El «brexit» y sus primeros impactos: pésimo negocio para el Reino Unido

La salida de la UE ha reforzado y facilitado la consistencia interna de los países miembros: el plan de choque contra la pandemia, de 750.000 millones, hubiera sido inalcanzable por las objeciones de los representantes británicos; el Ejecutivo de Johnson, lejos de recuperar soberanía en aspectos clave cuyas competencias ya ejercía, ha perdido la oportunidad de llegar a acuerdos.


El abandono del Reino Unido de la Unión Europea ha servido para explicar a la ciudadanía europea las reglas de funcionamiento de la UE, incluso aquellas más técnicas (unión aduanera, exigencias de certificaciones, presentación de controles de conformidad, cuotas tarifarias, reglas de equivalencia y de origen, por ejemplo). También ha contribuido para contextualizar la indivisibilidad de las cuatro libertades existentes en Europa (la libre circulación de bienes, de servicios, de capitales y de personas). Y, finalmente, se ha fortalecido la necesidad de la armonización de las normas europeas y la defensa de una leal competencia interna. Estos tres rasgos fueron continuamente subrayados por el representante comunitario, Michel Barnier, a lo largo de las rondas negociadoras con los ingleses.

Si se tuviera que resaltar lo positivo de la negociación diría que la UE evitó la existencia de una división entre Estados miembros que hubiera significado una situación de fragilidad en las posiciones de negociación ante Londres. En segundo término, que la UE siempre se mantuvo firme en defensa de la cohesión interna alrededor de la estrategia de negociación. Y, en tercer lugar, que tanto el procedimiento de negociación como el texto final se aprobaron sin demora por parte del Consejo. Podríamos decir, por lo tanto, que la UE ha combinado secreto y transparencia, haciendo valer la presión de la sociedad civil con los posibles precedentes para futuras negociaciones. Al mismo tiempo, también ha establecido nuevos cauces en lo tocante a las exigencias de disciplina en la aplicación de las normas comunes, con el objetivo de evitar los riesgos y las continuas excepcionalidades. Seguramente, se podrá afirmar que la UE ha asegurado la consolidación de los diferentes aspectos claves de los principios comunitarios y de los marcos negociadores.

Viene a cuento esta introducción para poder hacer un análisis comparativo con la posición mantenida por el Gobierno de Boris Johnson. En el Reino Unido cada día aparecen estudios y análisis, el de la London School of Economics o el del Banco de Inglaterra, que continúan advirtiendo que lo logrado es un acuerdo perjudicial para la economía británica; que evidencia numerosas incongruencias a la luz de las proclamas del primer ministro; y que llama la atención de los distintos criterios que fueron avalando decisiones políticas, la mayoría de ellas no deseables, ni aconsejables.

escaso margen

Así, por ejemplo, ningún gobierno, ni político responsable deja tan pocos días para que las empresas y las personas se tengan que adaptar a las complejidades de una nueva situación. Todo ha generado dudas, incertidumbres y problemas adicionales. En segundo lugar, la salida del Reino Unido de la UE ha facilitado y reforzado la consistencia interna de los propios países miembros. Ya no hay que esperar a que el representante británico de turno ponga objeciones o plantee excepciones a los acuerdos. Se responde de manera inmediata a las repercusiones de la pandemia, aprobando, con suma celeridad, el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el de los 750.000 millones de euros, que con el Reino Unido dentro de la UE sería inalcanzable. En suma, el texto final permite subrayar que el Reino Unido no ha conseguido un acuerdo en igualdad de condiciones, sino que ha tenido que hacer concesiones y, sobre todo, desmonta aquellas ilusiones y discursos de «ganancia» manifestadas en las conferencias de prensa de Johnson.

