Los enemigos del pueblo

MARIA BASTIDA

MERCADOS

Ignacio Sánchez Galán, en una imagen de mayo del 2021
Ignacio Sánchez Galán, en una imagen de mayo del 2021 Ismael Herrero | Efe

26 sep 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El gabinete Sánchez aborda el problema de la crisis eléctrica como quien asiste a la ceremonia de los Óscar, con candidaturas al ganador de culpabilidad que debe ser castigado. Primer finalista, tan clásico como Murakami en la terna del Nobel de literatura, las decisiones heredadas tomadas en su día por otros, siempre otros. Sin embargo, parece difícil individualizar al actor principal de dichas decisiones, que además fueron coparticipadas por varias administraciones. Por tanto, mejor buscar otro candidato.

La segunda candidatura pone el foco en el menos popular de los finalistas: el propio ciudadano. Población irresponsable, con hábitos poco sostenibles como dormir en vez de usar la madrugada para poner la lavadora o dedicar el fin de semana al ocio en vez de a la plancha, con lujos insensatos como ducharse y comer caliente y a no optimizar la capacidad procesadora de sus tostadoras. Este diagnóstico obvia a coprotagonistas fundamentales, como las ordenanzas municipales que prohíben dedicar las horas nocturnas a lo que realmente hay que dedicarlas, a saber, tareas domésticas. Obvia también la probable repercusión en la conciliación o la corresponsabilidad en el reparto de tareas. A punto estuvimos de dar una vuelta de tuerca a Adam Smith, pasando de la división de tareas a la división de días: trabajo de lunes a viernes, lava-seca-plancha-cocina en el fin de semana, como ciudadano sostenible que debes ser. Quizá ciudadana. No sé.

Y apareció entonces el candidato con más papeletas para el triunfo: los súper villanos, inefables compañías eléctricas con hábiles consejeros convenientemente remunerados que exprimen al ciudadano y encima, vacían embalses. Un diagnóstico rápido y popular, con un premio directamente proporcional a la indignación ciudadana con la factura de la electricidad: la intervención de los beneficios extraordinarios, windfall profits, en uno de esos anglicismos que tanto nos gusta emplear. Qué más da si se crea un grave problema de inseguridad jurídica y se pone en cuestión el marco normativo de un país que pretende ser serio. Y qué si se afecta la percepción de España como país de inversión. Para qué pensar en la pérdida de valor de estas compañías, donde por cierto concurren múltiples pequeños accionistas que depositan ahí sus ahorros. Se ha identificado al culpable, carpetazo y a otra cosa.