A la difícil negociación de los Presupuestos, al Gobierno se le suma este otoño una larga lista de deberes y poco margen para hacerlos en los tiempos pactados con Europa. Cambios fiscales, nuevos ERTE, salario mínimo, contener el precio de la luz o las reformas laboral y de pensiones aguardan.
05 sep 2021 . Actualizado a las 08:51 h.El Gobierno acaba de estrenar el nuevo curso político con una voluminosa cartera de asuntos económicos pendientes y muy poco tiempo para sacarlos adelante: hasta finales de año. Porque, entre los deberes que el Ejecutivo tiene sobre la mesa a cambio de recibir la lluvia de fondos europeos con los que apuntalar la recuperación, están reformas complejas, que se suman a la no menos difícil negociación para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.
La reforma de las pensiones -su primer bloque acaba de entrar en el Congreso para su tramitación parlamentaria, aunque sus aspectos más espinosos han quedado pendientes para el 2022- o la del mercado laboral son dos de las principales exigidas por la Comisión Europea para este ejercicio. No serán, sin embargo, las únicas en las que el Gobierno tendrá que ir contra reloj.
Escollos para los presupuestos del 2022
Los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio serán los primeros de los últimos años que -salvo sorpresa- se aprobarán «en tiempo y forma». Es decir, saldrán del Consejo de Ministros antes de que expire septiembre, para iniciar después su tramitación parlamentaria y ver la luz antes de que concluya diciembre. Aunque las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos comenzaron a principios de verano y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que están «muy avanzadas», ni son fáciles ni están libres de escollos.
Así lo han evidenciado los repetidos encontronazos protagonizados durante todo el mes de agosto por los socios de Gobierno a cuenta de los más variados asuntos económicos: desde la eterna disputa para regular por ley el precio del alquiler hasta el alcance de la reforma laboral o la subida del salario mínimo interprofesional.
Pero especialmente polémicas han sido sus diferencias sobre cómo aliviar una factura de la luz desbocada, que se ha triplicado en un año, que hizo de agosto el mes más caro de la historia -un problema grave para muchos hogares- y que, además, no tiene visos de moderarse a corto plazo.
Una reforma fiscal que se retrasa
Precisamente vinculada a la aprobación de las cuentas públicas del próximo año, Podemos defiende la subida de impuestos como una línea roja irrenunciable. Sin embargo, es un asunto en el que las diferencias con el PSOE se mantienen, ya que los de Pedro Sánchez prefieren -antes de mover ficha impositiva- esperar a las conclusiones del comité de expertos creado para tal fin la pasada primavera. Sus trabajos no estarán listos hasta el próximo febrero, pero la formación morada vuelve a la carga con su pretensión de introducir en las cuentas del 2022 subidas fiscales a las rentas más altas y a las grandes empresas. Cabe recordar, por ejemplo, que subidas previstas, como el impuesto al diésel, incluido en los Presupuestos de este 2021, cayeron para lograr apoyos a las cuentas (en este caso, el del PNV).
En concreto, el bloque que capitanea la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende introducir en el pacto presupuestario el compromiso alcanzado en la OCDE para aplicar un tipo mínimo global del 15 % en el impuesto de sociedades, que grava los beneficios de las empresas, así como otras subidas y modificaciones tributarias -es el caso de los impuestos sobre el patrimonio o sucesiones- sobre las que se pronunciará el comité de expertos y sobre las que los socialistas no prevén grandes cambios al menos hasta el 2023.
Más allá de las tensiones internas, en lo que confía el Gobierno es en haber atado una mayoría parlamentaria suficiente que le permita sacar adelante los próximos Presupuestos, con un techo de gasto récord para incorporar las nuevas ayudas europeas previstas. La antesala será la petición de la ministra de Hacienda al Parlamento para activar la llamada cláusula de escape, para dejar en suspenso -como autorizó Bruselas- los objetivos de déficit también en el 2022.
