La batalla por un impuesto de sociedades mínimo se estanca

Cristina Porteiro
Cristina Porteiro BRUSELAS / LA VOZ

MERCADOS

MABEL RODRIGUEZ

La Eurocámara denuncia la falta de voluntad política del Consejo por atajar la desigualdad fiscal entre estados miembro y armonizar este tributo

22 nov 2019 . Actualizado a las 12:18 h.

No queda nadie en Bruselas estos días que no se eche las manos a la cabeza cuando se habla de la competencia fiscal entre países de la Unión Europea. Una práctica que permite a las grandes empresas y multinacionales erosionar las haciendas públicas de los Veintiocho con la ley en la mano. Algunos candidatos a presidir la Comisión Europea, como el socialdemócrata Frans Timmermans, han propuesto ponerle coto. ¿Cómo? Introduciendo un impuesto mínimo de sociedades del 18 %. En lo que no reparó el holandés al elaborar su programa electoral es que la UE ya inició una senda de descenso ininterrumpido de la presión fiscal sobre las empresas desde los años 90.

En 1997, el impuesto medio de sociedades en la UE era del 35,2 %. El año pasado, el tipo efectivo estaba en el 21,3 %. Y las cancillerías no se conforman. Quieren bajar más. ¿Por qué? Es la vía fácil para atraer negocios y generar riqueza. «Los impuestos sobre sociedades influyen tanto en la ubicación de las empresas como en la inversión directa nacional y extranjera», explica la Comisión Europea, que quiere incentivar la búsqueda de estrategias alternativas. Su plan se resume en tres líneas: diseñar un esquema armonizado para decidir dónde debe tributar cada empresa (en función de su naturaleza y su modelo de negocio), fijar un mínimo de tributación efectiva y crear un entorno empresarial estable para la implantación de nuevas compañías, poniendo coto a la doble imposición y las distorsiones.

Antecedentes

En octubre del 2016, Bruselas trató de desempolvar una propuesta del 2011 relativa a la fijación de una base imponible común del impuesto de sociedades, pero el recelo de algunas capitales entorpeció el trabajo. La idea es hacerlo obligatorio para todas las empresas, establecidas en un país de la UE o que pertenezcan a un contribuyente con domicilio fiscal en la UE, cuyo volumen de negocios consolidado sea superior a los 750 millones de euros.