No son buenos tiempos para las democracias liberales. Todos los informes que se van realizando -de The Economist Intelligence Unit o la Freedom House, a la Fundación Alternativas, en España- muestran un retroceso en sus indicadores en muchos países y en diferentes aspectos. De un modo silencioso e inadvertido en numerosas ocasiones, aunque no siempre, se van produciendo pequeños cambios, virajes institucionales que nos van acercando a algo que hace dos o tres décadas no sospechábamos: la llegada de una especie de posdemocracia, detrás de la cual está la rebelión contra las élites que vemos por casi todas partes. Porque, ciertamente, hay algunos datos que muestran de un modo claro que una parte significativa de la sociedad se está desenamorando de la democracia; y lo peor es que la cosa parece ir a más: por ejemplo, en Estados Unidos, entre los ciudadanos nacidos en la década de 1980 tan solo un 29 % suscribe que «vivir en una democracia es importante», cuando entre los nacidos en los años sesenta ascendía a un 51 %.
La afirmación más común sobre este asunto es que lo que retrocede es el elemento liberal: estaríamos ante una creciente pérdida de derechos civiles y una falta de respeto al imperio de la ley, pero manteniéndose los procesos de elección. Iríamos, por tanto, hacia democracias iliberales. Lo resume sin disimulo el dirigente húngaro Viktor Orban, quien aspira a llevar a su país a «un nuevo Estado iliberal basado en principios nacionales». Sin embargo, el politólogo de la Universidad de Harvard Yascha Mounk acaba de publicar un libro importante sobre esta cuestión -El pueblo contra la democracia, Paidós, 2018- en el que va más allá de ese argumento. Afirma Mounk que, además de lo anterior, en el pasado reciente se fue asentando el fenómeno opuesto: un liberalismo ademocrático; tantas y tan severas son las restricciones de todo tipo que recaen sobre la decisión política, muchas de las cuales tienen su origen en la presión que ejercen los todopoderosos mercados de capital (retroceso del poder legislativo, auge de la tecnocracia, bancos centrales y órganos reguladores independientes, condicionantes externos), que los gobernantes han ido quedando cada vez más separados de sus responsabilidades democráticas. La amenaza para el sistema es, por tanto, doble, lo que la hace aún más inquietante.
Si esos procesos continuaran avanzando -lo que no está escrito en las estrellas-, es evidente que tendrían efectos disolventes en muchos aspectos de la vida social. Pero, ¿y en la economía? ¿Hay relación entre democracia y crecimiento económico? En el pasado, algunos economistas consideraban el mecanismo democrático como «un lujo» desde el punto de vista del buen funcionamiento de la economía, y algunas experiencias concretas (como la china) lo avalarían. Sin embargo, las investigaciones más recientes y depuradas apuntan a que, con criterio general, la existencia de democracia tiende a aumentar significativamente el crecimiento futuro del PIB, a través de un impulso de las inversiones, la mejora de la provisión de bienes públicos, la mayor probabilidad de reformas, un aumento de la escolarización y la reducción del malestar social. Así lo muestran Daron Acemoglu y sus colaboradores (Democracy Does Cause Growth, 2015) en su notable análisis de un número importante de casos durante 50 años: aquellos países que en ese período instalaron democracias plenas consiguieron crecer hasta un 20 % más durante el siguiente cuarto de siglo. Es decir: atención, porque la doble presión -democracia sin derechos, derechos sin democracia- podría acabar teniendo, a largo plazo, un coste económico insospechado.