Cara y cruz sobre el estado de la desigualdad en Galicia

La comunidad gallega es la cuarta que más ha reducido las tasas de riesgo de pobreza en la última década, junto a Baleares, País Vasco y Castilla y León, pero los indicadores muestran una feminización del problema; la pobreza severa, por debajo de la media nacional, engloba a 128.000 personas

La pobreza todavía afecta a muchas personas
La pobreza todavía afecta a muchas personas

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, advertía hace unas fechas en el Financial Times sobre las amenazas que genera un incremento de la desigualdad de las rentas. Lo explicaba afirmando que no solo los niveles de percepción de los ciudadanos subrayaban la alta preocupación por la cuestión, sino que la misma población apuntaba que dicha tendencia constituye un problema relevante en la actualidad. El coeficiente de Gini (el que mide la proporción entre la población y la riqueza) se incrementó cinco puntos a lo largo del período 1990-2012; lo que significó que el 1% de la población más rica captura, en promedio, el 10 % del total de las rentas (pudiendo llegar hasta el 20 % en Estados Unidos o en la India). En contraste, el conjunto de las clases medias recibe un 2 % menos de lo que obtenía en 1990.

La ciencia económica siempre estuvo abierta a este debate. Por un lado, se discutía sobre la compatibilidad entre el crecimiento y la desigualdad. Y, de otra parte, hay una amplia controversia sobre las variables utilizadas para medir los niveles de desigualdad. Respecto al primer asunto, los defensores del pensamiento liberal creen que el crecimiento conduce a una menor desigualdad, ya que la riqueza generada en los estratos de renta alta se derramará hacia las rentas medias y bajas, generando una tímida convergencia. Por su parte, los adscritos a pensamientos más socialdemócratas argumentan que el continuo crecimiento, sin regulaciones efectivas, conlleva a una desigualdad creciente que, además, es desestabilizadora para la sociedad. La entrada en escena de los nuevos trabajos de Piketty, Zucman, Milanovic o Amartya Sen, contribuyeron a dar vida al debate y, hoy en día, las tesis y antítesis llenan las revistas especializadas.

Respecto a las controversias sobre la metodología de la medición de los niveles de la desigualdad, el debate se centra en como cuantificar la variable “riesgo de pobreza”. Para unos, es un concepto impreciso, que no mide nada; sino que simplemente indica la posición relativa de esa persona en una escala de rentas. Para otros, sin embargo, subraya una demarcación, que permite segmentar a la sociedad en estratos o deciles con objeto de distinguir los que se encuentran en riesgo de pobreza y los que no lo están.

La referencia

Todos los estudios definen a las situaciones en riesgo de pobreza cuando la renta de las personas o del hogar se encuentre por debajo de un determinado umbral; normalmente el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo. En España, se sitúa en 8.871 euros al año, equivalente a 793 al mes. Recordemos que la mediana es la variable estadística que representa aquel nivel de ingresos por encima del cual se encuentra la mitad de la población, situándose por debajo de dicho nivel, el otro 50%.

Hay otros indicadores utilizados en los estudios sobre desigualdad. Son los parámetros referidos a la situación de privación o de carencia material severa (PMS), que viene enmarcado cuando en un hogar, los miembros del mismo no pueden permitirse disponer de algunos de los conceptos relacionados con las necesidades básicas, con el acceso y condiciones de la vivienda, y con las opciones de consumo. También se utiliza otro índice, el denominado de baja intensidad laboral en el hogar (BITH), que engloba a las personas cuando la relación entre el número de meses trabajados efectivamente por todos los miembros del hogar y el número de meses que en teoría podrían trabajar todas las personas en edad de trabajar, es inferior a 0,2.

Ateniéndonos, en consecuencia, a estas definiciones, los últimos trabajos, publicados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, subrayan varias características clave para Galicia. Para el año 2018, el 23 % de la población gallega está en riesgo de pobreza. Los índices han mejorado en los últimos años, pero seguimos manteniendo unos niveles por debajo de los promedios españoles. En suma, somos la cuarta comunidad que más reduce las tasas de riesgo de pobreza en la última década, tras Baleares, País Vasco y Castilla-León. Pero, llama la atención que los indicadores muestran una elevada feminización de la pobreza, al constatar que son más elevadas las tasas de pobreza en las mujeres que en los hombres.

