Doce hombres sin piedad

MARÍA BASTIDA

MERCADOS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez CLAIDIA ALBA

31 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Confieso que he perdido la cuenta de las veces que he visto la película que titula esta columna, en la que un inconmensurable Henry Fonda desmonta todos y cada uno de los argumentos de los miembros de un jurado popular hasta hacerles cambiar de decisión. Y recordaba esta semana esa sala de deliberaciones, al pensar en la propuesta del Gobierno de diseñar un impuesto extraordinario para compañías energéticas y bancos, motivada por los beneficios derivados de la actual coyuntura de precios, y de una parte de ese mismo Gobierno de acompañarla de «pena de cárcel» para el caso de que dicho impuesto signifique una subida de precios para los usuarios. Ahí es nada.

En el análisis de la decisión fiscal concurren dos fuerzas tradicionalmente conocidas: ni se le ponen puertas al campo, ni se le piden peras al olmo. Lo primero tiene que ver con la tendencia general en la UE, pues todo parece indicar que el impuesto a las eléctricas será general en los países miembros. Es más, en este sector parece claro que la sucesión de malas decisiones —un sistema marginalista ineficaz e ineficiente en situaciones extraordinarias como la actual, y la poco efectiva excepción ibérica— ha derivado en unos ingresos que exceden lo razonable. Lo de la banca es harina de otro costal, pues asumir que la subida de tipos de interés conducirá también a unos mayores beneficios es mucho suponer. Es más, esta asociación ignora —por ejemplo— que en etapas de crisis como la que previsiblemente se avecina aumenta exponencialmente la morosidad, lo que no solamente anula los beneficios sino muchas veces el propio negocio.

Vayamos ahora al olmo y sus peras. Se nos asegura que esos impuestos no se trasladarán a los precios, pues se va a prohibir por ley. Y para quienes pensamos que eso es como derogar las leyes de Newton, se nos dice que quien lo intente será condenado a pena de cárcel. Y ahí, o nos reímos, o reflexionamos sobre la extrema gravedad de la propuesta. Porque para poder materializar esta amenaza, primero habrá que saber si un cambio de precios es motivado por una repercusión de impuestos o cualquiera de los mil motivos que subyacen a los sistemas de fijación. Y como esto es imposible, la alternativa es partir de la base de que, efectivamente, la razón es precisamente la penada por ley. Arbitrariedad extrema, y presunción de culpabilidad. Seguro que nos suena.