La fórmula de los presupuestos prorrogados permite a un concello seguir operando, pero restringe mucho su margen de maniobra, con consecuencias directas sobre los servicios que se prestan a la ciudadanía. Es como tener un coche con mucha potencia, pero que no puede pasar de tercera
16 abr 2023 . Actualizado a las 18:13 h.El próximo 28 de mayo está prevista la celebración de elecciones municipales. En unas pocas semanas, la ciudadanía procederá a elegir sus representantes durante los próximos cuatro años. Es el momento de hacer un ejercicio de reflexión sobre la gestión municipal. Una de las cuestiones que más importancia tiene en la buena marcha de un ayuntamiento es contar con un presupuesto aprobado antes del inicio de cada ejercicio. Precisamente, en el último análisis del Observatorio Municipal de Galicia la Red Localis se ponía en valor el esfuerzo de los ayuntamientos gallegos por disponer de unas cuentas actualizadas.
Como es conocido, los presupuestos municipales son la principal herramienta para la gestión municipal. Este documento supone la autorización por parte del pleno municipal al Gobierno local para desarrollar sus políticas públicas, de ahí la necesidad de contar con presupuestos actualizados anualmente. Si no es el caso, lo más normal es una gestión municipal muy poco adecuada a las necesidades actuales, al no recoger las demandas de la ciudadanía. Si lo anterior es un grave problema para cualquier ayuntamiento, los efectos negativos se multiplican cuando se trata de un municipio con mucha población; esto ha pasado no hace mucho con uno de los siete grandes municipios de la comunidad gallega, que estuvo con un presupuesto prorrogado durante 6 años (2014-2019). Algo, a todas luces, incomprensible.
Gestionar un ayuntamiento de este modo constituye una tarea muy complicada, y lo es mucho más a medida que aumenta el número de ejercicios en esta situación. Si bien se posibilita la prórroga automática del presupuesto anterior, esto es «pan para hoy y hambre para mañana». Gracias a esta fórmula se permite que el ayuntamiento pueda seguir operando, pero su capacidad presupuestaria queda muy mermada. Sería algo parecido a tener un coche con mucha potencia, pero que no puede pasar de la tercera o cuarta velocidad en la palanca de cambio. Así, no serían prorrogables los créditos para servicios que deban finalizar en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados. Tampoco lo serían aquellos créditos destinados a subvenciones de concurrencia competitiva, ni la mayor parte de las dotaciones para la ejecución de obras nuevas e inversiones. Lo mismo se podría señalar con los gastos no previstos, ya que, al no estar contemplados, no es viable su dotación. Algo similar pasaría con las transferencias corrientes a otras instituciones, como las cantidades que anualmente facilitan los ayuntamientos a entidades o asociaciones que trabajan para personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión social, que, si no tenían dotación el año precedente, tampoco lo tendrán este. Incluso se repetiría este problema con aquellas partidas destinadas a la promoción económica local o a dinamizar cierto tipo de actividades de interés a nivel local que ven cómo sus cuantías están limitadas a las dotaciones previas.
La otra cara
Por el contrario, la mayor parte de los gastos de personal funcionario o laboral y los fondos para los servicios básicos y el resto de los gastos corrientes sí son prorrogables, lo que impide la parálisis del ayuntamiento. En consecuencia, que un ayuntamiento cuente con un presupuesto prorrogado posiblemente se traduzca en una cierta parálisis en su funcionamiento o cuanto menos una ralentización de su gestión, sobre todo si esta situación no es un caso aislado. Cierto es que se contempla la posibilidad de afrontar esta tesitura con modificaciones de crédito, pero esto implica aprobar continuos cambios para atender a las necesidades, algo muy poco operativo. En resumen, el no contar con un presupuesto aprobado, se traduce en muchas dificultades para planificar adecuadamente la actividad municipal. Es algo que no debería producirse y para evitar esto, los equipos de gobierno municipal deberían esforzarse por «convencer» al pleno de su necesaria aprobación.
