La batalla por un impuesto de sociedades mínimo se estanca

La Eurocámara denuncia la falta de voluntad política del Consejo por atajar la desigualdad fiscal entre estados miembro y armonizar este tributo


Bruselas / La Voz

No queda nadie en Bruselas estos días que no se eche las manos a la cabeza cuando se habla de la competencia fiscal entre países de la Unión Europea. Una práctica que permite a las grandes empresas y multinacionales erosionar las haciendas públicas de los Veintiocho con la ley en la mano. Algunos candidatos a presidir la Comisión Europea, como el socialdemócrata Frans Timmermans, han propuesto ponerle coto. ¿Cómo? Introduciendo un impuesto mínimo de sociedades del 18 %. En lo que no reparó el holandés al elaborar su programa electoral es que la UE ya inició una senda de descenso ininterrumpido de la presión fiscal sobre las empresas desde los años 90.

En 1997, el impuesto medio de sociedades en la UE era del 35,2 %. El año pasado, el tipo efectivo estaba en el 21,3 %. Y las cancillerías no se conforman. Quieren bajar más. ¿Por qué? Es la vía fácil para atraer negocios y generar riqueza. «Los impuestos sobre sociedades influyen tanto en la ubicación de las empresas como en la inversión directa nacional y extranjera», explica la Comisión Europea, que quiere incentivar la búsqueda de estrategias alternativas. Su plan se resume en tres líneas: diseñar un esquema armonizado para decidir dónde debe tributar cada empresa (en función de su naturaleza y su modelo de negocio), fijar un mínimo de tributación efectiva y crear un entorno empresarial estable para la implantación de nuevas compañías, poniendo coto a la doble imposición y las distorsiones.

Antecedentes

En octubre del 2016, Bruselas trató de desempolvar una propuesta del 2011 relativa a la fijación de una base imponible común del impuesto de sociedades, pero el recelo de algunas capitales entorpeció el trabajo. La idea es hacerlo obligatorio para todas las empresas, establecidas en un país de la UE o que pertenezcan a un contribuyente con domicilio fiscal en la UE, cuyo volumen de negocios consolidado sea superior a los 750 millones de euros.

Para ofrecer más flexibilidad a las capitales, la propuesta prevé introducir superdeducciones por los costes de investigación y desarrollo (I+D) para apoyar la innovación, aceptar bonificaciones en concepto de crecimiento e inversión a través del capital y no del endeudamiento y compensar de forma temporal las posibles pérdidas de las compañías instaladas. De esta forma, las sociedades que gasten hasta 20 millones de euros en I+D tendrían derecho a una deducción anual añadida del 50 % y otro 25 % sobre los importes superiores a los 20 millones de euros. Las startup podrían deducir hasta el 100 % de sus gastos en I+D, siempre que no excedan los 20 millones de euros y no tengan empresas asociadas. La UE pretende estimular la implantación de compañías de alto valor añadido sin renunciar a un mayor umbral de justicia fiscal. Pero, ¿qué suelo es el más adecuado para este impuesto? Todavía se están definiendo los criterios de cálculo. La Eurocámara no quiere más aplazamientos. En un informe del 2018 puso como fecha límite para su entrada en vigor el 2020. Pero nada ha avanzado desde entonces. «Lamentamos profundamente la falta de progreso en el Consejo en la mayoría de las iniciativas en relación con la reforma del impuesto de sociedades, que todavía no se ha finalizado debido a la falta de una voluntad política genuina», denunció el Parlamento Europeo hace unos días. 

Paraísos fiscales en la UE

A pesar de los golpes de pecho en público y las imágenes de los ministros de Economía y Finanzas tratando de llegar a acuerdos de mínimos, lo cierto es que los Veintiocho han defendido a menudo la relajación fiscal poniendo como excusa la competencia feroz que promueven terceros países como Estados Unidos. No es verdad. Con las mismas estratagemas e ingeniería fiscal que emplean sus socios europeos para adelgazar las cuentas de los gigantes empresariales, el país norteamericano tiene un tipo medio similar del 21 %.

A falta de pretextos a los que aferrarse, algunos de los países europeos más agresivos han intentado convertir esta carrera a la baja en un problema global. Se niegan a subir el impuesto de sociedades hasta que no se haga de forma coordinada en el seno de la OCDE. La organización ha abierto la puerta al debate, pero no se atisba acuerdo alguno a corto plazo. La ministra española de Economía, Nadia Calviño, admitió que es indispensable acabar con la prestidigitación fiscal. En primer lugar, porque supone una merma inmensa de recursos públicos que podrían destinarse a protección social, educación y sanidad. El portavoz socialdemócrata del Comité TAX3 de Delitos Financieros, Evasión y Elusión Fiscal en la Eurocámara, Peter Simon, calcula que la deslealtad de países como Irlanda, Luxemburgo o Países Bajos, quienes extienden fórmulas mágicas a las multinacionales para adelgazar sus facturas, tiene un coste anual de entre 50.000 y 190.000 millones de euros. «Queremos que las empresas paguen un impuesto mínimo efectivo del 18 %. Mientras los trabajadores de los países de la OCDE pagan más de un cuarto de sus salarios en impuestos, las multinacionales a menudo eluden impuestos y a veces llegan a pagar casi cero. Esto tiene que cambiar», asegura el alemán.

Y es que de nada sirve que un país como Luxemburgo tenga el umbral del impuesto en el 18 % o Irlanda en el 12,5 % (de los más bajos de la UE) si las trampas y triquiñuelas, los menús fiscales a la carta, al final erosionan esa misma base hasta el 1 o el 3 %. La Eurocámara insiste en la necesidad de gravar los beneficios que se generan en un Estado miembro antes de que abandonen la UE en busca de jurisdicciones más amables con la fiscalidad. ¿Cómo? «Coordinando la retención de impuestos sobre intereses y royalties a fin de colmar las lagunas existentes y evitar que las ganancias se marchen de la UE sin haber sido fiscalizadas», sugiere la institución. Algunas capitales hacen oídos sordos. Son los sospechosos habituales. Un estudio reciente del Parlamento Europeo identificó a cinco estados miembro como paraísos fiscales para las multinacionales: Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos. Todos ellos han normalizado prácticas fiscales perjudiciales para sus vecinos, medidas que facilitan la planificación agresiva y la distorsión de los flujos económicos. Las cifras son tan escandalosas que la Eurocámara exigió a Bruselas la inclusión de estos cinco países en la lista oficial de paraísos fiscales hasta que reformen sus sistemas fiscales. 

La laguna de las exenciones

¿Qué hay de España? En el 2017 la Hacienda española recaudó 27.100 millones de euros a través del impuesto de sociedades, lo que equivale a un 2,3 % del PIB, un 1,6 % menos que en el 2005. La recaudación sitúa al país como el 18º en la lista de la UE (28). Hay varias razones que explican estas cifras menguantes. Aunque el país tiene el impuesto de sociedades en el 25 %, las trampas fiscales de las empresas han hecho que algunas firmas como Facebook solo llegasen a pagar 182.775 euros en un ejercicio. La mayor parte de los beneficios se trasladan a su sede en Irlanda. La presión a la baja en algunos países del este como Hungría o Letonia también están abriendo nuevas oportunidades a las empresas tecnológicas, que pueden encontrar un mercado laboral igual de atractivo al español en esos países al tiempo que alivian sus cuentas con las haciendas nacionales.

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