En lo tocante a la pobreza severa (aquellas personas que viven en un hogar con ingresos inferiores a la mitad de lo que supone estar en riesgo de pobreza), la tasa alcanzó al 4,8% de la población. Como noticia buena es que se redujo en el último ejercicio y está por debajo de la tasa media nacional. Sin embargo, la tasa aumentó 1,4 puntos a lo largo del período 2008-2018; contabilizándose un total de 128.000 personas en dicha situación. Finalmente, en lo que hace referencia a la población con baja intensidad en empleo en el hogar (BITH), las cifras contabilizan al 11% de la población menor de 60 años, un total de 206.000 personas. Estas magnitudes son menores que años atrás, pero los datos subrayan que son superiores a los promedios nacionales.

Bajas pensiones

El conjunto de todos estos parámetros tiene mucha vinculación con las personas mayores de 65 años. Es decir, está muy relacionado con los importes percibidos de las pensiones. En la medida que éstas, las pensiones, son bajas (las de viudedad en Galicia son muy reducidas), las recientes investigaciones reflejan que el 42,8% de todas las pensiones; y, concretamente, el 52,3% de las de viudedad están por debajo de los umbrales de pobreza. Y, asimismo, el 11,9% del total de las pensiones están situadas por debajo de los límites de la pobreza severa. Es evidente, por lo tanto, que la situación no es halagüeña, porque estamos hablando de la existencia de 327.577 personas en situación de pobreza y de 90.957 ciudadanos gallegos en pobreza severa.

Respecto a las desigualdades existentes en Galicia se ha producido un continuado aumento de las mismas. La desigualdad económica se mide por medio de deciles; es decir, porcentajes iguales correspondientes al 10% de la población. Bajo estos cálculos, una distribución equitativa de la renta implicaría que cada decíl tendría un 10% de la renta. Sin embargo, en el caso de Galicia, el decil 1 (aquél porcentaje de la población que posee los menores niveles de renta, los inferiores a 6.106 €), concentran el 8,8% del total de las personas totales; y con una tendencia creciente, aunque cada vez más atenuada. En tanto que el decil 10 (los más ricos, con mínimos de 29.768 €), capturan el 9,9% de las personas; mostrando una tendencia al alza, y más intensa. El significado de estos datos es el siguiente: se incrementa la polarización a favor del grupo de los más adinerados y se abre una gran brecha en la distancia entre los ricos y pobres. Dicho de otra forma, aumenta el número de ricos y disminuye la capacidad adquisitiva de las clases medias.

En suma, el incremento promedio de la renta media no afectó a todos los estratos de población por igual. El grupo perteneciente a los mayores niveles de rentas continúa creciendo, agigantando su brecha al registrar incrementos de un 3% en el número de personas que pertenecen al mismo. Pero lo llamativo es que el grupo de personas y hogares con niveles de renta bajas es todavía muy elevado (el 17%), lo que supone aseverar que la actual dinámica de crecimiento no es equitativa.

Las recomendaciones son obvias: evitar que las brechas sean más profundas y que lleguen a escindir a la sociedad, estratificándola por rangos extremadamente diferenciados y distantes. Investigadores muy serios, como Zucman y Sáez, al igual que el premio nobel Stiglitz sugieren abandonar las tesis de la economía del goteo (aquellas que subrayan políticas gradualistas) y apuestan por reformas y transformaciones drásticas dentro de una democracia sólida y robusta. Otro premio nobel, Krugman, apunta que es preciso huir de las ideas zombi (aquellas que van dando tumbos). En lo que sí hay acuerdo, es que se necesita una mayor inversión pública en educación, salud y protección medioambiental, tanto para combatir la desigualdad existente como para prevenir incrementos futuros de la misma. Y ello no será fácil para aquellos gobiernos cuyos países se encuentren muy endeudados o para aquellos que no sepan definir sus proyectos para el futuro.

 Fernando González Laxe es catedrático de Economía Aplicada en la Universidade da Coruña y miembro del Foro Económico de Galicia.

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