Pensiones, ¿por qué y cómo reformar?
MERCADOS
En el grueso de los países occidentales hay actualmente 30 personas de 65 años o más por cada 100 habitantes. En el 2040, la proporción será simétrica: 50-50. La crisis demográfica ha situado el debate sobre el futuro del sistema de prestaciones en el centro de la agenda pública. Y las alternativas dibujan escenarios bien diferentes: desde retrasar la edad de jubilación a apostar por un modelo de capitalización individual o por planes de empresa. La pasividad reformista, eso está claro, ya no es una opción.
15 mar 2020 . Actualizado a las 05:05 h.El ministro Escrivá, que ya en su anterior cargo se había preocupado por la sostenibilidad del sistema de pensiones, ha vuelto ahora sobre el asunto desde sus nuevas responsabilidades. Y habla de tres palancas, que consisten en endurecer las jubilaciones anticipadas voluntarias, incentivar el retraso del retiro y fomentar los planes de empresa a través de una fiscalidad más atractiva. E hizo esta propuesta en el Pacto de Toledo, allí en donde no hace tantos meses Podemos se retiró cuando se estaba a punto de dar un paso más en la buena dirección, con un consenso general. Inexplicable entonces, se supone que ahora, desde la atalaya del Gobierno compartido, las frivolidades con la reforma habrán quedado definitivamente atrás. Otra afirmación relevante ha sido la de vincular la revalorización al IPC, si bien fuentes de la Seguridad Social admiten que esa garantía, según las circunstancias, podría materializarse en un período superior al año.
No hay pocos ideólogos ultraliberales que verían con buenos ojos una vuelta a un mundo que se pareciese al anterior a Bismark, quien en 1833 creó el primer sistema obligatorio de pensiones de reparto, bien distinto del de capitalización. Sería conveniente no olvidar que en aquellas sociedades, quien llegaba a viejo o era incapaz para el trabajo, quedaba al cuidado de la familia o de la caridad. Ahora, dando el sistema boqueadas financieramente preocupantes, hay que coger el toro por los cuernos, reformando en una dirección que venga señalizada por la viabilidad y la solidaridad. El entusiasmo continuista no es más que un cheque sin fondos, girado a la sociedad desde la irresponsabilidad demagógica.
La primera cosa que hay que entender, y no siempre se hace, es que nuestras pensiones dependen fundamentalmente de las generaciones que trabajan contemporáneamente al momento en que nos retiramos. Las cotizaciones de los trabajadores activos se destinan a financiar las pensiones existentes en ese momento. Por eso hablamos de solidaridad intergeneracional, inexistente en la capitalización. Y en esas estamos, bajo la espada de Damocles de la demografía, cuya evolución nos sitúa mecánicamente en un marco de fundada preocupación. Y ahí han ido apareciendo propuestas que, reparando en el aumento de la esperanza de vida, hablan de alargar la vida laboral, ante las escandalizadas miradas -unas sinceras y otras no tanto- de quienes todo lo fían a una hipotética reforma fiscal, cuya viabilidad, dada la mundialización imperante, es de una complejidad extraordinaria. Todo ello en un país en donde la modernización tecnológica camina mucho más lentamente de lo que la retórica predica, con mayoritarios perfiles de salarios bajos en el mercado de trabajo.
Numerosos países, sobre todo europeos, están empeñados en una tarea reformista, si bien las situaciones -con un telón de fondo crítico similar- no son totalmente similares. De Francia, por ejemplo, se tiene la idea de que sus pensiones son muy buenas, pero cuando acercamos la lupa a la auténtica realidad nos encontramos con que eso es verdad para quienes han tenido altos salarios, pues su tasa de reemplazamiento (porcentaje de su renta de actividad que conserva al pasar a situación de retiro) se sitúa por encima de la media OCDE, pero el panorama de otro tipo de salarios es bien distinto, para peor.
Casi todos los países se plantean, unos con más sutileza que otros, la prolongación de la edad activa. Eufemismos aparte, el problema es de enorme envergadura, véase si no lo que ha ocurrido en Suecia con su reforma de los años 90, con un 17 % de la población con más de 65 años al borde de la pobreza, arrastrados por las sucesivas crisis financieras. Italia y España, a pesar de que pueda parecer lo contrario, permanecen en el segmento generoso, y todavía más si los comparamos con el Reino Unido, en donde se ha ido hacia un sistema más de capitalización, en el que cada uno ahorra para sí mismo, con tasas de sustitución en la parte pública de un 28 %. Ello da base a The Guardian para decir que, en Gran Bretaña, los seniors sufren la proporción de pobreza mayor de la Unión Europea.
La pasividad reformista no es planteable, pues en los países occidentales hay alrededor de 30 personas de 65 años o más por cada 100 en edad de trabajar. En el 2040 serán 50, así que la difícil panoplia de políticas a que acudir se resumen así: aumentar cotizaciones e impuestos, alargar la vida activa o limitar el gasto, con un menor importe de la pensión e indexación más rigurosa. Una mezcla de estas medidas es el cóctel al que van acudiendo los distintos países, conscientes de lo que se les viene encima, inexorablemente.
En cuanto a los planes individuales privados de pensiones, la mayor parte de sus suscriptores han resultado escaldados. En primer lugar, han tenido un alto riesgo regulatorio, no pocas veces injusto y poco explicado, con fiscalidad inadaptada y costes de gestión elevados, los segundos más caros de la UE. Todavía resuenan en mis oídos la propaganda irresponsable de un político del ramo: suscriban, no se corten, esos planes son rentables y muy líquidos. Pues espera a cobrarlos y verá lo que es el fisco. El modelo no ha funcionado eficientemente, con una mediocre rentabilidad y falta de transparencia en su comercialización. Quizá por todo ello, Escrivá vuelve la mirada a los planes de empresa, que en los últimos años han crecido, hasta llegar a estar presentes en un tercio del tejido empresarial, con una distribución sectorial muy dispar.
Prestaciones adicionales
Los planes de empresa suelen tener comisiones más baratas, lo que incide significativamente en su rentabilidad. También poseen comisiones de control paritarias, al tiempo que suelen prever prestaciones adicionales para situaciones como incapacidad, dependencia, enfermedad grave, paro o fallecimiento. Y si el señor ministro está a favor de potenciarlos, es de esperar que agregue ventajas sustanciales de naturaleza fiscal.
Objetivamente, y con los mimbres que hay, creemos que Escrivá hace una propuesta global pertinente, aunque la complicada aritmética parlamentaria presentará dificultades. ¿Qué va a pasar con la propuesta de ralentizar las jubilaciones anticipadas? Por cada año de retraso se ahorraría un 25 % en el déficit. Iglesias y la ministra de Trabajo están en las antípodas. Y en los planes de empresa, con positivas referencias al País Vasco, la extrema izquierda piensa que se trata de monstruos especulativos. La versatilidad de Sánchez tiene aquí un desafío de primer orden, con la dificultad añadida de que no se trata de una nimiedad coyuntural, sino de la médula del Estado social moderno.