El IX informe FOESSA, elaborado por 140 investigadores y basado en la encuesta a más de 12.000 hogares, se publica cada cinco años. A diferencia del indicador europeo AROPE, FOESSA utiliza el Índice Sintético de Exclusión Social (ISES), que mide 35 indicadores en tres dimensiones (económica, participación social y acceso a derechos), captando aspectos invisibles en AROPE como aislamiento, salud mental y precariedad educativa.
El informe muestra una realidad preocupante: más de 4 millones de personas viven en exclusión severa en España, un tercio son menores. Además, 2,5 millones de jóvenes (18-29 años) están atrapados en la precariedad, con empleos temporales y salarios hasta un 30 % menores que los de sus padres, rompiendo la movilidad social. Vivienda y trabajo son los focos del problema. Según FOESSA, tener empleo ya no garantiza inclusión: la precariedad afecta al 47,5 % de la población.
En Galicia, aunque no hay datos exactos sobre pobreza laboral, el aumento de la integración precaria revela que muchos trabajadores siguen en situación de vulnerabilidad, sin estabilidad ni bienestar. Frente al incremento de la exclusión severa en España (del 6,9 al 8,8 %), Galicia ha logrado contenerla, reduciendo su tasa del 6,6 al 6,2%, lo que refleja cierta fortaleza institucional y comunitaria. Sin embargo, la subida de la integración precaria —del 31,1 al 43,8 %— evidencia una debilidad estructural: el empleo ya no garantiza inclusión y la vulnerabilidad latente podría derivar en exclusión futura si no se refuerzan políticas de trabajo, vivienda y protección social.
Esta situación exige una respuesta decidida. A nivel nacional, es necesario reorientar las políticas públicas hacia la justicia social, garantizando el acceso universal a vivienda, salud y educación postobligatoria. En el ámbito autonómico y municipal, Galicia debe fortalecer sus redes comunitarias, promover empleo digno y estable, impulsar vivienda asequible y diseñar estrategias para retener y atraer población joven, especialmente en zonas rurales. Además, cada persona puede contribuir mediante consumo responsable y participación activa para reconstruir una sociedad gallega más equitativa, cohesionada y sostenible.
Se observa un proceso inédito de fragmentación social: la clase media, definida por su capacidad de integración (empleo estable, vivienda, salud y redes), se reduce, empujando a muchas familias hacia estratos inferiores. Los dos pilares tradicionales de inclusión —empleo y vivienda— se han convertido en factores de riesgo. El 45 % de quienes viven de alquiler en España (la cifra más alta de la UE) está en riesgo de exclusión, lo que evidencia la pérdida del «colchón» que ofrecía la clase media y la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Como advierte Piketty, sin políticas redistributivas eficaces, el crecimiento económico amplifica las brechas.
Galicia y España están en una encrucijada: o refuerzan los mecanismos de inclusión o profundizan la fractura social. El informe FOESSA plantea un cambio de paradigma hacia una sociedad que priorice el cuidado, la interdependencia y la sostenibilidad. Esto exige políticas concretas: garantizar la vivienda como derecho, reformar el mercado laboral para erradicar la precariedad, fortalecer la educación postobligatoria como barrera frente a la exclusión, asegurar el acceso universal a la salud y consolidar redes comunitarias y capital social. Sin esto, el riesgo no es solo mantener la desigualdad, sino cronificarla y comprometer la cohesión social futura. Galicia frena la exclusión, pero la precariedad se dispara y FOESSA alerta sobre un riesgo estructural.