El genuino capitalismo español

El nuevo Gobierno resultante de las elecciones del pasado domingo tendrá numerosos retos sobre la mesa. Uno de ellos, definir una estrategia laboral y una fiscalidad que estimulen el dinamismo de la pequeña y mediana empresa, el futuro del tejido industrial del país por su peso específico y por su capacidad para crear riqueza y empleo de calidad. Apoyar sus actividades con políticas de innovación y apertura a los mercados exteriores podría suponer un pilar para robustecer la economía española.


Catedrático de Estructura Económica de la UdC

En la economía y en la política hay algunos diagnósticos y propuestas que son como los comodines en el póker. Sirven para salir del paso, encubriendo las limitaciones del discurso con un manto de suficiencia a todas luces impostado. Entre estas frases hechas, una muy frecuente es la necesidad de reformas estructurales. A decir verdad, después de casi 50 años en la profesión, no logré entender nunca qué significaba exactamente esa expresión. Otro mantra al uso es fomentar el gasto en I+D (léase, en investigación y desarrollo). Un lugar común que sirve tanto para favorecer el crecimiento de la productividad como para transformar el sistema educativo. Pero uno de los más generalizados y genéricos es la necesidad de modificar el sistema productivo español. Lamentablemente, el sistema productivo de un país no se cambia de la noche a la mañana. Forma parte de la esencia misma de una economía. Se modifica como consecuencia de las iniciativas de los agentes económicos (básicamente privados) en el medio y en el largo plazo, adaptándose a los cambios en la demanda y tratando de perpetuarse a lo largo del tiempo. Un aspecto relevante en el sistema productivo de cualquier país es su tejido empresarial. Quizás el aspecto más importante. Veamos qué tenemos.

En España existen 3,34 millones de empresas, según nos dice el INE. De estas, solamente 2,89 millones están dadas de alta en la Seguridad Social. Las 450.000 empresas que faltan suelen ser microempresas que no llegan a los 5 trabajadores y que ejercen su actividad en la economía sumergida, ocasional, u otras modalidades de evasión fiscal. Del total de empresas que sí están dadas de alta en la SS, el 95 % no alcanzan los 10 asalariados. Estas microempresas ocupan a cinco millones de personas, que representan un tercio de los trabajadores totales. Esta es la información oficial. Pero deberíamos pensar que esta cifra podría llegar a ser bastante más si tenemos en cuenta la economía sumergida. Así, tendríamos casi al 40 % de los asalariados españoles en tres millones de empresas que no alcanzan los 10 trabajadores cada una.

Falta especialización

Aquí reside uno de los problemas más relevantes de la economía española. Con menos de diez trabajadores se pueden hacer muy pocas cosas. La contabilidad, en el mejor de los casos, se lleva desde una gestoría y está orientada, no a la gestión interna del negocio, sino al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Además, prácticamente no existe especialización diferenciada entre los trabajadores, la inversión en maquinaria y utensilios de trabajo es la imprescindible y las relaciones laborales se confunden frecuentemente con las personales e, incluso, con las familiares. Estas microempresas repiten las mismas tareas año tras año, amplían las plantillas con contratos temporales y en precario, frecuentemente evaden impuestos al trabajar sin emitir factura y el nivel de formación de los trabajadores es muy reducido. Si se me permite, una información adicional. De los 19,32 millones de ocupados que había en España a finales del 2018, más de 1,14 millones apenas disponían de la educación primaria (un 6 %), y 5,26 millones adicionales solo contaban con la primera etapa de la educación secundaria (más de un 27 % del total). Si los juntamos a todos, tenemos un tercio de la fuerza laboral española, empleados que, mayormente, desarrollan sus tareas en empresas de menos de 10 trabajadores y tienen una cualificación que, en el mejor de los casos, alcanza a la enseñanza obligatoria.

Este sector de la microempresa forma ya parte del paisaje español e integra lo más genuino de nuestro sistema productivo. Es absolutamente dominante en sectores como la restauración, hostelería, comercio al por menor, el sector de la construcción, reparaciones, reformas... Sectores en los que la productividad del trabajo es muy reducida, y en los que una intensa competencia entre los trabajadores por los empleos disponibles empuja los salarios a la baja. Además, y esto es relevante, son sectores orientados hacia la satisfacción de la demanda interna, muy apartados de la competencia internacional. Si se me apura, diría que estas empresas cubren mercados locales y muy poco más allá.

Al mismo tiempo, estas microempresas trabajan en sectores muy sensibles a los vaivenes del ciclo económico, creando empleos abundantes (y de baja calidad, dirían algunos) en las fases de expansión y expulsando mano de obra en igual cantidad cuando se ralentiza. Podría decirse, y sería cierto, que actividades de este tipo las hay en todas las economías. Lo particular y específico del caso español es el enorme tamaño que tiene este sector. En ninguna economía europea llega a abarcar más de un tercio del total de asalariados. Bien es verdad que en ninguna economía europea el turismo tiene un peso superior al 10 % del PIB como ocurre en España y, acaso, en Italia o en Grecia. En la periferia de Europa.

En el otro extremo nos encontramos con las grandes empresas, las que tienen 250 o más asalariados. De este tipo de compañías figuran inscritas en la Seguridad Social unas 4.700 unidades, que dan empleo a 5,35 millones de personas, otro tercio del total de la población en activo. En este segmento hay una circunstancia que lo convierte en particular. Una gran mayoría de estas sociedades son multinacionales -algunas de origen español- sobre las cuales la política económica tiene que actuar con enorme cautela. Estas empresas tienen ya su propia gestión de mejora de sus productos y de sus procesos productivos, de gestión del personal y, frecuentemente, su poder de mercado les permite conformar la demanda a sus propios intereses. En este segmento, prácticamente no hay diferencia alguna en las productividades de los trabajadores españoles con los europeos. Es un sector altamente internacionalizado. Este segmento de empresas es el responsable de la actividad exportadora de la economía española, responsable también de gran parte de la innovación en los productos y procesos productivos y, cuando genera empleo neto, lo hace de acuerdo con las normativas vigentes. Generalmente, dentro del convenio colectivo ya establecido.

Creación de filiales

Un caso particular es la pequeña empresa, esas casi 150.00 unidades que están situadas entre los 10 y los 49 trabajadores que, en España, acumulan tres millones de asalariados. En este tramo debemos tener en cuenta que la legislación laboral española se convierte en mucho más compleja cuando la empresa supera los 50 asalariados. Es más, es relativamente frecuente que una empresa prefiera constituir una filial nueva, antes que superar la cota de los 50 trabajadores en la empresa matriz. Las que sí superan los 50 trabajadores y adoptan la legislación laboral pertinente son las casi 25.000 medianas empresas que se ubican entre los 50 y los 250 trabajadores, dando empleo a 2,4 millones de personas. Estos dos segmentos constituyen lo fundamental -y el futuro- del tejido empresarial español y debería ser el objetivo de cualquier política económica. A este sector hay que enfocar las políticas de innovación, de apertura a los mercados exteriores, de formación de los trabajadores, etc. En estas pequeñas y medianas empresas puede ser fundamental adaptar la legislación laboral a sus propias necesidades y con la fiscalidad hacer otro tanto de lo mismo. En última instancia, estas 175.000 empresas con sus 5,40 millones de empleados son lo más genuino del capitalismo español. El resto, o se nos escurre entre los dedos (las microempresas) o se nos evapora en las manos (las multinacionales).

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