Fractura a cuenta de la escalada de la luz
Un incendio con el que el Gobierno no contaba, y que ha empañado la buena evolución de los datos económicos -como el PIB y el empleo creciendo con fuerza-, es el que han provocado este verano los precios desorbitados de la luz en el mercado mayorista. Han pulverizado su récord histórico un día tras otro, sin que las medidas fiscales aprobadas hasta el momento por el Gobierno (como la rebaja temporal del IVA del 21 % al 10 %) hayan aliviado el mordisco a la cartera de los ciudadanos.
Desde las filas de Unidas Podemos han desempolvado su reclamación de crear una eléctrica pública y enfriar los precios de la electricidad fijando un techo máximo, además de sacar del mercado las tecnologías hidráulica y nuclear. Pero la respuesta de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sido una rotunda negativa a impulsar «medidas frontalmente contrarias al derecho comunitario».
Sus socios la acusan de inacción y están dispuestos a forzar -en la calle- la adopción de cambios. Una comisión de investigación y el compromiso de una tarifa eléctrica estable, para la que, sin embargo, Ribera no puso fecha, están ahora sobre la mesa.
Negociar los nuevos ERTE
Otro de los puntos de mayor trascendencia en la agenda de reformas del Ejecutivo es el diseño de los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que estarán ligados a la formación y al reciclaje de los trabajadores y que tendrán ya carácter estructural dentro de la normativa laboral española, más allá de la aplicación coyuntural que de este mecanismo de protección del empleo se ha hecho durante la crisis sanitaria.
Su diseño se abordará en paralelo a la negociación que Gobierno y agentes sociales reanudarán este mes para valorar la necesidad de prolongar una vez más -y sería la sexta en la pandemia- los ERTE vinculados a las restricciones por la pandemia, que expiran el día 30.
Hora de subir el salario mínimo interprofesional
Lo que sí está ya en marcha, pues los agentes sociales y el Ejecutivo volvieron a sentarse este miércoles tras el paréntesis estival, es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que arrancó el año congelado. Aunque elevarlo es potestad del Gobierno (no tiene que consensuarlo con patronal y sindicatos, únicamente informarles), su pretensión es hacerlo ya, pero alcanzando un acuerdo -otro más-. Sin embargo, no será fácil.
Mientras que los sindicatos reclaman una subida más que simbólica, para llegar en el 2023 al 60 % del salario medio del país (1.049 euros), como establece la Carta Social Europea que España ha rubricado, los empresarios se han plantado: advierten que provocará destrucción de empleo.
La patata caliente del retiro de la generación del «baby boom»
De entre las reformas exigidas por Bruselas para el desembolso de los fondos prometidos para la recuperación -9.000 millones acaban de llegar y se esperan otros 11.000 para antes de que acabe el año-, la de las pensiones es la que más avanzada está. Después de la foto de familia con patronal y sindicatos en julio, con la que el Gobierno se colgó una nueva medalla de consenso social, ahora toca volver a meterse en la harina de la negociación.
Porque lo pactado hasta el momento y que ahora comienza su tramitación parlamentaria con vistas a entrar en vigor en enero, no es más que un primer bloque de la reforma del sistema público de pensiones. De hecho, el trámite en la Cámara se espera complicado, pues la práctica totalidad de los grupos criticaron la reforma por «incompleta» e «insuficiente».
Sus ejes son el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, que se garantizará con la vuelta al IPC para revalorizar anualmente las prestaciones; y la sostenibilidad financiera del sistema, que se persigue promoviendo -que no imponiendo- la prolongación de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación.
Coeficientes reductores para penalizar el retiro anticipado e incentivos para retrasarlo (una subida del 4 % anual o un pago en efectivo de hasta 12.000 euros) son las fórmulas acordadas, junto con el final de las cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos.
Los puntos difíciles, en otoño
Sin embargo, para este otoño queda pendiente la parte más dura de la negociación, ya que abordará los asuntos más espinosos y en lo que las posturas de los interlocutores continúan más alejadas.
