No es un porcentaje: es igualdad de oportunidades
MERCADOS
Pobreza infantil, sanidad, educación, vivienda e igualdad de género son algunas de las cuestiones que, además de preocuparnos, deberían ocuparnos de forma real y siempre con espíritu constructivo. Cualquier medida que afecte a la calidad de vida de la población, mejora a la economía en su conjunto, pero si además la iniciativa beneficia a la mayor parte de los habitantes de un territorio, esta se convierte en transformadora de la sociedad.
Que en un país como el nuestro, en el que más de la mitad de la población está compuesta por mujeres, se tenga que recurrir a la imposición de un porcentaje mínimo de representación en las áreas de decisión de la vida política y económica es un reflejo de lo que todavía nos queda por avanzar como sociedad. La reciente aprobación, por escaso margen, de la Ley de paridad por parte del Congreso de los Diputados debería de actuar de revulsivo y de medida tractora para lograr un impulso de la igualdad en todos los ámbitos sociales y económicos de nuestro país: deporte, empresas cotizadas, justicia, administración general del Estado, gobierno, entidades de interés público, fundaciones, organizaciones de economía social, colegios profesionales...
La igualdad de género es algo más que utilizar un lenguaje inclusivo o considerar a las mujeres como si fuésemos un colectivo. La igualdad va de equidad y de crear y propiciar las mismas oportunidades para todos porque cuando no existe igualdad de oportunidades no se puede apelar a la meritocracia como método de selección.
No todos los ámbitos afectados por esta Ley parten del mismo punto. En el caso de empresas cotizadas ya existe una normativa que recomienda la paridad desde hace algunos años. Por un lado, tenemos la ley de igualdad del año 2007 que animaba a que las empresas incluyeran en su consejo de administración un número de mujeres que permitiera romper con el desequilibrio de representación antes del 2015. Por otro, el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, aprobado en su día por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), instaba a que las consejeras representaran, no más tarde del año 2022, al menos el 40 % del total de miembros en los consejos.
Evidentemente, al tratarse de recomendaciones, las expectativas no se han cumplido todavía por lo que se espera que con esta nueva Ley y un régimen sancionador adecuado, la motivación sea más alta.
Que las mujeres estemos presentes y representadas en los órganos de decisión es un derecho y una obligación por lo que no debería de ser objeto de debate ni en la forma ni en el fondo. Sin embargo, todavía tenemos que trabajar en la igualdad de todas aquellas que tienen otras prioridades vitales: el aumento del desempleo en las mujeres, la incidencia de la pobreza infantil, la situación de las refugiadas y desplazadas por las guerras o el cambio climático, son algunas de las preocupaciones y ocupaciones de los próximos meses.