Deberes de legislatura


Catedrático de Economía de la Universidade de Vigo

Celebradas las elecciones generales, en cuyos debates los problemas económicos apenas consiguieron colarse por algunas rendijas (sin pasar en la mayoría de los casos de fórmulas sumarias y demagógicas del tipo «hay que bajar los impuestos»), se acerca el momento de construir un nuevo modelo de política económica. Pese a la continuidad del equipo gubernamental, ha de ser necesariamente nuevo, pues las circunstancias afortunadamente han cambiado. Pese a las dificultades para la formación de una mayoría parlamentaria, ahora se percibe la posibilidad de unas dosis de estabilidad política que en los últimos años estuvieron ausentes.

En su año escaso de gestión, el Gobierno de Pedro Sánchez acertó con algunas de sus principales decisiones, como el impulso de las rentas salariales, la emisión de algunas señales a favor de la recuperación del gasto social y la dinamización de la inversión; y todo ello con un ojo puesto en el estado de las cuentas públicas, que en este tiempo, contra los pronósticos adversos, no han experimentado deterioros. Pero todo eso se hizo a salto de mata, con un conjunto de medidas pensadas para el corto plazo, y sin un diseño de política económica con perspectivas de futuro. La extrema debilidad parlamentaria, manifestada sobre todo en la imposibilidad de darle salida a un proyecto de presupuestos, lo hacían casi inevitable.

Eso es precisamente lo que ahora parece haber cambiado. No estamos ante un escenario de plena estabilidad política, y probablemente sobrevendrán dificultades y sorpresas diversas, pero de la nueva correlación de fuerzas surge una posibilidad real de definir un programa político económico coherente, pensado no solamente para la coyuntura, sino con una dimensión de medio y largo plazo. En todo caso, eso es lo que la economía del país necesita. Por eso, en el plano estrictamente político no basta con que el partido vencedor alcance acuerdos de investidura, y luego lo fíe todo a la alquimia de la geometría variable: es necesario, por el contrario, un pacto de legislatura.

Y es que, pese a mantener su velocidad de crucero en términos de crecimiento, la economía española presenta algunas rémoras de gran importancia, que podrían convertirse en peligrosas trampas en caso de que la actual desaceleración global se viera intensificada. Entre ellas, algunas son muy conocidas: la desmesura de la deuda externa (nuestro verdadero talón de Aquiles); una tasa de paro que se mantiene en el 14,7 %; unas cotas de desigualdad y pobreza que se encuentran entre las más lacerantes de todo el mundo desarrollado; un grave problema demográfico, que supone el principal reto para el Estado de bienestar; algunos mercados importantes que no acaban de funcionar sobre bases competitivas; un sistema tributario muy ineficaz e injusto (para el que sería importante recuperar al menos el informe de expertos encargado por el Gobierno de Rajoy, y que desde entonces duerme en algún cajón perdido)…

Ninguno de esos problemas se podrá resolver si no se inserta en un programa de actuación de largo aliento. Pero lo fundamental está en que la economía mundial experimenta ahora mismo grandes transformaciones ante las que es imprescindible y urgente diseñar líneas de adaptación y respuesta. Por ejemplo, los efectos que la digitalización masiva tendrá sobre el empleo en los próximos años. Estos días se ha conocido un informe de la OCDE según el cual más de la mitad de los puestos de trabajo experimentarán una mutación en España (y hasta el 21,7 % del total, se afirma, corren altos riesgos de automatización). Por razones como esta es necesaria una política económica pensada para aplicarse a lo largo de toda la legislatura.

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