La reforma fiscal (y no es la única) que se avecina


Los que nos dedicamos al estudio de la fiscalidad llevamos décadas reclamando la necesidad de que el Gobierno de España realice una reforma fiscal en condiciones. No se trata que el ejecutivo de turno introduzca modificaciones tributarias mínimas y que las venda como si fuera un gran cambio fiscal. Es necesario ir más allá.

El sistema fiscal español presenta importantes limitaciones que no permiten que se desarrolle todo su potencial recaudatorio sobre aquellas bases imponibles y contribuyentes que debieran soportar una mayor presión tributaria. Es evidente que el que más capacidad económica demuestra (renta ingresada, renta acumulada o gasto) tendría que contribuir más. Esta necesaria reforma fiscal integral debería abordar los graves problemas de suficiencia y equidad que tenemos en España a la hora de aplicar los impuestos y establecer más y mejores medidas que combatan la economía sumergida y el fraude fiscal, una lacra de nuestro sistema tributario.

La población española así lo reclama. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), casi el 80% de los entrevistados son de la opinión de que los que más capacidad fiscal tienen, no son lo que más aportan al erario público. Además, la población española manifiesta que se hace poco para combatir el fraude fiscal; lo cierto es que medidas como la regularización fiscal extraordinaria (más conocida como amnistía fiscal) nada ayuda a eliminar esta sensación de impunidad fiscal que parece existir para algunos contribuyentes.

Durante los últimos años se ha estado vendiendo que los impuestos directos se han reducido, pero esto ha sido a costa de un incremento notable de la presión fiscal indirecta. Desde luego, rebajar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a costa de incrementar la presión fiscal del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), no es lo mejor para mejorar la progresividad impositiva. Además, los impuestos indirectos crean «ilusión fiscal». Y no hace falta ser un sesudo experto fiscal para darse cuenta de lo anterior.

Lo anterior es incluso más problemático cuando la rebaja de impuestos directos es claramente mayor para las rentas más elevadas, pero solo se publicita la rebaja fiscal media. Por otra parte, las continuas modificaciones del Impuesto sobre Sociedades, han provocado que este tributo recaude ahora la mitad de lo que se obtenía hace 15 años, y que las grandes empresas paguen cantidades irrisorias si comparamos su esfuerzo fiscal con el soportado por las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). A lo anterior hay que añadir la escasa contribución de las grandes corporaciones internacionales que ingresan una cantidad testimonial, aunque realicen en España una parte importante de sus ventas y servicios. Finalmente, la recaudación vía IVA se aproxima mucho a la obtenida por el IRPF y esto implica una profunda reflexión sobre a donde vamos a nivel fiscal. Algo no funciona bien, desde hace años, en España en materia tributaria.

En efecto, haría falta recuperar la capacidad fiscal directa de nuestro sistema fiscal. Los impuestos directos son los más justos, puesto que en su ADN tributario figura que, quien más capacidad fiscal tiene, debe contribuir más. Algo que desde luego no está presente en los impuestos indirectos, como el IVA. Sin embargo, en los últimos años se ha avanzado justamente en el camino contrario.

Además, no podemos obviar que la reforma fiscal va a venir impuesta desde la Unión Europea, aunque se quiera ofrecer la imagen de que es algo que se lleva años diseñando. En efecto, los más de 72.700 millones de euros en ayudas directas (de un total de 140.000 millones) que vienen de camino no son «a fondo perdido». Va a ser necesario hacer concesiones.

Las autoridades europeas ya han avisado al ejecutivo español que debe iniciar el proceso de consolidación fiscal lo antes posible, para evitar llegar a tasas de déficit público respecto al PIB de dos dígitos, como sucedió en 2011. La verdad es que hay motivos para preocuparse, puesto que la pérdida de recaudación y el incremento del gasto público para combatir los efectos económicos del covid-19 han quintuplicado el déficit. Sin contar con los datos de las Entidades Locales, aún no disponibles, el déficit público en mayo se situaría en el 4,2% del PIB frente al 2,8% de 2019. Y lo peor está por llegar, puesto que el ejecutivo central ha estimado que se situará en un 10,3% en los próximos meses.

Además, me temo que Bruselas no solo quiere una reforma fiscal, sino que va a exigir más, mucho más. En concreto cambios en materia de pensiones que frene el aumento del gasto de esta partida (aviso para navegantes: todo parece indicar que en el futuro las pensiones públicas se deberán complementar con instrumentos de previsión social complementarios) y también una nueva reforma laboral. Como señala tan acertadamente el sabio refranero español «nadie da duros a cuatro pesetas». Agárrense, que vienen curvas, nadie nos va a regalar nada.

Alberto Vaquero García. Profesor Titular de Economía Aplicada. Grupo GEN de investigación- Universidad de Vigo

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
0 votos
Comentarios

La reforma fiscal (y no es la única) que se avecina