Entre Tom Sawyer y Huckleberry Finn, Mark Twain nos alertó de tres clases de mentiras: la mentira, la maldita mentira y las estadísticas. Cualquiera que se haya acercado a estos datos, sus cocinas y tratamientos, sabe que hay que hilar fino —muy fino— para intentar extraer conclusiones veraces. Pero también sabe que negar la existencia de esos datos o las tendencias que apuntan es, cuando menos, cerrar los ojos a la realidad.
A través de las estadísticas, llegamos a los indicadores, herramientas útiles sobre todo para hacer seguimientos: o se mejora, o se empeora, o nos quedamos tal cual estamos. Fácil y evidente. Pero detrás de esta utilidad y accesibilidad de interpretación hay un buen esfuerzo de datos, cálculos, metodología y análisis realizado por un equipo de técnicos que estudian la mejor forma de cuantificar las realidades. Estudian, insisto, no deciden.
Hay indicadores que inspiran más o menos confianza, pero que te gusten o no es harina de otro costal. Y a este Gobierno nuestro hace tiempo que no le gustan los datos. Por ejemplo, recientemente el INE hundía todavía más las perspectivas de crecimiento del PIB, un 0,2 % entre enero y marzo al desplomarse el consumo de los hogares. Simultáneamente, el IPC escaló en mayo un punto, hasta el 8,7 % interanual, y el índice de Precios Industriales —la inflación de la industria— se situó en mayo en el 43,6 %, nivel en el que casi podemos ir pensando en un estancamiento. Evidentemente, estos datos no son del agrado de nadie. Pero la razón que subyace al desagrado difiere: para unos, significa que llegamos tarde en el diseño de medidas y toma de decisiones; para otros, un choque frontal con el discurso oficial.
Efectivamente, es difícil sostener que la subida de precios había alcanzado el máximo en marzo y empezaría a desacelerarse, y constatar que el acelerador sigue pisado a fondo. Complejo hacer creer que la economía —con permiso del comodín Putin— va como un tiro, cuando las cifras son difícilmente empeorables. El discurso oficial que debería lanzar las próximas elecciones —los grandes gestores de la pandemia y los campeones de la recuperación— encajan mal con la estadística, que describe para España la caída más honda y la recuperación más lenta de todo el marco territorial comparable. Y como los datos no gustan, hay que elaborar otros. Por tanto, se presiona para su modificación, y si esto no funciona, se cesa a quien los dirige para que quien lo reemplace sea más complaciente. Y aquí, abrimos la caja de los truenos. Primero, parte de esos datos condicionan otros muchos: por ejemplo, la evolución del PIB incide directamente en nuestras capacidades de financiación, y las derivadas del IPC (pensiones, salarios) son de sobra conocidas. Segundo, los cálculos están interrelacionados con otros marcos estadísticos, como el Eurostat europeo, que nos permiten hacer comparaciones con otros países y que, además, establecen unas directrices marco de actuación.
Con todo, lo peor está por llegar. Porque nadie niega que los indicadores son mejorables, y que algunas de las dudas en relación con los cálculos tienen cierto consenso. Pero esto se corrige con técnica y experiencia científica, no con decisiones políticas. Porque si a partir de ahora el PIB crece a razón de dos dígitos al mes, y la inflación tiende a cero, ¿nos lo vamos a creer? ¿O pensaremos que estamos entrando en campaña electoral? Esta ha sido una mala semana para la independencia. Tener que recordar, una vez más, la necesidad de que los puestos técnicos los ocupen profesionales por prestigio de cargo, que no con encomienda «de encargo», solo significa una cosa: que nuestro indicador en transparencia, independencia y credibilidad se precipita al vacío, y más allá.