La batalla por una etiqueta

Después de cuatro años de litigios, la Justicia europea obliga a que los productos de las colonias israelíes sean identificados como bienes «de asentamientos» y no del Estado judío


Beirut / La Voz

La etiqueta de una botella de vino no solo informa de aromas frutales. También puede desvelar violaciones del derecho internacional. La bodega israelí Psagot, sin ir más lejos, dice en su web que se encuentra en «el corazón» del país, pero el mapa la sitúa en un asentamiento israelí en Cisjordania. Cuando la Justicia francesa, trasponiendo una decisión no vinculante de la UE en el 2015, estableció que los productos de estas colonias no deben etiquetarse como producto de Israel sino de asentamientos, Psagot recurrió y la causa se elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora, cuatro años después, el conflicto ya tiene desenlace.

Este tribunal ha dictaminado este mes la obligación de los países miembros de etiquetar los productos de asentamientos israelíes como tales para evitar «inducir a error a los consumidores en cuanto al hecho de que el Estado de Israel está presente en dichos territorios como potencia ocupante, y no como entidad soberana».

El ministro de exteriores israelí, Yisrael Katz, tachó la sentencia de «inaceptable moralmente», ya que sirve como herramienta de una campaña política contra su país y disminuye «las posibilidades de alcanzar paz». Lo cierto es que la UE, siguiendo la resolución 2334 de la ONU, no reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, Gaza, Cisjordania o Jerusalén Este, unos territorios que ocupa desde el año 1967.

Los productos etiquetados como originarios de asentamientos quedan excluidos de los acuerdos comerciales con Israel y, por tanto, están sujetos a aranceles. El 28 % de las exportaciones agrícolas israelíes proviene de Cisjordania y los Altos del Golán, según un informe de la ONU.

Desde Ramalah, Inès Abdel Razek, directora de incidencia del Palestine Institute for Public Diplomacy, alerta de que «si un bien es producido en un asentamiento y luego envasado en Israel, [las autoridades judías] pueden poner un código postal» del país, y así ser etiquetado como producto israelí. Un informe del European Middle East Project establece que solo el 10 % de los vinos provenientes de colonias han sido identificados como tales.

Para Razek, la sentencia del TJUE es «un paso mínimo, pero puede ser el primero para prohibir los productos de los asentamientos». La resolución 465 del Consejo de Seguridad de la ONU llama a los Estados a no apoyar de ninguna manera estos territorios ocupados. «Dejar estos productos en el mercado, etiquetados o no, permite el desarrollo de la economía en los asentamientos», critica la analista. Irlanda está tramitando una ley que prohibiría la entrada de productos de asentamientos israelíes.

Otras voces piden el boicot no solo a las colonias, sino a Israel. En el 2005, 170 organizaciones civiles palestinas lanzaron el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS). Alys Samson Estapé coordina las campañas BDS a nivel europeo y explica que esta campaña surge «ante la total impunidad de Israel después de 70 años de apartheid, ocupación y colonización del pueblo palestino». El objetivo es aislar a Israel hasta que respete los derechos de los palestinos.

 El BDS se inspira en el boicot que puso fin al régimen del apartheid en Sudáfrica. Pero como apunta un estudio del Brookings Institute, las exportaciones sudafricanas eran productos de baja calidad fácilmente sustituibles, pero las exportaciones israelíes son mayormente bienes de alta calidad y bienes intermedios, lo que dificulta su aislamiento. El estudio concluye que el boicot «es una batalla cultural y psicológica, no económica».

 Orange, G4S, Veolia o Alstom son algunos de los gigantes que se han desvinculado de Israel tras las presiones del BDS. Según Samson, en España más de 80 instituciones públicas han secundado una moción de BDS.

Pero el aislamiento económico de Israel dista de ser una realidad. En el 2018, el comercio de mercancías entre la UE y el Estado judío ascendió a 34,4 billones de euros. Uno de cada tres productos israelíes exportados, de hecho, acaba en alguno de los países comunitarios.

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