Arranca una nueva legislatura para Galicia y lo hace bajo un bipartidismo evidente, populares y nacionalistas. Dos fuerzas políticas claramente antagónicas que, a pesar de sus evidentes diferencias ideológicas, tienen algunas cosas en común. Una de ellas es la obsesión por acelerar el proceso de industrialización de Galicia. Dinámica que, por cierto, en algunos temas, como la minería, ha de caminar con legislación promovida e impulsada por el BNG durante el bipartito. Es decir, en lo sustancial, el marco legal, Galicia no debería abordar grandes debates. El elemento más pesado de una alforja de gobierno, las reglas de juego, va a quedar fuera, lo que debería darnos velocidad. Dicho esto, sí tenemos pendiente cerrar un elemento que no es menor, y es el diálogo social.
Si hablamos de nuestros recursos, que serán los grandes protagonistas de esta legislatura, hemos de hacerlo con la madurez oportuna. Y tiene razón el BNG cuando afirma que en Madrid no hay eólicos, cierto. Pero es igualmente cierto que nosotros, los gallegos, en energía fotovoltaica solo representamos el 0,1 % de España y que la Comunidad de Madrid nos multiplica por cuatro y aspira a hacerlo por 100. O que tanto Andalucía, como Castilla-La Mancha y Extremadura, cada una de ellas por separado, generan más de cuatrocientas veces nuestros niveles en fotovoltaica. España entera, sin excepción, está haciendo sus deberes en el campo energético, y, lógicamente, cada uno empieza por las áreas en las que puede alcanzar un mayor nivel de eficiencia. Aquí nos toca arrancar con la eólica terrestre y la marítima, obviamente en el marco de un contrato social que beneficie a familias y a industrias.
Los contratos bilaterales de compra de energía, con discriminación positiva para las industrias asentadas en el territorio, son un mecanismo que permitirá acercar energía barata a nuestro sector industrial. Es un elemento diferencial que nos servirá para crecer. Pero no nos engañemos: el verdadero motor de desarrollo económico de un país subyace en su pulso demográfico y este está fuertemente correlacionado con el empleo de calidad. Aquí está una de nuestras grandes asignaturas pendientes, activar procesos productivos de alto valor añadido. En teoría, los fondos Next Generation tenían que haber sido la palanca de cambio que nos hubiera permitido generar un nuevo ecosistema empresarial, fuertemente conectado con los nuevos paradigmas económicos europeos, la transición ecológica y la digital. Pero digo en teoría, porque aquellos que tenían que canalizarse hacia las autonomías, para aspectos de su gobernanza y correlacionados con el peso demográfico, parece que han ido llegando. No se puede decir lo mismo de los que nacieron para generar industrias tractoras: estos se han ido de sabático y parece que no desean aterrizar en el tejido productivo.
Lo que nunca se ha ido de sabático, porque está permanente en nuestras cabezas, es la asfixiante burocracia administrativa, espacio blindado que usan los ineficientes, los corruptos y los ineptos. Y como soy de los que creen, firmemente, que en la Xunta de Galicia no existe corrupción, debo corregir la frase anterior y aseverar que es un espacio de protección de ineficientes e ineptos, y de estos sí que me atrevo a afirmar que hay alguno y alguna. El silencio administrativo positivo sería la bomba nuclear que transformaría la pesada burocracia española —y quizás por eso nunca se abre el debate— en el seno de la Administración pública. Confiemos en que el recién elegido presidente Alfonso Rueda, amigo de la agilidad administrativa, dé los pasos necesarios que otros presidentes autonómicos no fueron capaces de dar.