Galicia llega más desahogada a esta crisis, pero su factura asciende a 11.971 millones de euros
22 nov 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El día en que los gallegos comenzaron a salir de sus hogares tras casi tres largos meses de confinamiento lo hicieron con un recibo extra en su bolsillo de 656 euros. Es la deuda per cápita que acumuló la Administración autonómica solo en los seis primeros meses del año a consecuencia de la pandemia. Cuando la economía entra en coma y los gastos de mantenimiento no desaparecen, no hay otra alternativa: hay que endeudarse.
Galicia ya debía a mitad de año un total de 11.971 millones de euros. Hasta 11.315 de ellos heredados de una década viviendo de prestado. Ni siquiera con la recuperación la comunidad fue capaz de revertir la tendencia. «Desde el 2008 seguimos sin hacer los deberes, con un patrón de crecimiento que no sabemos muy bien a qué se debe y sin saber qué queremos ser de mayores. Llevamos 12 años perdidos», señala el economista y decano de la facultad de Administración e Dirección de Empresas de la USC, Roberto Bande, quien cree que solo saldremos con un plan sólido a largo plazo para la modernización de las estructuras productivas de la comunidad. Se acabó la época de soltar dinero para poner bonitas las casas rurales: «hay que darle un revolcón a la economía, para ser capaces de ser mucho más productivos y competitivos», sostiene. Pero la mochila de deuda pesa y surgen muchas dudas: ¿quién, cuánto y cómo pagará el coste de esa transición? ¿Nos lo podemos permitir con los actuales niveles de deuda?
Hipoteca histórica
El patrón se repite a lo largo de toda la geografía española. En solo nueve meses, el Estado ha tenido que pedir prestados 120.000 millones de euros (para el conjunto de sus Administraciones), empujando la deuda pública del 95,5 % del PIB hasta el 114,1 %: «Es su valor más alto de los últimos cien años», sostiene la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Una hipoteca centenaria que heredarán las próximas generaciones porque cuando tienes que hacer frente a tantos reembolsos (28.349 millones de euros solo en intereses en el 2019), apenas queda espacio para la inversión, una palanca clave del crecimiento.
En el mejor de los casos, España no cumplirá con el objetivo del Pacto de Estabilidad (deuda en el 60 % del PIB) hasta mediados de siglo. Podíamos haber llegado con algo de más pulmón, pero en la época de vacas gordas (crecimiento del 3 % anual y tipos de interés muy bajos) apenas se ajustaron los desequilibrios de las cuentas: «Si se hubiera cumplido la senda de reducción de la deuda prevista, esta crisis se podría haber afrontado con algo más de margen», admite el organismo. No es ningún secreto. La Comisión Europea lleva años advirtiendo a España de la necesidad de contar un colchón para poder amortiguar cualquier shock en la economía. Por ahora sus recomendaciones son dos: no retirar los estímulos fiscales antes de tiempo (seguir endeudándose) y diseñar un plan de ajuste fiscal a medio plazo para garantizar que se puede devolver la deuda y que no moriremos asfixiados bajo montañas de facturas si se endurecen las condiciones de financiación, caemos en depresión o aumenta el gasto en prestaciones debido al envejecimiento de la población. «De aquí a dos o tres años podría empezar la consolidación fiscal y va a ser duro», sostiene Bande. Confiesa que a muchos expertos no les salen las cuentas del Gobierno: «Habrá que recortar gasto y aumentar impuestos, no solo a las rentas más altas. Hay muchos economistas que siguen diciendo que vamos a tener que subir la recaudación de tramos del IRPF, el impuesto de sociedades, el IVA...». Las cuentas del Ejecutivo español para el 2021 son un espejismo. Más si se tiene en cuenta que incluyen subidas del 0,9 % para los pensionistas -los jubilados perciben de media un 51 % más de lo que les correspondería, según actuarios-, y los funcionarios públicos, quienes cuentan en esta crisis con un entorno de mayor estabilidad laboral. Por eso esta misma semana el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, le dio un tirón de orejas al Gobierno: «España afronta un nivel de deuda pública alto y tiene que ser particularmente cuidadosa en torno a la sostenibilidad a medio plazo de sus cuentas», deslizó el letón.
Lo mejor que pueden hacer los españoles es encomendarse a una recuperación rápida y a los fondos europeos. Pero los rebrotes de la segunda ola y los retrasos en la UE para ratificar y poner en marcha el Next Generation EU (fondo de recuperación europeo) no hacen presagiar un 2021 tan optimista como el que proyectan las previsiones del Gobierno. El Ejecutivo comunitario reconoció el pasado miércoles que, a lo sumo, España solo verá 6.400 millones de euros de los 27.000 millones que el presidente Pedro Sánchez había incluido por adelantado en los presupuestos. La diferencia (26.600 millones) habrá que sufragarla con más deuda.
Disciplina gallega
¿Qué pasará con los recibos de los gallegos? El economista miembro del Foro Económico de Galicia, José Manuel Sánchez Santos, asegura que cuentan con más colchón que la media de sus vecinos: «El hecho de que la situación de partida sea relativamente favorable, junto con las previsiones de tipos de interés próximos a cero, o incluso negativos, para un horizonte temporal relativamente largo, contribuye a un margen mayor para el aumento de la deuda, sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas autonómicas». Y apunta bien. Galicia llega más desahogada a la crisis. Es la decimotercera comunidad menos endeudada (19,6 % del PIB) de España, donde la Comunidad Valenciana (46 %), Castilla-La Mancha (38,7 %) y Cataluña (35,9 %) lideran el furgón de las menos disciplinadas. A pesar de no haber sido especialmente responsables con las cuentas, recibirán más inversión del Estado en el 2021 para compensar su estrecho margen de endeudamiento. Galicia sufrirá una merma del 11 %. «Está generando un problema de incentivos incorrectos porque se premia al mal gestor», lamenta Bande.
Larga digestión
¿Cuánto tiempo tardará la región en digerir la factura? «En el caso de Galicia, regresar al nivel del 2019 también requeriría al menos una década», señala Sánchez Santos, con cifras de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). No obstante, podría adelantarse si la administración central absorbe buena parte de las necesidades de financiación a través de sus mecanismos extraordinarios. En cualquier caso, solo se reducirá si la financiación se emplea en lo que se debe: «La deuda solo será sostenible si se destina a fines productivos [...] Entre los destinos prioritarios deberían estar la sanidad, la educación, las infraestructuras cruciales para la producción, la investigación y, más concretamente, proyectos que mejoren la transición energética, los procesos de digitalización y políticas que eviten aumentos en la desigualdad», subraya Sánchez Santos, quien no cree que el Ejecutivo autonómico se vea tentado a privatizar servicios: «No lo creo y espero que no sea así. Entre otras razones porque no está demostrado que salga más a cuenta privatizar la provisión de determinados servicios públicos».
