Hace dos meses, la OCDE rebajó las expectativas económicas de España y a finales de noviembre lo ha vuelto a hacer. De los distintos componentes del PIB, el consumo representa un 60 % y el deterioro del poder adquisitivo de hogares y empresas apunta a un crecimiento de la economía de tan solo un 1,3 % en el 2023, alejado del 2,1 % que proyectó el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado del año que viene, previsión que mantiene de momento, pese a que todos los organismos económicos han rebajado sus estimaciones por debajo del 2 %.
En concreto, Standard&Poor's, en su informe trimestral de perspectivas económicas presentado a finales de noviembre, fija el crecimiento para el 2023 en el 0,9%. La tasa prevista implica que el nivel del 2019 no se recuperará hasta el 2024, siendo España el último país en volver a aquella situación prepandémica. La OCDE predice una inflación que, si bien será inferior a la de este año, continuará elevada durante los dos siguientes ejercicios, alrededor del 4,8%. Por otra parte, la inflación subyacente, menos volátil al excluir los precios de la energía y de los alimentos frescos, no va a disminuir, lo que confirma la prolongación de la crisis de precios en España y explica los efectos adversos que se esperan en la economía.
Se espera una inversión privada moderada, debido a la caída del consumo y la subida de los tipos de interés, que conjuntamente con la previsible desaceleración de las exportaciones llevarán a una desaceleración en el crecimiento en el 2023 y una moderación en el 2024. El Banco de España prevé «una prolongación de la debilidad de la actividad» a causa de la inflación. Al principio del verano, había hasta 110.000 pymes con problemas por la paralización de la actividad durante y tras la pandemia, pero 20.000 de ellas ya desaparecieron en agosto sin trámites.
En la actualidad, alrededor de 90.000 están en quiebra técnica, y muchas no solicitarán la declaración de un concurso de acreedores cuando se encuentren en situación de insolvencia, sino que desaparecerán sin más trámites. Los factores que determinan la deuda pública (tipo de interés, tasa de crecimiento y déficit público) no evolucionan favorablemente, por lo que es previsible que siga subiendo: actualmente se sitúa en un 116% del PIB. Además, España es el segundo país del mundo en deuda exterior, solo por detrás de Estados Unidos. Cuanto mayor es la deuda exterior (deuda pública que está en manos de inversores extranjeros), mayor es la dependencia de un país. Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo ya ha reconocido que en la cámara comunitaria no tienen ni idea de «cómo gasta el dinero España», denunciando la falta de transparencia sobre los 31.000 millones de euros que ya se han entregado al Gobierno.
Sin embargo, el Ejecutivo sigue dando muy poca información y, cuando lo hace, las dudas sobre los proyectos elegidos crecen. Hasta ahora, los fondos están yendo mayoritariamente al sector público, sin llegar al tejido empresarial. Finalmente, la OCDE menciona en su informe que «un uso eficaz de los fondos Next Generation EU será clave para apoyar la inversión, impulsar la productividad a largo plazo y lograr la transición verde». La cuestión es si el modelo productivo español será capaz de absorber esa cantidad de dinero en nuevas tecnologías, sostenibilidad ambiental, etcétera. De lo contrario, la inversión empresarial no encontrará forma de contrarrestar las subidas de tipos en la eurozona que, como confirmó Lagarde, probablemente continuarán.
Isabel Novo Corto. Catedrática de Economía de la Universidade da Coruña