Estamos habituados a centrar el debate en la cantidad, lo que supone un planteamiento parcial que ignora un aspecto clave, como es la eficiencia: no solo nos hallamos a la cola de Europa y hemos retrocedido de un modo alarmante los últimos diez años, sino que urge actuar para agilizar y modernizar los procesos. En juego está nuestra capacidad de mejorar toda la economía
20 feb 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Los resultados de la EPA del cuarto trimestre del 2021 han abierto de nuevo el debate sobre si la recuperación del empleo en España se debe, casi de forma exclusiva, al aumento del empleo público y si el volumen de este es acorde con las necesidades y posibilidades de nuestra economía. Centrar el debate en la cantidad, como casi siempre, supone un planteamiento parcial a la hora de enfocar el análisis del empleo público en nuestro país, análisis que debe ponerse, sobre todo, en relación con la eficiencia y la eficacia del sector público.
En todo caso, como el tamaño también importa, empecemos analizando la evolución del número de empleados públicos desde la anterior crisis del 2008. España presenta en diciembre del 2021, en términos EPA, casi un millón menos de empleados en el sector privado que a finales del 2007 y cerca de 500.000 trabajadores más en el sector público. Evolución ligeramente distinta en Galicia, donde el empleo público mantiene la misma cifra de hace 14 años, mientras el empleo privado ha disminuido en 106.000 trabajadores (un 10,5 % menos).
Este incremento del número de efectivos públicos se ha localizado de forma exclusiva en las comunidades autónomas, frente a pequeños descensos tanto en la Administración del Estado como en las Administraciones ocales. El Registro Central de Personal pone de manifiesto, además, que este aumento del empleo público autonómico se concentra principalmente en los ámbitos de la sanidad y de la docencia no universitaria.
Galicia no es ajena a esta tendencia, si bien el incremento del empleo en el sector público autonómico se realiza a costa de la disminución del local y estatal, y se reparte entre el ámbito sanitario y el resto de administración, presentando la educación no universitaria una disminución del número de efectivos durante el período analizado, que se ha recuperado casi en su totalidad en el año 2021 debido a las necesidades derivadas de la pandemia.
Con todo, pese a este importante crecimiento del empleo público en España en los últimos años, su volumen se encuentra significativamente por debajo de los países de nuestro entorno. En los datos comparados para los países de la OCDE el peso del empleo público en España era del 15,58 % en el 2019, dos puntos por encima del que presentaba en 2007, pero lejos del 17,91 % de la media de los países desarrollados.
No obstante, más allá del análisis de la evolución del empleo público, el debate económico debe focalizarse en la eficiencia y productividad del sector público. Recordemos que en España gestiona un gasto equivalente al 44 % del PIB y aporta entorno al 20 % del Valor Añadido Bruto (VAB), por lo que un aumento de su productividad conllevará un ahorro de recursos, una mejora en la calidad de los bienes y servicios públicos y tendrá también un impacto directo sobre la productividad del sector privado. Medir la productividad del sector público tiene su complejidad por la necesaria modulación de sus características diferenciales con el sector privado, donde aquella es el eje entorno al que giran las actividades económicas y resulta fácil de cuantificar.
Los cálculos clásicos, en términos monetarios, resultan insuficientes para medir muchas de las externalidades de los bienes y servicios producidos por las Administraciones públicas.
Con todo, las estimaciones de la productividad del sector público en España, a pesar de las mejoras de los últimos años, nos sitúan a la cola de Europa y presentan grandes diferencias con el sector privado. A su vez, en el ámbito del análisis del sector público se ha avanzado hacia mediciones alternativas a la productividad y, en este sentido, la modulación del concepto de eficacia puede reflejar mejor los aspectos cualitativos y los efectos de las políticas públicas sobre la sociedad. No obstante, en este ámbito existen pocos indicadores que permitan concluir en términos comparativos y temporales sobre la eficacia del sector público en España. En esta línea, el Índice Global de Gobernanza desarrollado por el Banco Mundial cuantifica un Índice de Eficacia, como uno de sus seis indicadores, con el que trata de medir, entre otras cosas, la calidad de la formulación e implementación de los servicios públicos y los resultados de esta. Este índice oscila entre el menos 2,5 (baja eficacia) y 2,5 (alta eficacia).
En el año 2020, España, con una puntuación del 0,86, se situaba a la cola de Europa, y lo que es peor, había retrocedido más de 20 puntos básicos en los últimos 10 años. Con independencia de los indicadores utilizados, y de las tasas de descuento que se les deben aplicar a estos, parece claro que existen amplios márgenes de mejora para aumentar la productividad y la eficacia del sector público. Para ello se requiere disponer de regulaciones que permitan utilizar adecuadamente los recursos humanos dentro del mismo. Se necesita introducir agilidad en las actuaciones administrativas, para lo cual, aun manteniendo la importancia de la ley, debe darse la primacía que corresponde a la gestión, trasponiendo al ámbito público los procedimientos de diseño, toma de decisiones y aplicación de políticas que se aplican en el sector privado. En este sentido, resulta clave la generalización de la evaluación de las políticas públicas, que permita la toma de decisiones en función de sus resultados.
Necesidad de actuar
Podemos seguir predicando desde diferentes tribunas sobre la necesidad de afrontar una reforma estructural de la Administración pública en nuestro país, que haga realidad su modernización para materializar una mayor eficiencia y eficacia, pero en la fase de discursos llevamos años sin pasar a la acción, aplicando los cambios necesarios. Cambios que no requieren necesariamente de recursos adicionales, pero sí de una voluntad política y de un consenso que debe trascender a los partidos políticos y que debe materializarse en los diferentes niveles de la Administración, cosa complicada en estos momentos, pero al que no debemos renunciar.
De no afrontar estos cambios, estaremos restando fuerza y capacidad a una de las palancas fundamentales para prosperar como sociedad, y lo que es aún peor, podemos perder el apoyo social a la necesaria presencia de lo público en la economía y en la sociedad, como parece desprenderse del debate actual sobre la evolución del empleo público.
Miguel A. Vázquez Taín. Presidente del Consello Galego de Economistas