Tierra, propiedad y conflicto

El reparto de superficie agraria de Colombia y la reforma integral que propugnaba el histórico pacto con las FARC apenas ha avanzado en el país, desatando un profundo malestar social


Bogotá / La Voz

Teatro Colón. Bogotá. Bajo una tenue luz, en la centenaria palestra rodeada de gradas de madera, y bajo los frescos de seis musas, se dan la mano el ya premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Es noviembre del 2016 y acaban de firmar un histórico acuerdo de paz. Su primer punto, que había generado grandes debates durante la negociación, es una reforma rural integral (RRI) que transforme el campo colombiano, una aspiración histórica de los agricultores. 

«En Colombia, el conflicto armado ha estado relacionado con el tema de la tierra, y, por tanto, la paz como solución debe resolver el conflicto social basado en la tierra. Las cifras de terrenos despojados en el marco de la guerra van entre los cinco y los diez millones de hectáreas. Esas tierras están ahí, se usan hoy por los beneficiarios del conflicto», explica a La Voz de Galicia Alirio Uribe, abogado especializado en derechos humanos y ex representante de la Cámara de Diputados por el izquierdista Polo Democrático Alternativo.

Pero más de tres años después, parte de los colombianos creen que la RRI podría quedar en papel mojado tras la llegada al poder del conservador Iván Duque, cuyo partido, el Centro Democrático, estuvo en contra del pacto de paz.

El acuerdo prevé la creación de una bolsa de tierras de distribución gratuita y la devolución de terrenos a los campesinos despojados durante el conflicto armado. Es un punto clave para quienes redactaron el documento, en un país donde el 0,4 % de los propietarios tienen el 77 % de la superficie útil. Hasta la fecha solo se han entregado 200.000 de los tres millones de hectáreas previstas. Es una tarea difícil, aseguran quienes defienden los avances del proceso, debido a que muchos de quienes poseen esas tierras no las quieren entregar.

De las 122.000 solicitudes de restitución han sido resueltas unas 10.400 y se han devuelto unos 4.600 predios. Duque ha sido criticado por no hacer avanzar el plan y apuntar como suyos procesos iniciados antes del inicio de su gestión, a mediados del 2018. «Se creó un fondo de tierras que no se ha implementado. Tampoco se ha formalizado la tierra, ni se han fortalecido las zonas de reserva campesina. Es una agenda pendiente», cree Uribe.

La reforma agraria con distribución de propiedad es una aspiración histórica de la izquierda y del campesinado colombiano, frustrada, según Naciones Unidas, por la oposición de grupos de interés y la ineficiencia estatal. En 1994 se dio el primer paso, con la Ley 160 que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria, que dispone que los terrenos baldíos serán entregados exclusivamente a familias pobres.

Ahora, el Gobierno de Duque ha querido cambiar esa disposición, según critica la oposición, para permitir la adjudicación de tierras a grandes empresarios y favorecer la agroindustria. El movimiento ha sido considerado como una contrarreforma agraria, defendida, eso sí, por parte de la población y de los analistas. «La atomización de predios erosiona las economías de escala. Los terrenos pequeños tienen un papel en una estrategia agrícola integral, sobre todo en cultivos de gran valor agregado, pero en general el valor de la tierra es un elemento menor frente a los costos de adecuación, preparación, siembra y mantenimiento de los cultivos, además de los que generan la deficiencia en infraestructura vial del país», piensa el analista Gustavo Moreno.

Este considera que el rendimiento de la tierra en Colombia es bajo y reclama incentivos para la agroindustria similares a los que aplican EE. UU., la UE o China. «El mundo procedió con la globalización sin entender muy bien sus consecuencias y los elementos de gestión que trae. La estrategia agraria debe ser mixta en distribución de tamaños de predios y comprensiva en incorporación de paquetes tecnológicos e infraestructura», insiste Moreno.

El excongresista Uribe le replica abiertamente: «Los agronegocios legalizan el despojo, y mantienen grandes propiedades para monocultivos que históricamente han estado asociados al conflicto, como la palmicultura. Es falso que la economía campesina, de indígenas y afrocolombianos, no genere riqueza. Hoy producen, sin ningún apoyo del Estado, el 50 % de los alimentos que produce el país», advierte. Ambos representan las dos caras de un debate que lleva dándose en Colombia desde que Simón Bolívar levantó su espada contra la monarquía española.

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