Sánchez aseguró, en su investidura fallida, que estos dos asuntos son el primer objetivo del futuro Gobierno. Los sindicatos reclaman un marco legal para crear empleo estable y con derechos
18 ago 2019 . Actualizado a las 12:16 h.Los deberes pendientes se le acumulan sobre la mesa al próximo Gobierno, cuya formación se antoja complicada sin evitar unos nuevos comicios, a tenor de las posiciones -irreconciliables hasta el momento- del PSOE y Unidas Podemos y de la negativa de PP y Ciudadanos a abstenerse para facilitar, en su segundo intento, la investidura de Pedro Sánchez. En este escenario, en el que el llamamiento más repetido es al de la necesidad de un Gobierno «estable», en lo único en lo que parece haber consenso es en la urgencia por sacar adelante las medidas y reformas pendientes que requiere el país, con la de las pensiones y el mercado laboral a la cabeza.
Y es que, en un escenario de creciente incertidumbre global (brexit duro, guerra comercial, etc.) que ya ha comenzado a pasar factura a las economías vecinas, preservar el crecimiento de España es inexcusable. Así se lo recordaron esta semana patronal y sindicatos al presidente en funciones, reiterando las medidas cuyo abordaje no puede esperar. La hoja de ruta pendiente para la legislatura se detalla a continuación:
La «Contrarreforma» laboral
El caballo de batalla de los sindicatos sigue siendo la derogación de las últimas reformas laborales: la del 2010, aprobada por el PSOE, y la del 2012 -la más agresiva, que facilitó y abarató el despido, e hirió la negociación colectiva- del PP.
En el año que Sánchez lleva al frente del Gobierno, sin embargo, los socialistas se escudaron en la aritmética parlamentaria adversa para renunciar a la «contrarreforma» laboral a la que se habían comprometido. «La primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será derogar la reforma laboral de Rajoy, para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores», aseguraba en junio del 2014 un Sánchez recién llegado a la secretaría general del PSOE, una promesa de «derogación inmediata» que también recogió el programa electoral del 2015 y del 2016, recuperando la causalidad del despido y revisando sus costes.
Y eso siguen reclamando los sindicatos , que este jueves se reunieron en la Moncloa con el presidente en funciones y su ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Precisamente en el discurso de su investidura fallida, Sánchez marcó seis objetivos fundamentales para la legislatura, y colocó «el empleo digno y la sostenibilidad del sistema público de pensiones» como el primero de ellos, ya que -dijo- «es la principal preocupación de los ciudadanos».
Recordó la elevada tasa de paro (entorno al 14,7 %) y el alto grado de desempleo de larga duración, pese a que la Seguridad Social está en niveles récord de afiliación (19,5 millones de cotizantes), además de una tasa de temporalidad que frisa el 26 % y del abultado empleo a tiempo parcial no voluntario. «La lógica es bien simple. Esta realidad del mercado laboral hace que muchos españoles y españolas sufran precariedad: catorce de cada cien trabajadores son pobres, no llegan a fin de mes con su sueldo», destacó.
Los sindicatos comparten el diagnóstico y piden acciones. Si no es una «contrarreforma» completa, al menos sí derogar los «aspectos más lesivos» de la normativa, algo con lo que Valerio se comprometió nuevamente esta semana. Entre esos «retoques» y «reformas parciales», que estaban ya avanzadas pero que la ministra recordó que encallaron en el Congreso, destacan recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos (que sigan aplicándose más allá de su caducidad, hasta ser renovados) o la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa si recoge mejores condiciones laborales.
Otro punto que el Ejecutivo quiere modificar, pero que choca con la resistencia de la patronal, son los requisitos de subcontratación que permiten a las empresas externalizar labores sin que esos empleados estén sujetos al convenio sectorial ni al de empresa, una fórmula que -con las camareras de hotel, las «kellys», como mejor ejemplo- precarizó las condiciones laborales.
En la pasada legislatura sí se aprobó, por contra, recuperar el subsidio para parados mayores de 52 años (el PP lo elevó a 55), la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) o el registro obligatorio de la jornada laboral.
? Nuevo Estatuto de los Trabajadores
El diseño de un nuevo Estatuto de los Trabajadores adaptado al siglo XXI, que «blinde derechos y regule las nuevas relaciones laborales» es otro de los objetivos avanzados por Sánchez para la legislatura y ratificado por la ministra del ramo esta semana. Precisamente porque dicho estatuto «no se improvisa, ni se podrá elaborar en un día ni en tres meses» es por lo que Valerio habló de que «no descarta en absoluto» acometer previamente los «retoques o reformas parciales» ya referidos y que quedaron pendientes de la legislatura anterior.
Sánchez pretende que el nuevo estatuto modernice el actual, de 1980, adaptándolo a una realidad laboral en la que las plataformas digitales y la robotización «han desfigurado completamente los conceptos clásicos del empresario, del trabajador por cuenta ajena e incluso del autónomo». Su objetivo es que la nueva norma, basada en el diálogo social y que se comprometió a llevar al Parlamento «en el menor tiempo posible», «tenga como fundamento el paradigma del trabajo decente de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo», que exige que la contratación indefinida sea la habitual y que proporcione seguridad jurídica a todas las partes.
? ¿Y qué pasa con la subida de las pensiones?
La interinidad del Gobierno preocupa por las dudas que suscita qué pasará con la actualización de las pensiones el próximo año. Pese a que en este ejercicio se revalorizaron de acuerdo al IPC, sin unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados para el 2020 -algo vedado a un Ejecutivo en funciones- las pensiones solo podrían incrementarse el 0,25 % que estableció la reforma legal del 2013.
Sin embargo, tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la de Trabajo, han llamado a la calma esta semana, confiando en que antes de final de año haya un Gobierno con plenas funciones que pueda asegurar que los pensionistas -más de 670.000 en Galicia- no perderán poder adquisitivo.
? Recuperar el pacto de Toledo
Más allá de la actualización de las pensiones para el próximo año, a través de una norma con rango de ley, en la hoja de ruta de la legislatura está reactivar la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y que de ella salgan, tras años de retraso, las recomendaciones para reformar el sistema público de pensiones y garantizar su sostenibilidad. Cabe recordar que el acuerdo se malogró en los estertores de la última legislatura, cuando parecía inminente. «Me gustaría decir otra cosa, pero fue Podemos quien rompió el preacuerdo», recordó el jueves Valerio, tras las reuniones con los agentes sociales.
La actualización de las pensiones según el IPC real, eliminando el índice de revalorización (0,25 %) introducido por el PP en la última reforma -aún en vigor-, y reformular el factor de sostenibilidad, además de reducir la brecha de género son algunas de las pretensiones del Gobierno. En su documento «10 propuestas para el giro social», elaborado antes de las elecciones, UGT y CC.OO. reclamaban también «garantizar la financiación suficiente del sistema, preferentemente a través de cotizaciones, aportando con impuestos financiación a medida que sea necesario».
? Retribuciones de los empleados públicos
La subida salarial pactada para los empleados públicos para el 2020 (entre un 2,3 % y un 3,85 %) está en idéntica situación que la revalorización de las pensiones, aunque prorrogar los PGE del 2018 permitiría asumir el incremento.