Hacienda y la subida de tipos destapan a las empresas zombis

P.Avendaño

MERCADOS

PAULA QUIROGA

Cerca de 3.200 compañías gallegas no tienen ingresos suficientes para hacer frente a su endeudamiento y sufren el fin de la financiación fácil y barata

16 abr 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

La primera vez que se utilizó el término «empresa zombi» fue en Japón, en la década de 1990. El país vivía por aquel entonces el estallido de una burbuja financiera e inmobiliaria que debería haberse llevado por delante a miles de empresas cercanas a la bancarrota. Sin embargo, fueron los bancos y el propio Estado los que sostuvieron a todas esas compañías refinanciando sus deudas hasta el infinito.

El concepto acumula por lo menos una decena de definiciones según al organismo al que se atienda, pero, a grandes rasgos, las empresas zombis son aquellas que pueden generar ingresos, pero no los suficientes como para cubrir siquiera sus gastos financieros. Es decir, continúan existiendo a base de renegociar sus préstamos y sobreviven a pesar de no ser rentables.

En España hay 48.000 compañías que comparten estas características, según los datos de un estudio realizado por los analistas de Iberinform. Todas ellas presentan al menos dos ejercicios consecutivos en los que sus resultados operativos fueron insuficientes para cubrir los compromisos derivados de su endeudamiento financiero. En Galicia hay aproximadamente 3.200 empresas zombis, el 6,7 % del total. Es la quinta comunidad en un ránking encabezado por Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía. La construcción es el principal sector de actividad afectado, englobando al 22 % del total. Le siguen el comercio (21 %) y la industria manufacturera (14 %).

Estas compañías no son nuevas, al contrario, llevan años entre nosotros. Comenzaron a aflorar con mayor intensidad en todo el mundo tras la crisis económica del 2008. Los años de bonanza económica previos llevaron a muchas empresas a contraer préstamos sin control, para seguir creciendo en medio de una euforia generalizada. Después, algunas quebraron y otras continuaron sobreviviendo, casi sin ingresos y con deudas gigantescas. Para colmo, los bajos tipos de interés que reinaron durante años en Europa y al otro lado del Atlántico contribuyeron a tener un acceso fácil y barato a la financiación. Un círculo vicioso.

Contagio

Tanto la OCDE como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional han alertado sistemáticamente del peligro de las empresas zombis por varias razones. La primera es que pueden arrastrar a otras compañías. Una firma insolvente que no cumple con sus obligaciones como socio, proveedor o cliente puede contagiar su insolvencia a otras empresas «sanas» con las que establece algún tipo de relación.

Por otro lado, las épocas de bajos intereses son uno de los factores que favorecen el auge de este tipo de compañías, y al contrario, las subidas pueden conducir a una oleada de quiebras inesperadas. Precisamente los tipos llevan sufriendo incrementos progresivos desde el junio pasado, en un intento de los organismos monetarios por controlar la inflación. Por eso, la financiación es ahora más restrictiva y cara, lo que aumenta el riesgo de bancarrota en compañías insostenibles. De hecho, un informe de Crédito y Caución prevé que en el 2023 se produzca un aumento global de casi el 50 % en los niveles de insolvencia. Un proceso marcado —según el estudio— «por el fin de las moratorias concursales y la quiebra de empresas zombis».

Ayudas públicas

Pero frente al endurecimiento de la financiación que perjudica a este tipo de firmas, sucede otro fenómeno: la llegada de ayudas púbicas tras la pandemia. Las alarmas se han encendido en estos últimos años por el peligro de que estas compañías que incrementan el riesgo de impago en la cadena de valor puedan acceder a fondos europeos. Por eso, la Agencia Tributaria ha dado pasos en las últimas semanas para estrechar el cerco sobre las empresas zombis. Un real decreto aprobado a principios de este mes ha servido para modificar el Reglamento General de Desarrollo de la Ley General Tributaria. La novedad es que a aquellas compañías que no hayan depositado sus cuentas anuales en el Registro Mercantil durante cuatro ejercicios consecutivos, se les podrá revocar el NIF, es decir, el número de identificación fiscal. Esto implica, por ejemplo, que no podrán operar en las cuentas o depósitos de empresa abiertos en entidades bancarias. La única opción de remediarlo pasa por llevar sus cuentas frente a Hacienda.