La mayoría de hogares franceses están equipados con contadores Linky, para gestionar el consumo de energía y las facturas de electricidad de forma inteligente, pero hay unos dos millones que se resisten a instalarlos. Unos dicen que puede provocar incendios, otros que es peligroso para la salud, otros por simple rebeldía. Hasta ahora han disfrutado de una moratoria, pero a partir del 1 de agosto, el que se niegue a instalar un contador Linky en su domicilio deberá pagar un extra de 6,48 euros al mes, más 4,14 euros bimensuales si no envían la declaración del consumo en un período de un año. Lo ha confirmado el Tribunal Supremo, apoyándose en una directiva europea del 2009 que impone a los Estados miembros instalar un sistema de medición inteligente.