La ampliación económica del plan europeo pospandemia, que tiene en la sostenibilidad y el avance de la digitalización dos de sus grandes pilares, constituye también una gran oportunidad para corregir los males estructurales del mercado laboral
05 jun 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Desde finales del año 2020, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) viene ocupando mucho espacio en el debate público y la previsión es que esto siga sucediendo en los próximos meses. No es extraño que así sea, dado el potencial de impacto que el mismo tiene sobre nuestra realidad económica y social.
Desde final del 2021 y, muy especialmente en el 2022, el foco del debate es la ejecución real de los recursos del PRTR. Debate lógico, ya que esa ejecución determinará el alcanzar, en mayor o menor medida, los beneficios previstos. No podemos negar que existe preocupación sobre este asunto y que se registran periódicas llamadas de atención. Recientemente, la AIReF señalaba que, en el momento actual, «la capacidad anual de ejecución del PRTR es limitada» y advertía de los efectos que ello tiene sobre el crecimiento de nuestra economía.
El Gobierno estatal y las Administraciones territoriales tienen un gran reto para evitar que una baja ejecución limite la capacidad transformadora del PRTR. Más aún cuando el PRTR va a verse aumentado en los próximos meses en cerca de 84.000 millones de euros adicionales, 70.000 millones de euros procedentes de la próxima solicitud del tramo de créditos y otros 14.000 millones adicionales (4.000 en forma de transferencias directas y 10.000 millones como créditos), que la UE nos asignará en el mes de junio fruto de recalcular las asignaciones nacionales derivadas del peor desempeño de nuestro PIB.
Conviene, para ser conscientes del reto, recordar los principales beneficios estructurales que un buen uso de estos fondos nos ofrece. En primer lugar, contribuir a que nuestra sociedad y nuestra economía profundice en el cambio de modelo energético y medioambiental, reto evidente desde hace algunos años y que la invasión en Ucrania y la dependencia energética de la UE han hecho aún más evidentes. Si esta era, desde su origen, la gran apuesta del PRTR (con más de un 40 % de los recursos vinculados a la llamada «transición verde»), lo seguirá siendo en la adenda a través de la cual se amplíe el PRTR con las nuevas dotaciones. Hace algunas semanas, el secretario de Estado de Economía señalaba, en un evento organizado en EY, cómo el conflicto de Ucrania y sus efectos ha reforzado la idea del PRTR como una herramienta estratégica clave de respuesta a la crisis y cómo la ampliación de sus dotaciones supone una oportunidad clave para profundizar en esta senda.
En segundo lugar, el PRTR se diseñó para apoyar en la respuesta que nuestro país y nuestra sociedad debe dar al reto digital. Al igual que el anterior, este es un desafío global, que afecta a las empresas, a los trabajadores, a entidades sociales o al conjunto de la ciudadanía. En el momento actual, la falta de capacitación digital es un lastre económico, pero también social, y a dar respuesta a ello se dirigen muchos recursos del PRTR, como, entre otros, los más de 3.500 millones de euros del Plan Nacional de Competencias Digitales, y hasta los cerca de 3.000 millones del Programa Kit Digital para Pymes. En tercer lugar, los beneficios que activar eficazmente una inversión de esta dimensión pueden tener sobre nuestra actividad económica y empleo. España será la última de las economías europeas en recuperar los niveles de actividad prepandemia. Toda ayuda es pues, poca. En el PRTR original, con una inversión prevista de 70.000 millones de euros, el Gobierno preveía un impacto sobre el crecimiento de 2 puntos porcentuales de PIB adicionales en promedio anual y nada menos que 800.000 puestos de trabajo a lo largo del período de ejecución, sobre la base de un cálculo de 12 empleos creados por cada millón de euros invertido. Imaginemos el escenario si en vez de esos 70.000 millones pasamos a realizar el cálculo sobre esa nueva cifra de 154.000 millones. Poder impactar de esa forma sobre el principal problema estructural de nuestro país, el mercado de trabajo, debe llevarnos a concluir que no hay más alternativa que la de ejecutar eficazmente estos recursos. Por último, el PRTR incorpora medidas dirigidas a la ciudadanía, como bonos para conectividad y complementos al Ingreso Mínimo Vital; subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que atienden a diferentes colectivos en riesgo de exclusión social; o ayudas a las comunidades de propietarios; por lo que se prevén acciones que atañen directamente a la ciudadanía; además de los efectos esperados del PRTR en el empleo y el crecimiento económico.
Nuestros retos son notables y se están haciendo evidentes, pero tenemos a nuestra disposición los recursos para hacerles frente. Una óptima ejecución del PRTR supondrá la mayor transformación estructural desde nuestro éxito en la incorporación a la zona euro, hace ahora más de 20 años. No lograrlo no puede ser una alternativa. El reto es muy grande, y la oportunidad también.