Una crisis agravada por el peso del dinero negro

El parón de la economía sumergida, cuyo volumen se estima en el 20 % del PIB, deja a miles de empleados sin apenas ingresos al no poder optar a ayudas públicas


España es un país orientado a los servicios y algunas de las ramas de este sector son las que concentran un mayor volumen de empleo sumergido. La irrupción del covid-19 paralizó la economía formal, pero también la informal, cuyo peso en el PIB (estimado en el 20 %) es mayor al del resto de países de su entorno. El dinero negro aparece así como un factor diferencial que agrava la situación económica de aquellos trabajadores que cobraban total o parcialmente en negro y que, fuera de la actividad, no solo se han quedado sin ingresos, sino que tampoco pueden beneficiarse del marco de ayudas públicas.

Esto genera una mayor bolsa de pobreza y exclusión social, incluso en aquellos empleados dados de alta que completaban sus ingresos en la economía informal. En esos casos, el cobro del subsidio cubriría una parte muy pequeña del dinero del que disponían cada mes.

Aunque existen diferentes estudios que estiman la magnitud de la economía sumergida, hay menos datos sobre cuál es el peso del empleo sumergido sobre el conjunto, tal y como precisa Maica Bouza, economista de CC.OO. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que en España equivaldría al 17,3% del total. «Habería que diferenciar tamén o emprego parcialmente somerxido, como as horas extras non remuneradas ou as prolongacións a xornada completa de contratos a tempo parcial remunerados como tales», explica Bouza.

Las actividades que concentran más empleo irregular están ligadas en su mayoría al sector servicios: hostelería, asistencia en el hogar, limpieza o atención a la dependencia son las más comunes, pero esta situación se reproduce en otras ramas; por ejemplo, en el sector primario y la industria, con las talas en el monte y la actividad de los aserraderos, o incluso en trabajos ligados a la construcción, como es el caso de electricistas o fontaneros.

Alberto Vaquero, profesor de la Universidade de Vigo y miembro del Foro Económico de Galicia (FEG), apunta que, en el caso gallego, Ourense y Lugo son las provincias más vulnerables, por el número de familias que complementan sus exiguas rentas regulares a través de la economía informal. Y advierte del mayor deterioro económico que ha supuesto la pandemia para miles de hogares. « Muchas familias completaban sus escasos ingresos de la economía regular con diferentes vías informales, y llevan meses sin poder hacerlo», apunta este investigador, quien pronostica, además, que se avecina un escenario a corto plazo muy poco esperanzador.

Tal y como explica Alberto Vaquero, estos trabajadores necesitados intentarán de nuevo completar sus ingresos con la desescalada, pero limitados por el temor al contagio y por la menor capacidad económica de sus empleadores. Y a esto, habrá que añadir un tercer factor: el menor uso de los pagos en metálico por las recomendaciones sanitarias de utilizar medios electrónicos. «La economía regular se mueve con efectivo», recuerda este investigador. El covid-19 añade todavía más dificultades para estimar cuál es el peso de la economía sumergida, pero los expertos sí coinciden en que la pandemia ha agravado de forma considerable la situación socioeconómica de los hogares cuyos ingresos dependían total o parcialmente del dinero negro.

«Por iso defendemos a urxencia e necesidade dunha prestación ou ingreso mínimo vital de carácter estrutural que dea cobertura a toda a xente que carece de ingresos, así como un plan real de loita contra a economía somerxida e o emprego irregular», insiste la economista Maica Bouza.

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