Francia se propone recoger datos de los usuarios de las distintas plataformas para determinar si su tren de vida se adapta a lo que publican en sus declaraciones oficiales
13 oct 2019 . Actualizado a las 05:14 h.El fisco francés no quiere dejar ni un cabo suelto en lo que se refiere a la lucha contra el fraude. Pero su determinación puede llevarle demasiado lejos, llegando incluso a atentar contra los derechos y libertades de los ciudadanos. Al menos eso es lo que teme la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), porque lo que se ha propuesto abiertamente el Gobierno es pescar a los que defrauden a través de las redes sociales.
El artículo 9 del proyecto de ley de finanzas para el 2020 prevé la posibilidad de que la Administración fiscal y la de aduanas recolecten las informaciones que los ciudadanos publiquen en Internet a través de las redes sociales (Facebook, Ebay, Le Bon Coin o Instagram) y que sean de acceso libre. De esta manera, los funcionarios podrán explotar esas informaciones y buscar posibles infracciones, comprobar si existe una diferencia entre las declaraciones de los administrados y lo que exponen de sus vidas en la web.
Como comentaba hace unos días el ministro de Cuentas Públicas, Gérard Darmanin, «si una persona se hace numerosas fotos con un coche de lujo sin tener medios para tener uno, puede ser que el coche sea de su primo o de su novia, que se lo ha prestado, o puede que no». Este seguimiento podrá ofrecer también datos sobre un posible fraude sobre la residencia fiscal. La CNIL, el gendarme francés que vela por la vida privada de los ciudadanos, pide a los poderes públicos «una gran prudencia», porque el dispositivo que quieren aplicar plantea «cuestiones inéditas en materia de protección de datos personales».
La Administración se apoya cada vez más en la explotación de información a través de las llamadas técnicas de datamining, extrayendo conclusiones significativas de grandes bases de datos y cotejándolas con cuentas bancarias, pagos de impuestos... Una técnica sobre la «que ya se ha probado su interés», según afirma el Ejecutivo galo, para mejorar la detección del fraude y focalizar los controles.
Pero estos tratamientos están limitados hoy a las informaciones declaradas a la Administración, de ahí el interés del Ministerio de Cuentas Públicas de ampliar la búsqueda a las redes sociales. El Gobierno asegura que la explotación de estos datos de carácter personal, aunque estén publicados libremente por los usuarios, estarán «sometidos a unas garantías y limitados por la búsqueda de las faltas más graves».
Pero a día de hoy, cuando el usuario de una red social envía a esta sus datos, no da al mismo tiempo la autorización al Estado para que se haga con ellos. Por ello, la Comisión Nacional de Informática y Libertades subraya que el hacerlo representa «un cambio de escala significativo» en el marco de las prerrogativas que tiene la Administración para ejercer sus funciones. Además, denuncia que supone un cambio de método, porque ya no se trata de estudiar unos datos sobre los que existe una duda o sospecha de que se ha convertido una infracción, sino que se trata de «una recogida general previa» para ejercer luego acciones de control cuando del tratamiento de esas informaciones haya surgido alguna duda.
La CNIL se muestra inquieta ante este cambio que plantea «cuestiones inéditas en materia de protección de datos de carácter personal» y pide «garantías fundamentales» para los ciudadanos, con el objetivo de que se les informe del uso que se hace de sus entradas, para que se dé una «estricta proporcionalidad» entre los datos que se recolectan y el objetivo que se persigue, y para que todo lo recogido esté sometido a un nivel máximo de seguridad y confidencialidad con el fin de evitar una violación potencial de derechos.
Finalmente, la CNIL teme que esta iniciativa del Gobierno modifique «de forma significativa el comportamiento de los internautas, que no podrán expresarse libremente en las redes y plataformas».