Una economía en llamas

El país centroamericano se encuentra a causa de los enfrentamientos con el Gobierno Retrocede el PIB y miles de desplazados dejan el país


Restaurantes cerrados. Vallas publicitarias sin artículos que anunciar. Hoteles en la ruina. Trabajadores en paro. La economía de Nicaragua se prendió en llamas tras las protestas antigubernamentales que se iniciaron en abril del 2018, y todo apunta a que el incendio continuará, al menos a corto plazo.

El PIB del país centroamericano cayó un 4 % el año pasado, tras haber crecido a un ritmo de un 5 % en ejercicios anteriores. El que ya era el segundo Estado más pobre del continente americano, tan solo superado por Haití, certificaba el peor registro desde el final de la guerra civil de los 80.

Los efectos de las protestas contra el presidente Daniel Ortega y la posterior represión, que dejaron al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), no se hicieron esperar.

Nicaragua era, hasta entonces, considerado como el país más seguro de Centroamérica. Esa percepción cambió de un plumazo. Los turistas dejaron de llegar, y los negocios que vivían de ellos echaron el cierre. El país habría perdido 600.000 visitantes extranjeros, según la Cámara de Turismo. El 80 % de los pequeños hoteles han dejado de operar. Nicaragua, un país de 6,3 millones de habitantes, perdió el años pasado más de 157.000 empleos formales, según el Banco Central.

La Seguridad Social, ya en crisis antes de las protestas, ha perdido el 17,28 % de sus afiliados y espera perder 65.000 más en este 2019. «El 56,8 % de las medianas empresas están trabajando en mínimos. Hay reducciones drásticas de empleo en turismo, construcción, servicios y comercio. Los trabajadores en general están buscando refugio en actividades de bajo ingreso y rendimiento», comenta a La Voz de Galicia el economista y jurista nicaragüense Alejandro Arauz.

La crisis ha afectado a restaurantes, gasolineras, bancos y lugares de recreo. También al sector automoción. Las ventas de vehículos han caído un 90 % desde que estalló la crisis. «La válvula de escape es la emigración generalizada hacia Costa Rica, EE. UU. y otros países, especialmente de trabajadores agrícolas, profesionales y mano de obra cualificada. Todo ello tendrá un gran impacto una vez que el país logre resolver la actual crisis», expone Arauz.

Al menos 40.000 nicaragüenses han llegado a Costa Rica en los últimos meses, según ha registrado el país vecino, cuya economía es más boyante. A los problemas del empleo se suma que la inversión extranjera directa es casi nula, y se calcula una reducción del 30 % en los valores normales de la inversión privada doméstica.

Además, el crédito se ha restringido de forma considerable, y el dinero de la ayuda petrolera venezolana, cuantificada en unos 440 millones de euros anuales, ya no llega, por la crisis económica del país aliado.

Se calcula que el Gobierno necesita unos 280 millones de euros para cubrir el déficit de presupuesto público en el 2019. A fin de conseguirlos, Ortega ha seguido adelante con la reforma de la Seguridad Social y ha introducido reformas fiscales que graban alimentos cárnicos, antes exentos de impuestos.

Las autoridades pronostican que la economía caerá un 1,01 % en el 2019, aunque algunos expertos pronostican que la caída puede ser mucho mayor, sobre todo si la comunidad internacional continúa introduciendo sanciones financieras. «El efecto si no se lograse una salida institucional a la crisis provocaría el hundimiento financiero del país. El Gobierno y los demás agentes económicos no podrían contar con los recursos generados en el comercio internacional, las inversiones, la cooperación y los préstamos internacionales», precisa el economista Arauz, porque Nicaragua, al contrario que Venezuela, no tiene petróleo.

Lo que sí ha logrado controlar el Gobierno de Ortega es la inflación. Los precios subieron un 3,8 % interanual en febrero.

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