El país levanta el veto para extraer mineral en seis ríos amazónicos pese a las críticas de la oposición y de grupos ecologistas
28 jun 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El régimen de Nicolás Maduro ha puesto sus ojos en las reservas de oro para financiar un país sumido en una dura crisis económica desde hace más de seis años, agravada recientemente por la crisis del coronavirus, las sanciones de EE.UU. y por la pronunciada caída de los precios del petróleo. Caracas levantó a principios de abril la prohibición, vigente hasta entonces, de la minería de oro y diamantes en seis ríos amazónicos, un movimiento muy criticado por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y por varios grupos ambientalistas, que ven la explotación de la zona como una amenaza para el alrededor de 50.000 indígenas que pueblan la zona, y también para el ecosistema del país y sus vecinos.
«La nueva resolución genera un barniz legal a una actividad ilegal que se venía desarrollando en esos sitios, en algunos casos desde hace bastante tiempo», explica Alejandro Álvarez Iragorry, analista de la asociación venezolana Clima21. La actividad minera ha explotado en los últimos años en la zona sur del país y la oposición denuncia que esos lugares están dominados por grupos armados venezolanos y colombianos. Ha habido brotes de enfermedades como malaria y sarampión en las excavaciones, a lo que se suma ahora el coronavirus, y se han denunciado violaciones de los derechos humanos, incluidas amputaciones como forma de castigo. También preocupa el uso de mercurio en algunas de las explotaciones, aunque están prohibidas expresamente. «Esa disposición es meramente ilusoria, ya que no ha impedido de manera alguna su uso», asegura el activista Álvarez. Caracas tiene parte de sus esperanzas puestas en el oro y asegura que tiene la quinta reserva del mundo. En el 2016 creó el Arco Minero del Orinoco, que engloba 11.000 kilómetros cuadrados en el Amazonas, el 12 % del territorio del país, con el objetivo de favorecer su explotación creando sinergias con empresas internacionales.
El plan de extracción más reciente, publicado a mediados de 2019, preveía la generación de 33.000 millones de euros en ingresos en los próximos años con la excavación no solo de oro, sino de otros minerales, incluyendo diamantes y níquel. El preciado mineral sirve para respaldar la divisa local, algo básico para las autoridades venezolanas, teniendo en cuenta la devaluación del bolívar, además de para generar ingresos en dólares en el caso de falta de recursos. Pero Caracas no solo mira al subsuelo, sino también a sus reservas almacenadas en el extranjero. Un tribunal británico deberá decidir estos días si entrega al Gobierno de Maduro 31 toneladas de oro valoradas en unos 1.300 millones de dólares (1.150 millones de euros) almacenados en las célebres bóvedas del Banco de Inglaterra, en Londres. Caracas pidió su entrega inmediata, pero la institución financiera paralizó la operación al existir dudas sobre la legitimidad de la junta directiva del Banco Central de Venezuela. El Ejecutivo chavista ha pedido entregar el oro al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para que la ONU administre los fondos, con el objetivo de comprar medicinas y recursos para luchar contra el coronavirus.