Bombas que disparan la guerra del taxi

Las asociaciones de autopatronos culpan a la Administración de no lograr arreglar sus errores. Las plataformas digitales reivindican una reforma adaptada al nuevo modelo de movilidad


Redacción / La Voz

«Cuando hay que elaborar una normativa que afecte a los taxistas, los políticos se ponen muy nerviosos». El comentario es de una asesora económica consultada alguna que otra vez por la Administración para diseñar una norma que regule nuevas plataformas digitales como la norteamericana Uber o la española Cabify. Las manifestaciones de los últimos días, especialmente el bloqueo a Fitur protagonizado por los taxistas, son la prueba de que no es de extrañar que el asunto los ponga tan inquietos. Porque han demostrado ser capaces de poder bloquear una ciudad e incluso han enfrentado a la Administración central con las autonómicas, después de que el ministro de Fomento echara balones lanzándoles la patata caliente a las comunidades. «No es un problema nacional -dijo esta semana-. La regulación normativa corresponde a las autonomías o a los ayuntamientos». Desde la Consellería de Infraestruturas, que defiende a un sector del que, como apuntó la conselleira Ethel Vázquez, «dependen 3.600 familias», no han tardado en responder recordando que Galicia tiene competencias en inspección y sanción, pero que regular le corresponde al Gobierno central.

Más allá de una guerra abierta entre los taxistas y las plataformas digitales que no hace más que recrudecerse, la clave está en ver cuáles son las razones que han hecho estallar la batalla y que, como comentan fuentes de la Federación Galega de Autónomos del Taxi, responden «a decisiones políticas erradas que ahora no son capaces de enderezar», en referencia al vacío legal que permitió entre el 2009 y el 2015 conceder licencias de VTC por encima de la ratio de una por cada treinta taxis que marca la ley. Galicia en estos momentos tiene 3.620 licencias de taxi frente a 276 VTC, 142 de las que fueron concedidas por sentencia judicial.

Los taxis son un servicio público. Como tal han estado sujetos a una serie de reglas. Las licencias, como apunta la Lei de Transporte Público de Persoas en Vehículos de Turismo de Galicia, las concede ahora la Xunta (antiguamente eran los ayuntamientos), que, además, ha de marcar también las ratios máximas (en ciudades de más de 150.000 habitantes es de una por cada 900 vecinos), mientras que los concellos tienen capacidad normativa para, por ejemplo, aprobar las tarifas. Además, no pueden operar fuera de su término municipal a menos que vayan a realizar un viaje a otro ayuntamiento desde la localidad en la que tienen su base.

El problema es que en la mayor parte de los municipios la proporción de coches por habitante supera los baremos establecidos, lo que ha provocado que la concesión de nuevas licencias lleve años congelada. Ese factor, unido al hecho de que, como explica Manuel Sánchez Quindimil, «el sector del taxi fue un colchón durante la crisis para muchos trabajadores de mediana edad que se quedaron en paro», ha contribuido a crear una burbuja que ha puesto por las nubes el precio de las licencias. En Santiago superan los 200.000 euros.

Para entender el enrocamiento de los taxistas en unas posturas enfocadas a defender a ultranza el modelo de movilidad previo a la irrupción de plataformas como Uber o Cabify hay que pensar en que para muchos taxistas, como explican desde el sector, la venta de licencias era una especie de fondo de pensiones con el que apoyar su jubilación. Y los que deciden comprar una para entrar a formar parte del gremio no quieren que su inversión acabe devaluada por la irrupción de las plataformas digitales como Uber o Cabify, no molestaba porque cada uno circulaba por su carril. Los taxis ofrecían un servicio al público en general y las VTC tenían clientes de nicho (empresas para el traslado de ejecutivos, artistas o alguna boda). «Os que tiñan unha VTC xa de antes tamén están prexudicados por todo isto», apunta Sánchez Quindimil.

Gestión de las reservas

La gota que colmó el vaso fue el cambio de modelo en las fórmulas de movilidad, acelerado por la irrupción de plataformas digitales como la norteamericana Uber o la española Cabify. Después de que los taxistas no lograran cambiar el criterio de los jueces, que continúan dando luz verde a licencias concedidas entre el 2009 y el 2015, su batalla se centró en lograr que las VTC tengan que ser reservadas con, al menos, una hora de antelación. La ganaron.

El presidente para Europa de Cabify, Mariano Silveira, explica que «lo que hacemos como plataforma tecnológica es subcontratar a una empresa, que es la que tiene la flota de VTC. Nosotros cobramos una comisión de intermediación». Además, frente a las críticas del sector del taxi que acusan a las plataformas digitales de no tributar en España, recuerda que Cabify es una compañía tecnológica con sede social en Madrid que en su día, después de consultar a la Administración, se dio de alta como agencia de viajes y que, además de trabajar con firmas de VTC, también tiene taxis por Sudamérica en su plataforma Mytaxi y patinetes eléctricos. Sobre cómo opera su competencia directa, la norteamericana Uber, prefiere no pronunciarse.

En un intento de acercarse a la competencia, Cabify tendió la mano al sector del taxi ofreciendoles operar a través de su plataforma. «Lo estamos estudiando», dijo Mariano Silveira, para poder aplicarlo en algunas ciudades españolas. La noticia no fue muy bien recibida por los autopatronos. Al menos en Galicia, donde desconfían de lo que la oferta pueda traer después. «Es envolver el problema en celofán», comenta Sánchez Quindimil.

Esa desconfianza quizá sea producto de otra guerra. La abierta en A Coruña, primera ciudad gallega en la que desembarcó la plataforma, donde los taxistas la acusan de recoger clientes en las zonas de copas. La Xunta ya ha impuesto multas a coches de Cabify por no llevar el distintivo de servicio público. En la compañía parecen estar acostumbrados a encontrar piedras en el camino. «Cuando llegamos a una ciudad nueva suelen pasar estas cosas. No es fácil llegar», apunta el responsable para Europa de la compañía. La esperanza de unos y otros: que la Administración halle una solución.

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