No podemos culpar al covid-19


El futuro laboral de los jóvenes está de nuevo en peligro. Cada crisis económica, y llevamos dos «crisis del siglo» en 12 años, revela la debilidad de nuestro mercado laboral y se ensaña especialmente con los más jóvenes. Trabajadores sobradamente preparados y formados que no tienen oportunidades de incorporarse al mercado laboral porque el momento de hacerlo coincidió con una depresión económica que les ha impedido encontrar su primer empleo y, con ello, la necesaria experiencia. Un hecho que expulsó a muchos jóvenes universitarios al otro lado de nuestras fronteras para buscar mejor fortuna laboral en el extranjero. La repetición de este éxodo masivo de jóvenes sería el peor escenario al que podríamos vernos abocados: un hecho traumático para las familias y para el capital humano de nuestra economía, cuya reiteración nos abocaría a un largo período de oscuridad social.

Sin embargo, de este sombrío futuro para las nuevas generaciones no podemos culpar al covid-19. Doce años han pasado de la Gran Recesión y mientras muchos países se recuperaron relativamente rápido, en España, seguíamos sufriendo sus efectos. Nunca, ni siquiera cuando se hablaba de «brotes verdes» y de recuperación económica, se hizo un verdadero esfuerzo para asegurar el retorno de todos los emigrantes españoles de inicios de los 2010.

Mientras países como Alemania ajustan su jornada de trabajo -y realizan actualmente propuestas para reducirla todavía más con el objetivo de repartir el trabajo y de mejorar las expectativas de incorporación de los jóvenes-, en España seguimos con una de las jornadas efectivas de trabajo más largas de Europa. Mientras en Estados como California, lugar de origen de la mayoría de empresas digitales, regulan para asegurar los derechos laborales de los trabajadores de plataformas -mayoritariamente jóvenes-, en España se lucha en los juzgados para que los jóvenes que reparten comida a domicilio en bicicleta -y que lo hicieron durante los momentos más duros del confinamiento como servicio esencial-- tengan derecho a un salario mínimo y a la prevención de riesgos laborales.

De esta forma, desde los jóvenes más formados hasta los menos, la mayoría sufren alguna forma de precariedad o inseguridad laboral que difícilmente les permite iniciar su vida adulta. Y eso sin profundizar en otros problemas como el precio de la vivienda o el alquiler. Si se quiere evitar una o dos generaciones perdidas en nuestro país, parece necesario empezar a tomar medidas. No hay tiempo que perder.

Adrián Todolí es Doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad (Univ. Valencia).

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