Por estrambótica que haya sido la política británica en los últimos años, el fugaz episodio del gobierno de la señora Truss ha superado con creces todo lo anterior. Un programa de política económica basado hasta el extremo en el dogma liberal que ha de ser retirado al poco tiempo, para acabar llevándose por delante a la propia primera ministra. Dejando por el medio un reguero de dudas sobre la evolución futura de la economía y la política del Reino Unido. Una verdadera crisis de reputación, algo hasta hace poco inimaginable.
Puede verse como el penúltimo episodio en el lamentable camino posbrexit: un intento fallido de construir una especie de Singapur en Europa, modelo fantasmagórico que Boris Johnson y otros euroescépticos tuvieron en la cabeza desde 2016. Pero, más allá de eso, para el resto del mundo esta experiencia -que probablemente sea recordada por muchos años como un gran gatillazo de política económica- deja dos mensajes.
El primero es que la idea de sostener las cuentas públicas sobre fórmulas mágicas —que ya han fallado otras muchas veces— como la famosa curva de Laffer y el supuesto derrame hacia abajo de los efectos expansivos de una reducción de impuestos a las rentas altas, ahora parece que ya no la creen más que los hinchas del anarcocapitalismo. En ese sentido, si esto era el primer experimento de una gran revolución conservadora en la política económica, como se ha dicho, sin duda ha sido un fiasco. No es imposible que esa revolución tenga lugar, pero no parece que esta vez venga cargada de fórmulas de liberalismo económico extremo (sino, acaso, de proteccionismo y nacionalismo económico): parece que desde Thatcher ha pasado mucha agua bajo los puentes.
La segunda gran cuestión que estos días se ha puesto de manifiesto es que los famosos vigilantes de los mercados están de vuelta. En realidad nunca se han ido, pero el episodio británico ha sido un recordatorio brutal de la restricción que ejercen los mercados transnacionales de capital sobre la acción de los gobiernos nacionales. Estos saben bien que, sobre todo si su deuda en manos de inversores extranjeros es muy alta, sus decisiones pueden ser respondidas de inmediato por los detentadores de fondos. Si esas medidas generan un problema general de confianza, si los inversores interpretan que a partir de ahí vendrán marejadas, entonces su respuesta será clara y tajante: saldrán raudos de su inversión en esos bonos, en esas divisas, en ese país. Y a partir de ahí, el entorno de la propia política interna será más difícil, acaso imposible.
A eso se le viene llamando «camisa de fuerza de los mercados» (golden straitjacket). Y de eso supimos mucho los europeos, sobre todo los del sur, una década atrás, durante la crisis de la deuda soberana. Por entonces, los inmisericordes programas de ajuste -la mal llamada austeridad- se hicieron bajo una fuerte presión de los mercados de bonos. La situación más extrema llegó en 2015 con el referendo griego, convocado por el Gobierno de Alexis Tsipras, que pidió un no rotundo de la población a un doloroso plan de ajuste impuesto: lo obtuvo… pero se vio obligado a aplicar ese plan hasta el final apenas tres días más tarde.
La disciplina de mercado suele actuar sin contemplaciones frente a los programas muy redistributivos, muy «de izquierdas» (aunque cabe recordar que también forzaron la dimisión de Silvio Berlusconi como primer ministro italiano y su sustitución por un gobierno técnico, en 2011). La novedad ahora es que la reacción se ha producido frente a un plan con una orientación pretendidamente a favor de los propios mercados. Una interesante señal de lo mucho que los tiempos están cambiando. En todo caso, la camisa de fuerza ha regresado. Y vaya si se nota.