganan con la robotización tienen que poder compensar a esa primera oleada de trabajadores que se vean perjudicados». Sin embargo, considera que las empresas, si obtienen más beneficios, pagarán también más impuestos, por lo que aboga por que sea el Gobierno quien se ocupe de esto, tal vez con nuevas tasas o rediseñando ingresos y gastos.

Por su parte, Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación de Esade, propone como primera medida conseguir que las compañías tecnológicas paguen los impuestos que les corresponden -y que sí pagan ya, puntualiza, pymes y empresas de otros sectores- porque -denuncia- «se están aprovechando de las incoherencias del sistema fiscal a nivel internacional». Como segunda iniciativa, apuesta por imponer un impuesto sobre la aplicación de la tecnología que vaya dirigido a dar apoyo a las personas que se quedan desplazadas del mercado laboral por la digitalización. Y, en tercer lugar, aboga por establecer una renta universal.

También Alberto Rodríguez, portavoz de Podemos en la Comisión de Empleo, defiende la necesidad de una renta universal para garantizar los derechos colectivos, a la vez que reabre otro debate: reducir la jornada laboral. «La tecnología debe servir para tener jornadas más decentes y dignas, poder conciliar con la vida y tener derecho al tiempo libre». A su juicio, «es evidente que la robotización va a afectar al empleo aunque, si lo hacemos bien y esa riqueza que se genere se reparte, puede ser positivamente».

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