La crisis aumentó la dualidad del mercado laboral, agravando la situación laboral de los jóvenes: uno de cada cuatro menores de 25 perdieron el trabajo
03 may 2021 . Actualizado a las 10:10 h.Al igual que ya ocurrió en el 2008, la crisis derivada de la pandemia no ha golpeado por igual a todos los trabajadores. Aunque el salvavidas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) evitó la destrucción de más de 3,6 millones de puestos, la demora en su despliegue, que tardó casi dos semanas desde la declaración del estado de alarma, no logró contener la hemorragia de despidos en los primeros días del confinamiento, que afectó con especial crudeza a los trabajadores con contratos temporales. Y, un año después, los efectos de ese ajuste todavía se notan.
Al cierre de marzo, la cifra de afiliados a la Seguridad Social se mantenía aún por debajo de la barrera de los 19 millones, con 329.327 cotizantes menos que en febrero del año anterior, justo antes del estallido de la pandemia. Sin embargo, si se entra en el detalle de la estadística se puede comprobar que la pérdida de empleo se ha cebado con los colectivos más desprotegidos del mercado laboral: los jóvenes y los asalariados precarios. De hecho, la afiliación entre los eventuales se redujo en 334.732 personas, mientras que entre los indefinidos creció en casi 10.000. Eso significa que toda la destrucción de empleo neta en el primer año de la pandemia se ha concentrado entre los trabajadores temporales.
Una tendencia que se replica de forma casi milimétrica en Galicia, donde se perdieron casi 17.800 puestos eventuales, mientras que el saldo de indefinidos dentro del régimen general de la Seguridad Social (esto es, dejando fuera los más de 200.000 autónomos de la comunidad y los cerca de 30.000 que cotizan dentro de los sistemas agrario y de empleados del hogar) creció en más de 5.160.
Pero la cuestión clave no es, o al menos no solo, el tipo de contrato. Hay otro factor igual de determinante: la edad. Uno de cada cuatro menores de 25 años con empleo al comienzo de la pandemia perdió su puesto en el 2020. Todo lo contrario a lo que ocurre con los mayores de 50 años, que pese a haber estado mucho más castigados en el terreno sanitario han salido indemnes en lo laboral: no solo han recuperado ya los niveles de ocupación previos a la pandemia, sino que los han superado, con casi 115.000 cotizantes más por encima de esa edad.
La dualidad se agrava
Se confirma así que la crisis no ha hecho sino acentuar uno de los mayores males del mercado laboral y, en general, de la economía española: la dualidad. Porque la desigualdad entre dos grupos de trabajadores (uno, el de los indefinidos, mucho más protegidos por su antigüedad y el blindaje de unas mayores indemnizaciones por despido; y otro, el de los temporales, más expuestos a ser las primeras víctimas en caso de un recorte de plantilla) no solo afecta a las condiciones laborales, sino que tiene efectos relevantes en la productividad de las empresas e incluso en la organización del sistema sindical y político, ya que el mayor peso electoral (y la mayor movilización) de los trabajadores más protegidos los dotan de una especial protección cuando hay que tomar decisiones en ámbitos delicados, como la fiscalidad, la regulación laboral o el sistema de pensiones, como se acaba de comprobar con la marcha atrás dada por el Gobierno en su intención de compensar los años de caída de la inflación en futuras subidas de las prestaciones.
Unificar ese mercado laboral a dos velocidades es uno de los deberes que la Comisión Europea le ha puesto al Gobierno español para acceder a los fondos de recuperación. «La economía española sufre debilidades estructurales antiguas, que la pandemia ha hecho aún más visibles», apuntó el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, que se refirió explícitamente a la necesidad de «atajar la dualidad del mercado de trabajo y los muy elevados niveles de desempleo juvenil».
A falta de que el Gobierno desgrane la letra pequeña de la reforma laboral que remitirá a Bruselas, las líneas maestras que ya ha esbozado apuntan a una simplificación de las modalidades de contratación con solo tres tipos de relación laboral: una estable, otra temporal y otra de formación. Se busca desterrar los abusos en los contratos por obra y exigir una causalidad clara en los temporales.
Otra de las claves pasa por la penalización de los contratos de muy corta duración. De los más de 728.000 contratos firmados en Galicia en el año de la pandemia, solo uno de cada veinte fueron indefinidos, mientras que uno de cada cinco eran para empleos de menos de una semana. Y no es que los puestos para los que se firmen sean tan efímeros. En la mayoría de los casos lo que sucede es que se da de baja a los trabajadores el viernes para volver a contratarlos el lunes, evitando así la empresa pagar el descanso semanal, y lo mismo ocurre con las vacaciones. Una práctica «intolerable» a juicio del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que atribuyó ese bum de precariedad a la facilidad que ahora tienen las compañías para abrir y cerrar contratos por medios telemáticos: «Está posibilitando estos usos no aceptables que llevan aparejados un nivel de desprotección de los trabajadores».
Para erradicar estos contratos exprés, Escrivá apuesta por establecer una penalización en forma de mayor cotización para las empresas que abusen de esta fórmula.