Expertos advierten de que la inestabilidad provocada por la vigencia de tres decretos en tres meses retrae el mercado y no frena el alza de precios. Urgen una política sostenida en el tiempo de vivienda pública
15 abr 2019 . Actualizado a las 21:15 h.Los anuncios de búsqueda de compañero de piso empiezan a florecer tanto en los tablones de anuncios de los supermercados de grandes ciudades de Galicia, como en portales especializados en el sector inmobiliario. En A Coruña, Vigo o Santiago, las capitales con los precios de los alquileres más disparados de la comunidad, el coste de una habitación varía ya entre los 200 y 300 euros al mes (algunas también incluyen gastos). Pero ya no son solo estudiantes o jóvenes que acaban de independizarse los que buscan cuarto en una vivienda compartida. Aunque no llega al nivel de lo que ocurre en Madrid o Barcelona y, como explican desde la Federación Galega de Empresarios Inmobiliarios (Fegein), en Galicia muchos propietarios todavía son recelosos a esa tendencia, la verdad es que cada vez son más los trabajadores que se suman a una práctica provocada por la movilidad laboral y por los elevados precios de los arrendamientos.
En Santiago, por ejemplo, la cotización del metro cuadrado en calles céntricas como Xeneral Pardiñas ha llegado a los 13,2 euros al mes de media; en A Coruña, donde los alquileres se han revalorizado un 7,5 % en un año, ascienden a los 13 euros por metro cuadrado, mientras que en Vigo alcanzan los 10 euros en el entorno de la plaza de Compostela o la calle Marqués de Valladares.
Esa realidad que se dibuja en Galicia es la evidencia de un problema que, como apuntan expertos en el mercado inmobiliario consultados, no ayuda a resolver los constantes cambios de rumbo en materia legislativa que se han producido en España en los últimos tres meses. Porque como coinciden tanto el presidente de la Federación Galega de Empresarios Inmobiliarios (Fegein), Benito Iglesias, como el abogado y profesor de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) Carlos Javier Galán, o el economista y profesor de la Pompeu Fabra José García Montalbo, los constantes cambios normativos lo que han hecho es provocar una «inseguridad jurídica» que hace que nadie sepa a qué atenerse y, por tanto, provocan que el mercado se retraiga. «Funcionamos por coyunturas económicas o electorales, sacando medidas apresuradas sin hacer una evaluación seria del mercado. Se echa de menos una política de vivienda pública sostenida en el tiempo», explica Carlos Javier Galán.
No hay más que ver cómo actualmente conviven contratos de alquiler que se rigen por tres normativas diferentes. Sobre los suscritos antes del 19 de diciembre del 2018 pesa la normativa aprobada en el 2013 por el Gobierno del PP. Los que fueron formalizados entre el 20 de diciembre del año pasado y el 23 de enero han de atenerse al primer intento de decreto lanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que tumbó en el Congreso Podemos al no incluir la fijación de precios máximos. De ahí que los contratos que fueron realizados entre el 24 de enero y 5 de marzo vuelven a regirse por la ley del 2013, mientras que los que ya se han formalizado a partir del día 5 tienen que cumplir con las obligaciones que recoge el decreto aprobado in extremis por Sánchez en el último consejo de Ministros de la legislatura y que, tras contar esta vez con el apoyo de Unidos Podemos, aún está pendiente de ser ratificado por la Diputación Permanente.
Esta nueva norma establece contratos de entre cinco y siete años, una limitación en el incremento anual de las mensualidades hasta el equivalente al alza del IPC o no exigir fianzas superiores a tres mensualidades. Aunque no ha incluido la limitación a la subida de las rentas, como exigía en un primer momento Unidos Podemos, el Real Decreto de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Alquiler no convence al sector. «Lo que hace -explica el responsable de Fegain- es penalizar al propietario y proteger al inquilino. Pero inquilino y propietario han de estar protegidos al 50 %, ha de haber un equilibrio. En Galicia hay 300.000 viviendas vacías, esto no favorece que se pongan en el mercado».
Pero además, los expertos en vivienda tampoco creen que solucione el gran problema para cuya solución, en teoría, fue elaborado el decreto. Porque, como coinciden, no logrará frenar el alza del precio de los alquileres. «Tendría que haber un parque de vivienda pública -dice Carlos Javier García Galán- con el que poder intervenir en el mercado para regular los precios. Además, debería acompañarse de estímulos fiscales para arrendatarios y arrendadores».
Fijación de precios máximos
La elaboración de una política de vivienda pública mantenida en el tiempo que no acabe dejando en manos de los fondos de inversión inmuebles construidos con dinero público es también, para José García Montalbo, la mejor fórmula para garantizar el acceso a una casa. «Esas viviendas nunca deberían salir al mercado libre. Pero eso solo ocurre en el País Vasco», explica. Además, al igual que el resto de expertos, es escéptico con las políticas de fijación de precios máximos. «No son políticas nuevas. Las había ya en el Reino Unido en 1910, las hemos analizado y son ineficientes. Generan muchos problemas. Más recientemente se ha visto también que el experimento de París acabó mal. El de Berlín tampoco fue bien y, de hecho, están ahora modificando todo el modelo».
En este sentido, Galán hace otro apunte sobre el efecto que, a su juicio, provocaría esa limitación de precios que se ha puesto sobre la mesa: «Retraería el mercado y generaría economía sumergida».