La economía del Reino Unido es alrededor del 20% de la UE. Las exportaciones británicas a la UE representan el 46 % del total de su comercio exterior; en tanto que las exportaciones comunitarias al Reino Unido solo se cifran en el 13 % del total. O sea, fuerte desequilibrio, que evidencia una alta dependencia británica de los mercados comunitarios sin que en el acuerdo se estipulen acciones que permitan reequilibrar sus políticas. En este sentido, la UE tiene mayor poder de intimidación; o sea, el pacto fue asimétrico, pero en favor de la UE y el poder está, más bien, en manos de los comunitarios. Un ejemplo de ello, es la dependencia energética: el Reino Unido importa entre el 5-10% de la energía eléctrica y el 12% de las necesidades de gas de la UE. Otro ejemplo, todas las ventas del Reino Unido a la UE deberán estar visadas por las «reglas de origen», con lo que se dificultarán las exportaciones británicas y su libre circulación entre los países comunitarios, permitiendo a los europeos poder sustituir fácilmente sus productos por otros. Es decir, el acuerdo final da lugar a la existencia de una frontera aduanera y reguladora por lo que las mercancías estarán sujetas a controles y nuevas comprobaciones.

No es cierto que el Reino Unido haya reconducido su soberanía a los aspectos relacionados con la defensa, educación, vivienda, salud, desarrollo regional, inversión pública o bienestar. Antes del acuerdo, cualquier país de la UE ya poseía competencias sobre dichas materias. Por tanto, ni hubo recuperación de poder, ni soberanía, por parte de los británicos; sino todo lo contrario. Han perdido oportunidades de hacer acuerdos, de vivir, de estudiar o de trabajar en los países de la UE. O sea, un mal negocio, se diría en las tertulias de un bar o de un pub. Que además, se ve amplificado, por el reciente acuerdo entre la UE y China.

Tampoco con respecto a la inmigración los británicos recuperan los controles. Lejos de la realidad. Todos los movimientos estarán sujetos a la legislación de inmigración en cada territorio. La inmigración neta británica fue de marzo-2019 a marzo-2020, de 374.000 personas y la de la UE de 58.000 ciudadanos. Corolario, los británicos pierden atractivo y se someten a los programas de exención de visados y a las normas de cada EEMM sobre el derecho a trabajar y vivir en un país de la UE.

Boris Johnson dejó para el final de la negociación el debate sobre la pesca y los servicios financieros. Creyó que al defender la «soberanía de sus aguas» ganaba enteros entre su población. Nada más lejos de sus pensamientos. La pesca representa el 0,03 % el PIB en el Reino Unido; y los servicios financieros de la City suman más del 8 % del PIB británico. Por tanto, no supo defender correctamente sus ventajas comparativas, sino que aceptó un acuerdo bastante peor para los servicios y dejó para dentro de cinco años y medio los ajustes pesqueros.

Abandonar el mercado único supone aceptar que las decisiones se basarán en lo que se denomina «equivalencias»; obligando no solo a una nueva negociación para los servicios financieros, sino a proceder a intercambiar el «pasaporte financiero» por un nuevo régimen de equivalencias que implique equilibrios entre normativas y estándares.

Finalmente, el acuerdo final abre una fuerte disputa interna a nivel territorial, tanto en lo que respecta a la frontera con Irlanda y al papel de Escocia. En ambos casos, si se aplicaran los principios de subsidiariedad empleados por Johnson, este empezaría a sufrir con su propia medicina, ya que Escocia quiere una consulta para ser de la UE, y en Irlanda del Norte se aplican las normativas comunitarias. O sea, tendría que admitir excepcionalidades y discriminaciones dentro de su propio espacio territorial.

Corolario final, como se ha visto estos último días, la decisión de salir y la persistencia en abandonar la UE fue un grave error, una falta de cordura y una cesión al idealismo soberanista que van a pagar, de inmediato, los británicos. Los nuevos intentos por desmontar lo firmado, la aplicación torticera del acuerdo y la aplicación unilateral de los acuerdos no dejan en buen lugar ni a la diplomacia inglesa, ni a su primer ministro. Si se comprueba, la transgresión continua y la violación del derecho internacional no es la mejor manera de actuar. Como dice algún amigo, ¡que la Reina, los coja confesados!.

Fernando González Laxe. Catedrático de Economía Aplicada. Universidade da Coruña

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