La losa del alquiler: le come más del 40 % de la renta a casi la mitad de los jóvenes

G. Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

MERCADOS

ALBERTO LÓPEZ

El FMI advierte de que la vivienda es un bien cada vez más inaccesible, pero critica el control de precios y apuesta por imponer un impuesto sobre los pisos vacíos

07 jun 2021 . Actualizado a las 18:27 h.

El pinchazo de la burbuja hipotecaria, allá por el 2008, provocó una crisis que se llevó por delante el mercado bancario tal y como lo conocíamos entonces y que ha provocado que comprar una vivienda sea hoy mucho más difícil, tanto por las barreras al crédito para hogares con poco ahorro como por la congelación (si no caída) de los salarios en los últimos años. ¿El resultado? Que la burbuja se ha trasladado ahora al mercado del alquiler, dificultando el acceso a la vivienda especialmente a los jóvenes y a los trabajadores con rentas más bajas.

El último en poner el foco sobre el tema ha sido el Fondo Monetario Internacional, que a finales del mes pasado publicó un informe en el que llama la atención sobre la necesidad de promover un mercado accesible del alquiler como vía para evitar el crecimiento de la desigualdad tras la pandemia y acompañar el proceso de reconstrucción económica. Tras analizar la evolución de los precios de los arrendamientos y de los salarios desde el inicio de la crisis financiera, el FMI concluye que España es uno de los países donde más se ha disparado el porcentaje de hogares a los que el pago del alquiler les supone una sobrecarga financiera, al comerse más de un 40 % de su renta.

Una situación que, destaca el informe, se ceba con los trabajadores con rentas más bajas, que son además el colectivo donde más ha aumentado en los últimos años el porcentaje de inquilinos, al no tener posibilidades de adquirir una vivienda por los requisitos cada vez más estrictos que imponen los bancos para la concesión de hipotecas. Una exclusión que los penaliza doblemente: no solo deben dedicar una porción cada vez mayor de su salario al alquiler, sino que ello les impide ahorrar lo suficiente para reunir la entrada de una piso y beneficiarse de los tipos históricamente bajos de los préstamos hipotecarios, que gracias a la política expansiva del BCE han reducido el coste de la vivienda para los hogares que tienen su casa en propiedad.

Dentro de estos trabajadores de rentas bajas, los más castigados son los jóvenes. Cerca de la mitad de los españoles menores de 30 años que viven de alquiler tienen que dedicar al menos cuatro de cada diez euros que ingresan a pagar vivienda, el tercer mayor porcentaje de la veintena de países analizados, solo superado por Noruega y Grecia.

El problema no está tanto en las rentas de los pisos, que ya eran altas durante los años de la crisis financiera (aunque es cierto que han seguido creciendo en los últimos años, especialmente en las ciudades y en zonas antes poco tensionadas como Galicia), sino especialmente en los bajos salarios.

A estos factores, comunes a otros muchos países, se añaden dos particularidades propias del mercado español del alquiler. Por un lado, ayudas al alquiler muy escasas (los recortes de la anterior recesión acabaron con el último plan a gran escala de incentivos, la renta básica de emancipación) y, por otro, un parque de vivienda social de dimensiones muy reducidas, que «las autoridades españoles planean aumentar, también con la movilización de suelo público y la colaboración con inversores privados», apunta el documento.

No al control de precios

Hecho el diagnóstico, el FMI aborda las posibles soluciones. Y, según su análisis, el control de precios no sería una de ellas. No solo porque se corre el riesgo de que la medida solo beneficie a aquellos inquilinos que ya tienen un contrato firmado (especialmente si lo que se limitan son las revisiones anuales de la renta y no el coste por metro cuadrado), sino porque «no hay una evidencia clara de que los controles de las rentas hayan llevado a alquileres más asequibles, sino que más bien parecen haber reducido la oferta de vivienda». Un análisis en el que también coincide la OCDE, que en otro estudio reciente recuerda que España tiene una de las regulaciones del alquiler más estrictas de Europa, por lo que endurecerlo, advierte, podría afectar a la movilidad de inquilinos y reducir el parque de vivienda que está en el mercado, «sin beneficiar necesariamente a aquellos hogares de mayor necesidad».

Por lo que a su entender sería mucho más efectivo un impuesto que penalice a los propietarios de pisos vacíos, para espolearlos a ponerlos en el mercado. Destaca el FMI que esta medida se ha aplicado ya antes con éxito en países como el Reino Unido, Irlanda, Israel o Francia, consiguiendo en este último caso reducir en casi un 13 % la cifra de casas deshabitadas en tan solo cuatro años.