Cabe recordar que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, provocó un terremoto cuando justo antes de firmar el acuerdo del primer bloque de la reforma avanzó que, en aras de la sostenibilidad del sistema, la generación del baby boom, la más numerosa de la historia y que pondrá a prueba la resistencia financiera de la Seguridad Social en torno al 2050, tendría que escoger en el futuro entre retrasar su jubilación o tener una pensión más baja. Aunque Escrivá dio marcha atrás en menos de 24 horas -alegó que no había tenido su «mejor día»-, lo cierto es que describió el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar: el riesgo de colapso de un sistema en el que cotizantes y cotizaciones menguan frente a un cada vez mayor volumen de pensionistas y mayores prestaciones.
Así las cosas, después de derogar el factor de sostenibilidad creado en la reforma del PP del 2013, el Ejecutivo debe tener diseñado antes del 15 de noviembre un mecanismo que lo reemplace y del que nada se sabe más allá del nombre -factor de solidaridad intergeneracional-, con el que modular las prestaciones en el momento de mayor tensión para el sistema. En cualquier caso, lo que sí está decidido es que no entrará en vigor hasta el 2027.
Los otros huesos duros de roer serán la aprobación del sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos, que también se aplicará gradualmente a partir del próximo año, y el debate sobre ampliar el período de años cotizados para calcular la pensión. Porque la sostenibilidad del sistema, pese a las transferencias del Estado, sigue estando cuestionada.
Una compleja negociación con el objetivo de acabar con la temporalidad abusiva en el empleo
Junto con la reforma de las pensiones, la del mercado laboral es la otra gran exigencia de la Comisión Europea a cambio de la inyección de liquidez con la que empujar la recuperación. El calendario apremia. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió personalmente a tenerla lista antes de que concluya el año. Su homóloga de Asuntos Económicos y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, destacó que es la reforma «más urgente desde un punto de vista estructural».
Pero el clima negociador distaba de ser bueno cuando los contactos se aparcaron en vacaciones. De hecho, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, puso pie en pared y anunció que no habría acuerdo en los términos en los que Trabajo planteaba los cambios normativos, que llegó a calificar de «inaceptables».
La idea del ministerio que dirige Díaz es desmontar determinados elementos de la reforma laboral del PP (del 2012) y abordar retos que Bruselas lleva años considerando urgentes: reducir las altas tasas de temporalidad, el elevado nivel de paro juvenil o dar flexibilidad al mercado laboral para evitar despidos, a través de mecanismos como los ERTE, que han protegido más de 3,5 millones de empleos en el peor momento de esta crisis.
¿Dónde está el foco del desencuentro? Principalmente en las severas restricciones al uso del contrato temporal que quiere imponer el ministerio -supondrá su desaparición, salvo en supuestos muy tasados-. Aunque el Ejecutivo defiende que se trata de poner fin al abuso de la temporalidad, los empresarios consideran que supondrá un golpe mortal para muchos sectores económicos.
El SMI, moneda de cambio
En este escenario, la negociación sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), a la que la CEOE se opone, puede funcionar como moneda de cambio si finalmente la patronal acepta incrementarlo a cambio de que la reforma laboral se suavice. Pero eso es algo que se despejará en los próximos días.
Además de la simplificación de los tipos de contratos, impulsando el fijo sobre el temporal, la reforma laboral también regulará las subcontratas y devolverá a los trabajadores cotas de poder que habían perdido en la negociación colectiva.
Paralelamente, la ministra Calviño, que en la pasada remodelación del Ejecutivo sumó a sus competencias la de Función Pública, será la encargada de aplicar la normativa que limita la temporalidad en el empleo público y la regulación de los interinos. El decreto, que se tramitará como proyecto de ley, evidenció en el Parlamento la debilidad de un Gobierno en minoría, que únicamente logró salvar la norma como proyecto de ley a cambio de importantes concesiones. Y esta situación amenaza con repetirse para sacar adelante cada una de las reformas que reclama Bruselas.