El Gobierno de Pedro Sánchez anunció el pasado 29 de septiembre unas medidas fiscales para incidir en la justicia social y la eficiencia económica, las cuales afectan esencialmente al IRPF, al Impuesto sobre Sociedades, al IVA y, la más llamativa, la creación de un Impuesto de Solidaridad. Con respecto al IRPF, se amplía la actual reducción por rendimientos del trabajo y se eleva el mínimo de tributación. Las medidas son una reproducción de las que tomó Cristóbal Montoro en el 2018, quien aumentó la reducción de rendimientos del trabajo entre 14.000 y 18.000 euros: ahora se hace la misma operación, ampliando a 21.000 euros (primera medida).
En cuanto a la segunda, en aquel momento se elevó el umbral mínimo del IRPF de 12.000 a 14.000 euros, y ahora se eleva a los 15.000. Se trata de una ampliación de lo que ya hizo el Gobierno de Rajoy, pero en una proporción algo menor. Además, esta propuesta también incluye medidas en el IRPF para de reducir la diferencia de tributación entre las rentas del capital y las rentas del trabajo, incrementando hasta el 27 % el gravamen para rentas del capital entre 200.000 y 300.000 euros y un punto más para las superiores a los 300.000 euros. Sin embargo, en contra de algunas opiniones, no se deflacta la tarifa. Deflactar la tarifa por la inflación supondría indiciar el impuesto, reduciendo su función de estabilizador automático en la economía. Cuando crecen los precios (como ahora), el IRPF recauda más que proporcionalmente debido a su progresividad, reduciendo la renta disponible de las familias, con lo que actúa como un freno a la demanda. En una situación de depresión, el impuesto recauda menos debido a su progresividad, con lo que deja en manos de los ciudadanos una mayor renta disponible y fomenta el consumo. Esta medida, de haberse tomado, sería contradictoria con la estrategia del BCE de intentar deprimir la demanda en su lucha contra la inflación mientras luego hay políticas fiscales que la incentiven. En cualquier caso, en un futuro no muy lejano, habrá dos opciones: parchear otra vez un envejecido IRPF o reformarlo.
Con respecto al Impuesto sobre Sociedades se rebaja el tipo impositivo del 25 al 23% para las empresas con una facturación de hasta un millón de euros. Además, se aprobará una rebaja del 10 % al 4 % en el IVA de los productos de higiene femenina.
Por último, la medida más novedosa es crear un Impuesto de Solidaridad para las grandes fortunas que afectará a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros. Se trata de un impuesto estatal, en principio, de carácter temporal para los años 2023 y 2024.
El tipo impositivo será del 1,7 % para los patrimonios de entre 3 y 5 millones; del 2,1 % para los que se sitúen entre 5 y 10; y, por último, del 3,5% para aquellos mayores a 10 millones.
Su implantación puede llevar tiempo: un impuesto solo puede crearse por ley tramitada en el Parlamento y con las aportaciones de todos los grupos políticos. Además, el nuevo tributo es de dudosa legalidad constitucional ya que está prohibido que dos tributos distintos recaigan sobre un mismo hecho imponible, algo que lleva a distinguir entre patrimonio y riqueza. Y eso es muy complicado, pues hay muchas sentencias del Constitucional y del Supremo que igualan ambos conceptos en materia tributaria y prohíben que se grave con dos impuestos distintos.
En consecuencia, las medidas adoptadas tienen escasa capacidad recaudatoria y siguen sin constituir una reforma global del sistema tributario español. Se debería realizar una reforma fiscal en profundidad que, lejos de las oscilaciones del corto plazo, asegurase la sostenibilidad de las finanzas públicas para incrementar de forma gradual la eficiencia y el potencial recaudatorio del sistema tributario español.
Isabel Novo Corti Catedrática de Análisis Económico. Universidade da Coruña.