Los halcones del euro pretenden retirar la respiración asistida a «los amigos de la cohesión». Las ayudas a los proyectos de cooperación con Portugal podrían caer un 40 %
10 nov 2019 . Actualizado a las 10:34 h.Un año. Es el plazo que le queda a Galicia para ver cómo la Unión Europea (UE) le retira la respiración asistida. Los presupuestos del 2021-2027 se están cocinando a fuego lento en las cancillerías europeas, pero parece que el hambre voraz de países como Alemania, Finlandia, Austria, Dinamarca, Suecia o Países Bajos puede asestar una buena dentellada a la hucha europea para los próximos siete años.
Se acabaron las prórrogas in extremis y las reuniones de alta tensión para salir de Bruselas cheque en mano. Han pasado 33 años desde que España ingresó en la UE y Galicia sigue regateando a las regiones más ricas de Europa para conservar un colchón de seguridad, cada vez más menguante, que le permita seguir la estela de sus vecinas más desarrolladas. A pesar de las inyecciones multimillonarias de las últimas décadas, la economía gallega sigue rezagada en tierra de nadie, con unos índices de competitividad e innovación precarios y unas expectativas demográficas pésimas.
Doble recorte A la cohesión
Aprovechando que los británicos darán el portazo en el 2020, o eso dicen, los ultraortodoxos del «Club del 1 %» no han dudado en sacar las tijeras y recortar los presupuestos para que, esta vez sí, cada palo aguante su vela. Bruselas ya lo vio venir el pasado mes de octubre, después de pasar la lupa a la propuesta de la presidencia finlandesa, que reduce la hucha a un 1,05 % del PIB de la UE (1.050-1.100 billones de euros) y se ceba doblemente con las políticas preferidas por los «amigos de la cohesión». Eso sostiene el investigador y responsable de Política Europea de la Convención Escocesa de Autoridades Locales (Cosla), Serafín Pazos-Vidal. «Fixemos cálculos e supón unha merma adicional para a política de cohesión de 12.000 millóns de euros (…) É dobremente grave porque ademais do recorte, Von der Leyen quere sufragar a transición xusta e o green deal con estes fondos», explica antes de señalar que «por suposto, estas partidas van beneficiar a certas zonas mineiras de Alemania do leste, Francia e algunha de España».
La cuenta sale a pagar
Este juego de trileros con los fondos ha aguado el optimismo inicial de España, donde se celebró como un triunfo que la Comisión Europea ampliara en un 5 % el sobre nacional de cohesión, hasta los 34.000 millones de euros, debido a las abultadas cifras de desempleo en el país. No solo va a tener que ajustarse el cinturón sino que, de consumarse los planes de los halcones del euro, el país pasará a ser un contribuyente neto por primera vez desde que ingresó en la UE. Las estimaciones de Bruselas apuntan a que España aumentará su contribución anual en un 18 %, hasta los 12.000 millones de euros, como resultado del crecimiento económico y la salida del Reino Unido de la UE. Le sale a pagar.
Al recorte real de los fondos y el aumento de la factura se suman unas cuotas de cofinanciación europea más pequeñas y multitud de trampas invisibles para desviar fondos de cohesión hacia nuevas partidas. Será una escabechina de la que Galicia puede salir muy mal parada. En los últimos presupuestos apenas pudo pellizcar 2.771 millones de euros. Ahora sus 322 millones del Fondo Social Europeo, por ejemplo, corren peligro. «Tal e como está redactado favorece á centralización da súa xestión nas capitais e isto pode prexudicar a certas políticas de emprego e cohesión social de Galicia», sostiene Pazos-Vidal. La Política Agrícola Común (PAC) seguirá siendo la partida reina a pesar del recorte real del 15 % que quiere acometer Bruselas. Paradójicamente, algunos de los países que han dado la espalda a la convergencia en la UE se han mostrado favorables a inflar los fondos para los agricultores. «Como sempre, o sector agrario é o máis fácil de mobilizar política e socialmente (…) Xa se tocou óso en marzo do 2018, tocar máis sería perigoso», explica. Y no le falta razón. Cada vez que el campo se lanzó a las calles de Bruselas para protestar, el corazón del barrio europeo acabó en llamas o con los pasillos de Berlaymont obstruidos por vacas y cerdos.
Las posiciones están enquistadas. Las capitales no dan su brazo a torcer. Ni siquiera después de que la Comisión Europea publicara esta misma semana un informe en el que se revela que Alemania (208.000 millones de euros), Francia (142.4200 millones de euros) y los Países Bajos (84.000 millones de euros) son los tres socios de la UE que más se benefician cada año del mercado único donde los países receptores de fondos también participan como destinos de las exportaciones de países con abultados superávits.
Malos augurios
Donde unos ganan, otros pierden. La Xunta llegó a hacer cálculos del peor escenario posible: el extravío de 1.275 millones de euros. Pero esa cifra podría ascender a los 1.847 millones si el tajo asciende a dos tercios de lo que viene recibiendo la región en el período 2014-2020. Todo dependerá de cómo se negocie la red de seguridad prevista en los reglamentos. Incluso en la partida de la PAC los gallegos tendrán mala suerte porque la tijera no se cebará con el primer pilar, el de las ayudas directas, sino con el segundo, el de los fondos para el desarrollo rural del que bebe la comunidad (-14,5 %). Ni siquiera está claro que salga adelante la propuesta aprobada por la Eurocámara para dedicar un 5 % de los fondos Feder a luchar contra la crisis demográfica y facilitar el acceso a los servicios de las poblaciones más desconectadas. De igual modo que no prosperó la iniciativa para vincular de forma obligatoria un 5 % de los fondos del FSE a la lucha contra la despoblación. Será opcional y dependerá del Gobierno central decidir en qué se invierten esas ayudas.
Problemas para la «raia»
La amenaza más peligrosa para Galicia se cierne sobre su frontera sur. El dinamismo económico y demográfico que ha ido germinando en los últimos años a ambos lados de la «raia» podría tener sus días contados.
Los fondos europeos del programa Interreg con los que se vienen financiando proyectos de investigación, innovación y competitividad de las pymes galaico-portuguesas por un volumen de 484 millones de euros podrían sufrir una poda del 40 %. Hasta ahora las cuatro provincias gallegas se beneficiaban de las ayudas europeas para proyectos de colaboración interregional, una práctica a la que la UE quiere poner fin. En las disposiciones del reglamento general se acota el alcance geográfico de las ayudas a los 25 kilómetros de distancia de la «raia». Eso significa que localidades como Ribadavia estarían en el límite.
Ninguna zona del Eje Atlántico más alejada de ese punto, terrestre o marítima, podrá beneficiarse de las ayudas: «A maior parte das inversións transfronteirizas xa non se poderán facer no sur da provincia de Lugo ou no norte da de Ourense. Terán que facerse xusto na fronteira», explica Pazos-Vidal, quien augura un desplome del 40 % en los fondos. «É unha cousa grave que non se quixo tocar para non desatar unha guerra campal de emendas, pero é un custe inducido e oculto da política de cooperación transfronteiriza que a xente debería saber», sostiene. En la práctica, los gallegos podrán seguir desarrollando proyectos conjuntos con zonas del norte de Portugal como Caminha, pero no con otras localidades como Braga. «O regulamento é claro. Como o interpreten é outra cousa, pero é preocupante», zanja Pazos-Vidal, quien ha estado involucrado de lleno en esta batalla.