El Supremo acota los beneficios fiscales a la empresa familiar

El fallo penaliza las sucesiones y donaciones, que actualmente disfrutan de una reducción del 95 %


Redacción / la voz

La reducción que prevé la Ley del Impuesto de Sucesiones para la empresa familiar parece tener las horas contadas. Esta bonificación alcanza el 95 % de la base imponible en el conjunto del Estado, pero por desarrollo de la normativa autonómica, en Galicia se eleva hasta el 99 %.

Pues bien, una sentencia del Tribunal Supremo, que unifica criterios tras la existencia de fallos contradictorios de distintos Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), establece que la reducción del 95 % que incluye la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a la sucesión en la empresa familiar no debe aplicarse sobre la totalidad del importe de las participaciones heredadas, sino «solo sobre los activos que estén estructuralmente afectos a la actividad empresarial».

Y concluye el fallo advirtiendo además que esta bonificación solo podrá disfrutarse si el contribuyente puede demostrar que los citados activos suponen más del 50 % del total.

Fuentes judiciales consultadas evitaron pronunciarse ayer sobre el alcance que esta sentencia puede tener en el caso de la comunidad gallega.

El desarrollo de la normativa autonómica prevé que cuando en la herencia se transmita una empresa o negocio, o bien participaciones en una sociedad, los herederos pueden tener derecho a una reducción del 99 % de su valor en el impuesto. Los principales requisitos para disfrutar de este incentivo los explica el despacho compostelano Manuel González Abogados. «Es necesario que la empresa se encuentre situada en Galicia y que los adquirentes sean descendientes, ascendientes, cónyuge o colaterales por consanguinidad del fallecido».

Hay más condiciones, entre ellas, «que la empresa, negocio o participaciones estén exentas en el impuesto sobre patrimonio; que los adquirentes mantengan lo adquirido y cumplan los requisitos de la exención en el impuesto sobre el patrimonio durante un plazo de 5 años, así como que la entidad (compañía o negocio) viniera ejerciendo la misma actividad de su objeto social durante los dos años anteriores al fallecimiento», explica Manuel González.

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