El 65 % de los municipios gallegos tiene menos de 5.000 habitantes, un porcentaje que supera el 80 % cuando se analizan los casos de Ourense y Lugo. Esta situación impide en muchas ocasiones garantizar el máximo nivel de bienestar a la ciudadanía
02 jun 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Señalar que Galicia es un claro ejemplo del minifundismo municipal no es algo novedoso. La estructura gallega cuenta con 313 ayuntamientos, de los que 202 (el 65 %) tienen menos de 5.000 habitantes. Esto resulta especialmente evidente en las provincias de Ourense y Lugo, donde el porcentaje de municipios con menos de 5.000 personas asciende al 89 % y 82 %, respectivamente. El 15 % de la población gallega (409.655 habitantes) residen en municipios de menos de 5.000 personas, sobre todo en las provincias de Ourense (114.365) y Lugo (112.177), donde el 38 % y 35 % de su población está afectada por este minifundismo local.
El actual tamaño de la planta local municipal recoge una realidad en materia económica que debe ser destacada. Se trata de la dificultad permanente en obtener por sus propios medios una parte significativa de los ingresos necesarios para la prestación de servicios a sus ciudadanos. Además, los ayuntamientos con menos población, a pesar de los indudables esfuerzos de los responsables municipales, no siempre son capaces de prestar adecuadamente todos los servicios y garantizar el máximo nivel de bienestar a la ciudadanía. En efecto, en no pocas ocasiones los gestores municipales se ven imposibilitados a realizar las actividades y prestaciones que desearía o, en el mejor de los casos, si bien llegan a prestarlas, no lo hacen con la intensidad deseada.
Además, el coste por habitante de los servicios municipales aumenta a medida que se reduce la población. O, dicho de otra forma, los ayuntamientos menos poblados prestan menos servicios, su calidad no siempre es la mejor y, además, la ciudadanía debe soportar un coste mayor. El menor tamaño de la planta municipal tampoco permite el aprovechamiento de las economías a escala en la prestación de servicios o en su producción, elementos que sí están presentes en los bienes y servicios públicos de los municipios con mayor población.
Algunas cifras permitirán entender mejor esta realidad. En el 2022, un ayuntamiento con una población de entre 5.000 y 10.000 habitantes gestionaría, por término medio, un presupuesto municipal 2,9 veces superior (7,1 millones) a un ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes (2,5 millones). En los municipios de hasta 5.000 residentes se manifiesta una recaudación elevada en el campo de la imposición directa si se compara con el resto de los tramos poblacionales. Lo mismo sucede con el capítulo relativo a la imposición indirecta. Además, hay que insistir que los municipios de hasta 5.000 habitantes son los que están obligados a prestar menos servicios a la población, de ahí que el esfuerzo relativo en términos fiscales sea mayor para la ciudadanía que reside en los municipios menos poblados.
Autonomía fiscal
Además, existe una excesiva dependencia de las transferencias corrientes en los municipios de menos de 5.000 vecinos, lo que menoscaba su autonomía fiscal. Así, en el 2022 percibieron 712 euros por habitante frente a los 609 euros de media. Asimismo, el mayor importe de las transferencias de capital para los municipios con menor población pone en evidencia su fuerte dependencia para realizar infraestructuras: 222 euros frente a los 168 euros de media.
Para mejorar la capacidad de generación de ingresos de los ayuntamientos de poca población, es preciso reformular el sistema de financiación de las entidades locales, pero esto pasa por un cambio importante en materia tributaria; algo que depende del Estado. Mientras esto no se produzca, otras opciones a considerar sería el fomento de las mancomunidades de municipios, la fusión municipal o la apuesta por otras figuras de colaboración intermunicipal. Estas tres alternativas dependen claramente de la voluntad autonómica y local que exista en Galicia.
A pesar de su escaso desarrollo en Galicia, las mancomunidades de municipios han sido la iniciativa de mayor impacto de coordinación local. No obstante, es necesario mejorar sus niveles de transparencia económica y exigir mayores responsabilidades en su funcionamiento. Lo anterior cobra mucha más relevancia a tenor de las importantes subvenciones y ayudas que les concede la Xunta de Galicia a estas entidades. Que únicamente el 50 % de las mancomunidades de municipios en Galicia remitieran al Consello de Contas en Galicia sus cuentas en plazo en el ejercicio 2020, es un claro aviso para navegantes.
Además, se constata una fuerte dependencia económica de las mancomunidades ya no solo de las aportaciones municipales, que podía ser lo normal, sino también de las transferencias de otras Administraciones Públicas. Existe un elevado porcentaje de mancomunidades de municipios que dependen en gran medida, para su funcionamiento e incluso para su supervivencia, de las transferencias de la Xunta de Galicia. Por tanto, y para garantizar su viabilidad, sería recomendable realizar algunos cambios en el funcionamiento y gestión de este tipo de entidades. Una opción muy interesante sería una mayor profesionalización de estos entes locales.
Fusiones de municipios
Las fusiones de municipios son otra posibilidad a tener en cuenta, y todo esto a pesar de su escasa aplicabilidad práctica a nivel nacional; aunque en Galicia se cuentan con dos experiencias: Cerdedo-Cotobade y Oza-Cesuras. El aumento del número de habitantes como consecuencia de una fusión presenta un conjunto de beneficios para los municipios fusionados que no siempre se tienen en cuenta. Así, aquellos municipios que se fusionen verán incrementado en 0,10 en el coeficiente de ponderación resultante de considerar la distribución de la participación del municipio en los tributos del Estado; esto se traduce en mayores ingresos vía transferencias estatales por encima de un incremento lineal.
Además, el esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria que le corresponda al nuevo ayuntamiento, nunca será inferior al más elevado de los valores previos que tuviera cada municipio antes de la fusión; en consecuencia, se protege la situación anterior para evitar una merma por la vía de las transferencias corrientes del nuevo municipio creado. Asimismo, su financiación mínima será el sumatorio de las financiaciones mínimas municipales previa a la fusión; de esta forma se trata de no perjudicar la creación de ese nuevo municipio.
Asimismo, el nuevo municipio queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos previstos que le correspondan por razón de su aumento demográfico. Además, durante, por lo menos, los cinco primeros años desde el convenio de fusión, se gozará de preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la libre concurrencia. De esta forma, se posibilita un plus económico adicional para fomentar las fusiones. Finalmente, la Xunta de Galicia contempla el fondo adicional al Fondo de Cooperación Local, de naturaleza no finalista con una dotación de 1,5 millones de euros para las entidades fusionadas.
Por último, se pueden considerar otras fórmulas asociativas menos exigentes que las anteriores. A modo de ejemplo se podrían citar los consorcios, las entidades comarcales o los convenios intermunicipales. Sin embargo, la realidad gallega permite señalar como en la práctica su aplicación es muy limitada.
Mejorar el mapa municipal
Cualquiera que sea la vía tomada, lo que está claro es que es necesario que los tres niveles de administración (Estado, comunidad autónoma y concellos) prioricen la necesidad de mejorar el mapa municipal. El no hacer nada puede traducirse en dejar de prestar servicios o en ofertarlos sin la debida calidad a la ciudadanía.