¿Comer o pagar el alquiler?

Varias encuestas revelan que entre el 25 y el 40 % de los inquilinos temen quedarse sin dinero para hacer frente a la renta en un país con los precios de la vivienda disparados


¿Comer o pagar la renta? Esta es la pregunta que en las últimas semanas viene royendo la cabeza de millones de inquilinos en el Reino Unido, quienes han visto cómo sus ingresos se han desplomado debido a las medidas de distanciamiento social y aislamiento impuestas por el Gobierno para frenar la propagación del covid-19, las cuales les impiden trabajar o han provocado su despido. Las autoridades y organizaciones de consumidores estiman que en el país hay 4,5 millones de familias alquiladas, lo cual supone un 20 % del total; y que el 26 % de ellas teme no poder hacer frente a los pagos acordados por su techo en los próximos tres meses, tal y como revela una encuesta de la empresa Yougov, publicada a finales de abril.

La cifra se eleva hasta el 35 % entre aquellos hogares con hijos. Paro hay más datos. Un sondeo de la empresa Opinium concluyó que el 43 % de los arrendatarios, cuyo trabajo se ha visto afectado por el confinamiento, admite problemas para cumplir con el alquiler, la comida y las facturas de servicios públicos como la luz, el agua o teléfono. La cuarta parte de los consultados revela que ha abandonado voluntariamente la vivienda que ocupaba y se ha mudado con amigos o padres en las últimas semanas, y evitar así el pago del alquiler.

Pese a que el Gobierno británico aprobó un multimillonario paquete de ayudas económicas, el cual incluye una moratoria para el pago de hipotecas por tres meses, la prohibición de desalojos por igual período y el pago del 80 % de los salarios de los trabajadores que están inactivos debido a la crisis, organizaciones de consumidores e inquilinos consideran que es insuficiente. Desde la Asociación Londinense de Inquilinos (LRU, por sus siglas en inglés) han exigido al Gobierno que suspenda el pago de los alquileres, como se ha hecho en Francia.

«Durante la pandemia mundial, las personas deberían poder priorizar su seguridad y pagar los alimentos y otros elementos esenciales. Todos las facturas de alquiler deben suspenderse y los atrasos de estas rentas deben eximirse urgentemente para mantener a los inquilinos a salvo del desalojo y de la deuda», plantean desde la organización.

«Estoy preocupado. No tengo la certeza de que el Gobierno vaya a pagar mi salario, porque mi contrato es de cero horas, y el propietario del piso donde estoy alquilado no ha hecho ni un gesto solidario y sigue esperando que le pague con la que está cayendo», se queja Arnaldo Da Silva, un luso-venezolano residente en Londres. Por su parte, Roi López, vecino de Oleiros (A Coruña), se muestra menos nervioso. «Aunque no estoy trabajando, mi hermana, con quien comparto casa, sí lo está, pero no nos vendría mal un descuento», explica este gallego, quien sí conoce casos de personas que han recurrido a sus ahorros para pagar facturas. Aunque la LRU logró recabar 100.000 firmas en Internet en apoyo a su solicitud de suspender los alquileres, el ministro de Vivienda, Robert Jenrick, han rechazado la propuesta al entender que las medidas tomadas hasta ahora son suficientes.

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