Además, si no se cuenta con un presupuesto aprobado anualmente, lo más normal es provocar desajustes a la hora de cumplir con las normas de disciplina presupuestaria. No podemos obviar la necesidad de los ayuntamientos de ajustarse al techo de gasto. No hacerlo se podría traducir en penalizaciones y castigos por parte de la Administración General del Estado a los ayuntamientos que no aprueben sus cuentas anualmente.
Finalmente, la prórroga de los presupuestos también tiene algunos efectos políticos, que raras veces se tienen en cuenta, pero que resultan muy importantes. Un ayuntamiento que cuente con presupuestos prorrogados, aunque sea desde hace varios ejercicios, puede suponer un claro beneficio para el grupo o los grupos políticos que sustentan al Ejecutivo local. Por ejemplo, si se trata de un Gobierno en minoría (algo bastante habitual dado el amplio panorama de partidos políticos), pero que en algún momento contó con presupuestos aprobados, la vía de la prórroga presupuestaria le evita tener que llevar al pleno municipal una nueva propuesta de presupuestos. Este instrumento le supone «un globo de oxígeno» ya que ese gobierno en minoría no tiene por qué argumentar los criterios y las dotaciones presentadas en el presupuesto anterior y podrá seguir gobernando con unos presupuestos obsoletos. Sin embargo, esta situación perjudica claramente a toda la ciudadanía, ya que los presupuestos con lo que se operan no compensan la falta de adecuación de las cuentas públicas a sus demandas.
El futuro
Llegados a este punto, y a partir de la información sobre la aprobación de los presupuestos ofrecida por el Consello de Contas de Galicia, se puede comprobar cómo los ayuntamientos gallegos son de los más cumplidores en cuanto a la aprobación de los presupuestos a nivel nacional. Casi el 30 % de estas entidades locales en Galicia presentan los presupuestos en plazo, mientras que la media a nivel nacional —sin considerar los ayuntamientos del País Vasco y Navarra— se sitúa en el 24 %. En cuanto a la demora, el 35 % de los ayuntamientos gallegos presentan un retraso de hasta 90 días en presentar sus cuentas, el 16 % entre 91 y 180 días y el 19 % de más de 180 días. En resumen, el grado de cumplimiento en plazo de los ayuntamientos gallegos es mejor que la media de los ayuntamientos de Régimen Común, pero deben mejorar en el indicador de retraso en presentar sus cuentas, especialmente cuando se refiere a un retraso excepcional. Por tamaño municipal, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes recogen un porcentaje mayor de cumplimiento en plazo con relación a la aprobación de sus presupuestos, siendo los de menos de 5.000 habitantes, los de 5.000 a 10.000 habitantes y los de 10.000 a 20.000 habitantes los que recogen un menor porcentaje de cumplimiento: 32,8 %, 21,4 % y 18,2 %, respectivamente.
Los ayuntamientos de las provincias de Ourense y Pontevedra (35,9 % y 36,1 %) son los más cumplidores, mientras que 8 de cada 10 ayuntamientos en A Coruña aprueba sus presupuestos municipales fuera de plazo. De las siete grandes ciudades de Galicia, el Ayuntamiento de Vigo es el más cumplidor de los plazos de aprobación, mientras que los de A Coruña y Santiago presentan una mayor demora.
En resumen y aunque el grado de cumplimiento en la aprobación de los presupuestos está condicionado por una serie de elementos — entre los que pueden señalarse el complejo arco representativo surgido de las elecciones municipales, la falta de personal técnico para su correcta elaboración y los problemas de gestión presentes en muchos municipios gallegos—, esto no debería ser una excusa para que la ciudadanía no cuente con unos presupuestos municipales debidamente actualizados. Es responsabilidad del pleno municipal y especialmente de los equipos de gobierno que salgan de las elecciones del 28 de mayo aprobar unos presupuestos acordes con la circunstancias económicas y sociales. En definitiva, no podemos obviar que la Administración local es la más próxima a la ciudadanía y la prestación adecuada de bienes y servicios públicos municipales resulta muy necesaria.
Alberto Vaquero García. GEN-Universidade de Vigo y Colegio de Economistas de Ourense.