La explotación de las minas de litio, en el desierto de Atacama, divide a los políticos chilenos. La Justicia para la adjudicación de un concurso a una empresa china de automoción.
23 ene 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La práctica totalidad de los países del globo firmaron en el 2015 el Acuerdo de París, comprometiéndose a reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
Esa apuesta por energías limpias conlleva, en el ámbito de la automoción, una muy creciente demanda de litio, un material básico de las baterías de los vehículos eléctricos, que ya era también esencial para ordenadores portátiles y teléfonos móviles.
El «oro blanco» podría convertirse en un activo geoestratégico y todos los ojos apuntan estas semanas hacia Chile, país que cuenta con las mayores reservas explotables de litio, con 9,2 millones de toneladas métricas, abundante en los salares del desierto de Atacama, el más árido del mundo.
El modelo de gestión de esa riqueza es estos días objeto de discusión en el país sudamericano, que se debate entre dos sistemas, el privado y el público, tras la victoria del izquierdista Gabriel Boric en las urnas el pasado diciembre.
Un tribunal chileno ordenó el pasado 14 de enero la suspensión de la licitación para la explotación de 160.000 toneladas de litio, el 1,8 % de las reservas probadas del país, tras aceptar un recurso interpuesto por el gobernador regional de Copiapó ante la posible vulneración de artículos de la Constitución en el proceso.
Apenas tres días antes, el Gobierno del conservador Sebastián Piñera, que dejará el poder el 11 de marzo, había otorgado los derechos de operación de esos yacimientos, durante tres décadas, a la china BYM, una de las mayores empresas de vehículos eléctricos del mundo, y a la chilena Servicios y Operaciones Minerales del Norte, por un total de 121 millones de euros.
La licitación fue muy criticada por activistas medioambientales y también por la actual oposición, que señaló falta de transparencia y prisas.
«Tenemos claro que este Gobierno, al igual que la dictadura, hasta el último día trata de privilegiar a sus amigos, y en esta oportunidad a través de la extensión entre gallos y media noche de un conjunto de licitaciones para las empresas de litio», señaló la senadora democristiana Yasna Provoste.
También la Convención Constitucional, que elabora una nueva Carta Magna, criticó la decisión mientras en el seno de esa asamblea se debate el sistema económico del país y una posible evolución del modelo extractivista.
«Nos parece que es una mala noticia y me recuerda a esas leyes de amarre que se hacían a última hora cuando un Gobierno ya está dejando sus funciones», dijo el presidente electo.
Boric aboga por la creación de una Empresa Nacional del Litio, que emule a Codelco, erigida en los años 70 y que maneja un tercio del negocio de cobre de un país que produce el 25 % de ese material a nivel mundial, un mercado que aportó solo en el 2020 unos 38.000 millones de dólares (34.400 millones de euros) en ingresos a Chile.
El todavía Gobierno, en cambio, ha criticado la suspensión de la licitación y ha alertado que Chile podría ceder a China su puesto como segundo productor de litio a nivel mundial —el país ya fue superado por Australia en el 2016— debido al estancamiento del sector.
«Cada vez que queremos aumentar la producción de litio, terminamos en una pelea», lamentó el biministro de Energía y Minas, Juan Carlos Jobet.
«Esta licitación invita a empresas como socias del Estado para invertir y explotar el mineral. El Estado va a captar más del 50 % del recurso sin invertir, 1.000 millones de dólares al año durante la producción», expresó también.
La Justicia, en cualquier caso, no ha decretado la anulación, y expertos en derecho ven difícil que el proceso prospere hasta el punto de poner en jaque la licitación.