Navarra, el País Vasco y La Rioja son las tres comunidades que presentan un nivel de cumplimiento alto y se hallan más distanciadas respecto del resto: urge la puesta en marcha de medidas correctoras para escalar posiciones y no perder el tren
05 mar 2023 . Actualizado a las 05:00 h.La Unión Europea firmó en el 2015 la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Más tarde, en base a dicho marco y a resultas de la situación derivada de la pandemia, nace el Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation para garantizar una recuperación sostenible que sea inclusiva, socialmente justa, resiliente y ecológica. Dicha Agenda y dicho Instrumento definen una hoja de ruta que obliga a las Administraciones públicas a alinear sus políticas y a aplicar acciones y cambios normativos para el logro de los objetivos propuestos.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye 17 objetivos para los cuales se dispone de 80 indicadores de seguimiento. Los mencionados 17 objetivos conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible, tal y como lo había definido Gro Harlem Brundlandt —en los años ochenta del pasado siglo— en el documento titulado Nuestro Futuro Común.
Dichas dimensiones son la económica, la social y la medioambiental, abarcando todas ellas un total de 169 metas. Se podría afirmar que dichos objetivos son un llamamiento a la participación de todos los actores: Administraciones públicas, empresas, sindicatos, organizaciones cívicas no gubernamentales y ciudadanos en general, a los que se incita a que tomen partido y acometan dichas metas como objetivos a conseguir.
Las recomendaciones que se desprenden de las acciones a seguir se centran en las denominadas políticas aceleradoras, aquellas que son capaces de transformar y provocar cambios disruptivos. A partir de las mismas, se subrayan ocho grandes retos que deben acometer los países. A saber, acabar con la pobreza y la desigualdad; hacer frente a la emergencia climática y ambiental; cerrar la brecha de la desigualdad de género; superar las incidencia de un sistema económico excesivamente concentrado; poner fin a la precariedad laboral; revertir las crisis de los servicios públicos; poner fin a las injusticias y a las amenazas a los derechos humanos, principios democráticos y sostenibilidad del planeta; y, por último, revitalizar el medio rural y afrontar el reto demográfico.
Además de dichas políticas aceleradoras se deben adoptar otras políticas transformadoras, en las que se sugiere adoptar medidas bajo un nuevo concepto: la combinación armoniosa de los multiactores existentes y de los múltiples niveles de gobernanza. En este sentido, las políticas transformadoras deben poder responder a las grandes dimensiones de la sociedad actual: las denominadas 5P, que afectan, poseen incidencia y hacen referencia a cinco rangos: las personas, la prosperidad; el planeta; la paz y el partenariado. Los países están obligados a mostrar tanto la situación de sus indicadores como su evolución. De esta manera, existe un seguimiento de los compromisos que se refleja en niveles de cumplimiento.
Recientemente, el Consejo General de Economistas recoge la situación de las comunidades en base a los 17 objetivos de la Agenda. Las conclusiones revelan que dos autonomías (Navarra y País Vasco) destacan sobre las demás, mostrando los mejores registros en lo tocante al índice de sostenibilidad. A continuación, le siguen Aragón, Castilla y León, Madrid y La Rioja. Los peores índices le corresponden a Canarias, Andalucía, Extremadura y Murcia. Si el análisis lo efectuáramos en torno a las cinco dimensiones, las mencionadas 5P (Personas, Prosperidad, Planeta, Paz, Partenariado), los mejores índices se manifiestan en Navarra (personas); País Vasco (prosperidad y partenariado); Madrid (planeta) y La Rioja (paz).
El balance final, atendiendo a los índices, subraya que en el grupo de desarrollo sostenible alto se sitúan Navarra, País Vasco y Rioja; el nivel medio-alto lo alcanza Cantabria, Madrid y Aragón. El nivel medio es el más numeroso y estaría formado por Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla yLeón, Galicia y Cataluña. El nivel medio-bajo es sinónimo de Extremadura, Murcia y Castilla La Mancha. Y, por último, el nivel bajo se le asigna a Baleares, Canarias y Andalucía.
Galicia, atendiendo a las posiciones que ocupa en el ránking, sobresale en tres objetivos de la Agenda (la educación inclusiva; las actuaciones para frenar el cambio climático; y las referidas a evitar la pérdida de biodiversidad y degradación de la tierra), en las que ocupa una posición avanzada, entre las cinco primeras comunidades españolas.
En otros cinco objetivos (poner fin a la pobreza; garantizar la igualdad de género y empoderamiento de mujeres; garantizar el acceso a energía asequible; promover el crecimiento económico sostenible; y lograr que las ciudades sean inclusivas, resilientes y sostenibles) nos situamos entre el puesto cinco y el décimo del ránking. En los restantes nueve objetivos la posición de Galicia está retrasada, siendo el peor puesto el correspondiente a los objetivos relacionados con poner fin al hambre y lograr seguridad alimentaria (puesto 15 de 17) y todavía peor en el que hace mención a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, en el que ocupamos el último puesto de las comunidades.
El análisis nos permite auscultar las acciones emprendidas y conocer de primera mano las desventajas y los retrasos acumulados en esta autonomía. Es preciso centrar, en dichas dimensiones, una mayor atención e imprimir unas políticas más resolutivas y con una mayor intensidad. El resultado final arroja un fuerte desequilibrio y un ostensible retraso en la aplicación de medidas correctoras. En abordar estas decisiones se sitúan tanto los retos como las grandes amenazas.
Fernando González Laxe. Catedrático de Economía Aplicada. Universidade da Coruña